Por Poco tiempo después de terminada la guerra, los “asesinatos de dirigentes políticos del FMLN y de ARENA alertaron acerca de la posible reactivación de los denominados ‘escuadrones de la muerte’, y pusieron en evidencia la fragilidad de la estabilidad del proceso de paz y la necesidad de controlar la violencia”. El gobierno decidió crear “un Grupo Interinstitucional, donde se integraron los organismos estatales con competencia para la investigación de hechos delictivos, y cuyo objeto era profundizar las indagaciones respecto a los atentados contra dirigentes políticos de primera línea. El trabajo de dicho grupo no dio los resultados esperados por el gobierno”.
El paso siguiente fue solicitar la ayuda de las Naciones Unidas, y el 8 de diciembre de 1993 se creó el Grupo Conjunto para la investigación de grupos armados con motivación política en El Salvador; presentó su informe el 28 de julio de 1994. Lo integraron dos representantes del Gobierno nombrados por el presidente de la República, los doctores José Leonardo Echeverría y Juan Jerónimo Castillo; el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Dr. Carlos Mauricio Molina Fonseca; y el director de la División de Derechos Humanos de ONUSAL, Dr. Diego García Sayán, en representación personal del secretario general de las Naciones Unidas.
En relación con su naturaleza y objetivo, se decidió que “tendrá una identidad institucional propia y su propósito será ayudar al gobierno de El Salvador a aplicar la recomendación de la Comisión de la verdad en el sentido que se emprenda una investigación a fondo de grupos armados ilegales. A este respecto se entenderá por grupos armados ilegales el fenómeno descrito en las recomendaciones del informe de la Comisión de la verdad”. Así, se le brindaron las siguientes facultades:
- “Organizar, dirigir y supervisar a un equipo de investigación técnico integrado por profesionales nacionales y extranjeros de probada competencia, imparcialidad y respeto a los derechos humanos”.
- “Presentar al presidente de la República y al Secretario General de las Naciones Unidas un informe con conclusiones y recomendaciones que incluirá los informes que haya recibido el equipo técnico. El informe del Grupo Conjunto será público”.
Además, se dejó claramente establecido que ni el Grupo Conjunto ni el equipo técnico tendrían funciones jurisdiccionales y que operarían “dentro de un marco de: (a) autonomía; (b) imparcialidad y apoliticidad; (c) confidencialidad, excepto en los casos en que se descubran los criminales individuales o de estructuras que deban ser investigados inmediatamente por la Fiscalía General de la República, caso en que los pondrá en conocimiento del fiscal general para que proceda a adelantar la investigación respectiva”.
En relación con su método de trabajo, el Grupo Conjunto decidió que para “abordar el problema planteado, y a efectos de organización interna del equipo ejecutivo”, debía definir cuatro áreas de trabajo:
- Antecedentes: “se elaboró una síntesis sobre lo que durante la etapa bélica del conflicto salvadoreño se denominó los ‘escuadrones de la muerte’, así como de otros grupos armados ilegales. El objetivo fue establecer los marcos operativos, lineamientos ideológicos, origen de su financiamiento, estructuración y áreas de actuación. El estudio de los antecedentes fue también un vehículo para analizar la posible sobrevivencia de esos grupos y las modificaciones en su estructura original, a partir de la firma de los acuerdos de paz”.
- Grupos armados ilegales existentes en la actualidad: las “recomendaciones de la Comisión de la verdad y el clima de violencia política crecientes en los meses inmediatamente anteriores a la formación del Grupo Conjunto dieron fuerza a la hipótesis de la existencia en la actualidad de los grupos ilegales armados con motivación política”.
- Muestreo de casos sobre violaciones a los Derechos Humanos verificados por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y por ONUSAL: “se analizaron los casos referidos” por estas instituciones “en los que además de haberse demostrado la existencia de una violación a los derechos humanos, se identificó la existencia de grupos organizados y armados que operan en la ilegalidad y cuyas acciones tienen motivaciones o graves repercusiones políticas”.
- Investigación de las estructuras institucionales del Estado y su posible vinculación con actividades de los grupos armados ilegales: “se analizaron casos y situaciones de violaciones a los derechos humanos y de posibles acciones de grupos ilegales armados en los que el Estado pudo haber tenido responsabilidad, haya esta sido por acción o por omisión, en actividades ilegales de funcionarios en ejercicio de su investidura, o bien abusando de la misma”.
Sobre sus fuentes de información, el proceso de investigación tuvo tres etapas:
- En un primer momento, “la tarea se centró en la obtención de una plataforma de información preliminar, que se concretó en la consecución de variadas fuentes que sirvieran de apoyo a las informaciones, indicios o evidencias que pudieron conocerse”.
