Por ¿Por qué hubo nuevos actos de violencia una vez terminada la guerra? Porque los saboteadores del proceso de paz entraron en acción. De acuerdo con especialistas como Stephen Stedman, la paz crea saboteadores porque en las guerras civiles es raro que todos los líderes y facciones consideren que la paz es beneficiosa. En otras palabras, se trata de personas o grupos que, por las razones que fuere, creen que la continuación del conflicto les es más beneficioso que la paz. Así, el mayor riesgo para un proceso de paz proviene de dirigentes que son saboteadores y de grupos que creen que la paz que se dibuja amenaza su poder, su visión del mundo y sus intereses y usan violencia para socavar su logro. En las guerras no hay saboteadores, solo aparecen cuando se trabaja para lograr la paz y las partes en un conflicto se comprometen públicamente para lograr un acuerdo o ya lo han firmado.
En varios casos, el Grupo Conjunto pudo identificar a presuntos responsables, pero decidió solo hacer públicos “aquellos casos donde el Órgano Judicial ha iniciado las actuaciones correspondientes”. Sobre los otros casos dice: “Las investigaciones realizadas, dentro de las estrechas facultades otorgadas al Grupo Conjunto a partir de su mandato, han permitido identificar a varias personas presuntamente involucradas en actos de violencia política. No obstante, los elementos de prueba que pudieran ser recogidos no constituyen plena evidencia, y por lo tanto, impiden al Grupo Conjunto -por razones obvias- imputar responsabilidades, allí donde no se han realizado las diligencias judiciales que lo habilitan”.
Sin embargo, junto con su informe el Grupo Conjunto entregó una lista reservada con los nombres de personas presuntamente responsables y, así, “de acuerdo con las facultades del Grupo Conjunto, en el mismo acto de entrega de este informe y en forma reservada, el desarrollo total de sus investigaciones, incluyendo los nombres de personas identificadas y la documentación obtenida, es puesto a disposición del Sr. Presidente de la República, el Sr. Vice Ministro de Seguridad Pública y el Sr. Fiscal General de la República para que se continúen y profundicen las investigaciones realizadas. Al mismo tiempo, se entregan las informaciones referidas a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y a la Misión de Observadores de las Naciones Unidas en El Salvador (ONUSAL), a los efectos de la supervisión y verificación correspondientes”.
El resultado de la investigación del Grupo Conjunto da una clara idea de la difícil situación en aquel momento, y del riesgo que los grupos ilegales armados significaron para el proceso de paz. Los resultados los presenta en cuatro categorías diferentes:
- Investigación de “casos y situaciones” que le permitieron identificar los presuntos responsables. Analiza el caso del asesinato de un miembro del Batallón de Inteligencia Militar; la ejecución colectiva de seis personas en el Cantón Primavera en el Departamento de Santa; dos atentados contra una dirigente y diputada del FMLN; la detección de un grupo armado de 11 personas con armas de uso privativo de la Fuerza Armada en el Departamento de Morazán que había emprendido una campaña de intimidación y amenazas contra la población; la detección en el Departamento de Usulután de un “grupo de personas vinculadas a la estructura local del partido de gobierno que realizaría actos de amenazas e intimidaciones generalizadas contra parte de la población, a la vez que accionaría directamente para obstaculizar los proyectos de desarrollo económico o social patrocinados por otras fuerzas políticas”; la identificación de una estructura ilícita detectada en el Departamento de San Miguel que “actúa bajo el nombre de ‘Organización Maximiliano Hernández Martínez’”, señalando que en la zona se encontraron “volantes con el texto: Organización Maximiliano Hernández Martínez. Contra la delincuencia por una Patria mejor. Y con la ayuda del pueblo lograremos la paz”; la situación en la zona de Guazapa de “diferentes bandas o posiblemente una sola: ‘la banda Aguilares’, ‘la banda El Choco’, ‘la banda San Salvador’, y ‘la banda Montepeque’. Los miembros son ex soldados, ex miembros de los cuerpos de seguridad y las defensas civiles, ex combatientes del FMLN y delincuentes de la zona”.
- Casos que “el Grupo Conjunto estima que por las características de las víctimas, el modus operandi seguido por los autores y la falta de efectividad del Estado para el esclarecimiento de los mismos…presentan indicios suficientes que permiten sostener, en principio, la presunción que su móvil ha sido de naturaleza política”. Reseña los casos de 13 ejecuciones sumarias, 1 caso de secuestro, tortura y amenaza de muerte, y 1 caso de tentativa de ejecución sumaria, secuestro y tortura.