- Después, “se procedió a trabajar en el terreno en base a las informaciones recogidas, actividad que permitió acceder a nuevas y más completas fuentes de información”.
- “Finalmente, se recogió el resultado de las investigaciones realizadas dentro de los límites del mandato, las que constituyen, a juicio del Grupo Conjunto, un cúmulo de indicios serios para sentar las bases de un proceso investigativo que debe realizarse contando con las necesarias facultades legales, en el plano judicial y policial”.
El Grupo Conjunto estableció tres criterios fundamentales para decidir qué denuncias caían bajo su mandato:
- “El perfil de la víctima, atendiendo a aquellas personas que por sus antecedentes y actividades presentes, pueden señalarse como objetivo potencial de acciones de violencia con fines políticos”, por ejemplo, actividades sociales y políticas o relacionadas con el conflicto recién terminado, así como “posible actividad delincuencial, en los casos que se sospecha existió como móvil la ‘limpieza social’ o ‘justicia privada’”.
- “El modus operandi seguido por los hechores, cuando este permite detectar la actuación de grupos de personas organizados, fuertemente armados y que actúan clandestinamente”, teniendo en cuenta indicios de planificación previa y capacidad logística, tipo de armamento usado, algún tipo de reivindicación del hecho, y “en los casos que pudo lograrse la identificación de los autores, su vinculación actual o pasada con grupos de seguridad, con la ex guerrilla o con el crimen organizado (a título de ejemplo: bandas de ‘robacarros’, contrabando de armas, narcotráfico)”.
- “La impunidad de los autores de los hechos criminales investigados, originada en la inexistencia o ineficacia del sistema de investigación policial y judicial”.
En relación con sus fuentes de información, el Grupo Conjunto destaca en su informe que dentro “del universo de fuentes manejado, destaca la recepción de testimonios confidenciales en El Salvador y en los Estados Unidos, así como el examen de documentos desclasificados por el gobierno de los Estados Unidos, en noviembre de 1993, que incluyen informes de la CIA, del Departamento de Estado y del Departamento de Defensa”.
A partir de la información desclasificada, el Grupo Conjunto pudo identificar una serie de características de los grupos armados ilegales con motivación política:
- Los grupos fueron “integrados principalmente por civiles y otros que actuaban desde la esfera militar y los cuerpos de seguridad”.
- Los “escuadrones de la muerte raramente tuvieron más de veinte miembros en cada grupo y…generalmente operaban en grupos de diez o menos personas”.
- La membresía activa de las estructuras osciló entre cien y doscientas personas en distintos momentos del período estudiado”.
- Los “escuadrones no eran permanentes; la mayoría de los miembros tuvieron otras profesiones u oficios a tiempo completo y solamente se juntaban para planificar y ejecutar acciones terroristas”.
- La “membresía dentro de sus filas y rangos fue fluida y a veces intercambiante, pero la dirigencia fue más permanente”.
- “Los líderes de un grupo probablemente conocían a los líderes de otros grupos y a veces realizaban operaciones conjuntas. Pero, en general, la información sobre la membresía fue secreta y cualquier persona que traicionara la confianza de un determinado grupo o de sus superiores podía ser ejecutada”.
- Una “parte importante de sus operaciones implicó la tortura de la gente capturada para extraer información antes de asesinarlos”.
- El “uso de ‘casas de seguridad’, donde llevaban a las víctimas para interrogatorios, tortura y muerte, y donde planificaban actividades y almacenaban armas”.
En su informe, el Grupo Conjunto también afirma que:
- Los “documentos analizados hacen referencia a la protección oficial de la que gozaron los miembros de los ‘escuadrones de la muerte’, ante posibles acciones judiciales u otra interferencia gubernamental. Esta garantía de impunidad era, ante todo, resultado de las alianzas políticas y personales entre funcionarios del Estado y dirigentes de los grupos ilegales. Por otra parte, fue evidente que funcionarios públicos se abstuvieron de efectuar investigaciones o impulsar juicios”.
- “La documentación desclasificada enfatiza que ‘un problema básico en El Salvador es el temor. La gente que tiene conocimiento de crímenes de los escuadrones de la muerte se queda callada: nadie se atreve a hablar porque eso implica enfrentar un grave peligro’”.
- “El sistema judicial fue objeto de actos de intimidación. Los jueces involucrados en casos criminales respondieron más a las amenazas y al soborno que a las evidencias. Ellos fueron fuertemente intimidados por los militares y por el FMLN, según se afirma en los documentos analizados”.
Exembajador de El Salvador y exrepresentante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). También fue jurado del premio literario Le Prix des Ambassadeurs en París, Francia.