- Casos denunciados en los que Grupo Conjunto no pudo “obtener elementos de juicio” que le permitieran “afirmar o desmentir esa calificación”, pero que “por la seriedad de las instituciones o personas denunciantes”, los órganos competentes del Estado debían “profundizar las indagaciones”. Presenta un total de 31 ejecuciones sumarias y tentativas de ejecución, 7 intentos de asesinato, secuestro y tortura, y 20 amenazas de muerte e intimidaciones.
- Amenazas hechas públicas. El Grupo Conjunto reseña 43 amenazas hechas públicas entre el 9 de abril de 1992 y el 7 de julio de 1994 de grupos como el Frente Anticomunista Salvadoreño (FAS); el Escuadrón de la Muerte # 4; el Frente Revolucionario Salvadoreño ((FRS); el Comando Martínez; los Comandos de la Brigada Maximiliano Hernández Martínez (BMHM); el BMHM Comandos de la Justicia; el Frente de Rescate Nacional (FRN); el Ejército Secreto Anticomunista (ESA); ESA Comisión de Justicia; los Ángeles de la Muerte; el Mensajero de la Muerte; los Comandos Domingo Monterrosa; y “Fernando” ex FMLN/ERP.
Sus amenazas fueron dirigidas, inter alia, a la Comisión de la Verdad; la Comisión ad hoc; la Corte Suprema de Justicia; los Acuerdos de Paz; el Alto Mando/Tandona; dirigentes del FMLN; periodistas; ONUSAL; canales de televisión y emisoras de radio; FMLN/Gobierno; e individuos indicando claramente sus nombres.
Las razones: traición; complot; contra Acuerdos; informe de la Comisión de la Verdad; por no difundir comunicados, etc.
Las amenazas las hicieron por medio de llamadas telefónicas, comunicados, cartas, hojas volantes y listas de víctimas.
Todo esto era sumamente grave, pero la verdad es que tratar de sabotear procesos de paz no era nada nuevo, y vale recordar que apenas ocho días después de que el presidente Alfredo Cristiani anunciara la decisión de su gobierno de buscar la paz, su determinación de no suspender el diálogo por ninguna razón se puso a prueba con el asesinato del Dr. José Antonio Rodríguez Porth, ministro de la Presidencia. La Fuerza Armada y los Estados Unidos culparon al FMLN. El FMLN negó toda responsabilidad, pero se ha dicho que es posible que el FMLN no haya sido responsable del asesinato, pero que una de sus cinco organizaciones pudo haberlo sido y omitió informar a la Comandancia. También hubo informes de diferentes fuentes que consideraron que sectores del otro bando contrarios al proceso de paz habrían sido los responsables.
Otro ejemplo del actuar de los saboteadores de la paz ocurrió el 26 de octubre de 1987 con el asesinato del presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Lic. Herbert Anaya Sanabria. Los días 4 y 5 del mismo mes se había celebrado una ronda de negociación entre el gobierno y el FMLN en la Nunciatura en San Salvador. En su libro The Church, Dictatorship and Democracy in Latin America (La Iglesia, dictadura y democracia en América Latina), Jeffrey Klaiber recuerda que el presidente Napoleón Duarte, que negaba la existencia de escuadrones de la muerte, declaró que había sido la obra de un loco solitario, pero no había convenció a nadie, pues se creía que había sido asesinado por un escuadrón que, en todo caso, acabó con la atmósfera de buena voluntad y el diálogo de nuevo se rompió.
La otra dimensión del actuar de algunos de estos grupos tampoco era nada nuevo, pues como recuerda el Grupo Conjunto en su informe, en abril de 1986 “saltó a la luz pública evidencia que implicó a civiles y militares en una red de secuestro y extorsión, cuyo modus operandi se asemejaba al utilizado por los escuadrones de la muerte. Después de una investigación, la Policía Nacional, con el apoyo del FBI y la policía venezolana (IVEPO), capturó a un grupo de personas que se había dedicado a secuestrar empresarios entre los años 1983 y 1986 para cobrar fuertes sumas de dinero a cambio de su libertad. Las investigaciones llevaron a la identificación de varias personas íntimamente relacionadas con actividades de los denominados ‘escuadrones’, algunas de las cuales fueron puestas a disposición de la justicia; otras se encuentran aún prófugas. Existen informaciones concretas que hacen referencia a la participación del Órgano Judicial para obstaculizar el normal trámite de los procesos”.
Exembajador de El Salvador y exrepresentante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). También fue jurado del premio literario Le Prix des Ambassadeurs en París, Francia.