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Acuerdos de Paz: Medidas propias de la justicia transicional

La Ley General de Amnistía para la Consolidación de la Paz se aplicó con un espíritu muy amplio buscando dejar atrás el pasado, pero en términos de justicia transicional, la puesta en marcha de los Acuerdos de Paz tuvo un impacto innegable en los derechos humanos, viendo a futuro

Por Francisco Galindo Vélez

Si bien el mandato de la Comisión de la Verdad para El Salvador era de seis meses, le tomó ocho completar su informe. En ese lapso de tiempo, señala el Comisionado Thomas Buergenthal en su artículo La Comisión de la Verdad para El Salvador, “no se podía hacer justicia a todas las terribles  injusticias cometidas por ambos lados del conflicto salvadoreño; sin embargo, ese no había sido el objetivo de las partes. Lo que buscaban era una investigación que se concentrara en los hechos más chocantes y una serie de recomendaciones que ayudaran a garantizar que el pasado no se repitiera jamás”.

La Ley General de Amnistía para la Consolidación de la Paz se aplicó con un espíritu muy amplio buscando dejar atrás el pasado, pero en términos de justicia transicional, la puesta en marcha de los Acuerdos de Paz tuvo un impacto innegable en los derechos humanos, viendo a futuro: 

  1. La reforma institucional permitió el desmantelamiento del aparato que había hecho posible las violaciones a los derechos humanos, y esto, hay que decirlo, no es poca cosa, pues es poco común en procesos de resolución de conflictos en que no hubo ni vencedores ni vencidos.
  2. Se desmilitarizó el país, se subordinó la Fuerza Armada al poder civil, se cambió su doctrina, se le separó de la seguridad pública, se redujeron sus efectivos, se desmantelaron los batallones de reacción inmediata y las instituciones de seguridad pública (Policía Nacional, Policía de Hacienda, Guardia Nacional), entre otras.
  3. La labor de la Comisión Ad Hoc fue importante y permitió la depuración de la Fuerza Armada, algo inédito en materia de resolución de conflictos, pues dar de baja a un poco más de cien oficiales de alta graduación de un ejército latinoamericano tampoco es poca cosa.
  4. Se conoció buena parte de la verdad de lo ocurrido durante el conflicto a través del informe de la Comisión de la Verdad. Esta Comisión, como afirma el comisionado Buergenthal en el artículo ya mencionado, “señala la primera vez que, al negociar un acuerdo de paz, las partes en un conflicto armado conceden a una comisión integrada por tres extranjeros nombrados por las Naciones Unidas, la facultad de investigar las violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto y hacer recomendaciones vinculantes”.
  5. Después de los Acuerdos de Paz y superado el corto período de actividad de los saboteadores, no hubo informes de detenidos o asesinados por razones políticas.
  6. Desapareció el concepto del enemigo interno.

Todo esto fue importante, profundo y cambió por completo el país. Así, el país de los que crecieron o nacieron después de 1992 es muy diferente del anterior, y todos los mayores creo que podemos estar de acuerdo en decirles: ¡No imaginan la suerte que han tenido!

Pero eso no es todo porque también se tomaron otras decisiones propias de la justicia transicional, pues, por ejemplo, se crearon comisiones; se enmendaron, adoptaron o revocaron leyes; hubo pronunciamientos para solicitar el perdón de las víctimas y familiares de las víctimas y asumir la responsabilidad de lo ocurrido; y adoptado medidas para honrar la memoria de las víctimas.

En relación con las comisiones creadas, si bien su funcionamiento y efectividad sobrepasan los objetivos de esta columna, es importante mencionar las siguientes:

  1. La Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Adultas Desaparecidas en el contexto del Conflicto Armado de El Salvador.
  2.  La Comisión Nacional de Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidos durante el Conflicto Armado Interno. 
  3. La Comisión Nacional de Reparación a las Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos ocurridas en el contexto del conflicto armado interno.
  4.  El Programa de Reparaciones a las víctimas de graves violaciones a los Derechos Humanos ocurridos en el contexto del conflicto armado interno.

Asimismo, se enmendaron, adoptaron o revocaron leyes:

  1. Se enmendó el Artículo 99 del Código Penal para estipular la imprescriptibilidad de crímenes de tortura, terrorismo, secuestro, genocidio, violaciones de las leyes o costumbres de la guerra, desaparición forzada de personas, crímenes contra la humanidad, incluida la desaparición forzada de personas, persecución política, ideológica, racial, por sexo o religión.
  2. Se cambió el Artículo 32 del Código Procesal Penal para establecer que no hay prescripción de crímenes de tortura, actos de terrorismo, secuestro, genocidio, violaciones de las leyes o costumbres de la guerra, desaparición forzada de personas, entre otros.
  3. Se promulgó la Ley de Acceso a la Información Pública, para hacer transparente el funcionamiento del Estado. 
  4. Se declaró inconstitucional la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz en 2016.  

Además, en materia de memoria y perdón:

  1. Se construyó en el parque Cuscatlán en San Salvador el Monumento a la Memoria y la Verdad con los nombres de más de 28,000 víctimas.
  2. La iglesia y el gobierno hicieron esfuerzos para lograr la beatificación y después la canonización de Monseñor Oscar Romero.
  3. Instituciones como museos y universidades han realizado una importante labor de memoria con documentales, afiches, publicaciones, etc.
  4. El 16 de enero de 2016, el presidente Salvador Sánchez Cerén en tanto que comandante en jefe de la Fuerza Armada, pidió perdón a las víctimas y familiares de las víctimas de violaciones a los derechos humanos.
  5. El 16 de enero de 2013, el vicepresidente y ministro de Educación Salvador Sánchez Cerén pidió perdón a las personas que habían sido víctimas del FMLN durante la guerra.
  6. El 16 de enero de 2012, el presidente Mauricio Funes Cartagena, en nombre de la Fuerza Armada, pidió perdón a las madres, padres, hijos, hijas, hermanos y hermanas que desconocían el paradero de sus familiares que murieron en la masacre en El Mozote.
  7. El 16 de enero de 2010, el presidente Mauricio Funes Cartagena, en nombre de la Fuerza Armada, reconoció la responsabilidad de agentes del Estado de la Fuerza Armada, las instituciones de seguridad pública y de las organizaciones paraestatales en la grave violación de los derechos humanos, añadiendo que hicieron uso ilegítimo de la fuerza, quebrantaron el orden constitucional y violaron las reglas básicas de la coexistencia pacífica”.
  8. El 16 de enero de 2010, el vicepresidente y ministro de Educación Salvador Sánchez Cerén pidió perdón en nombre del FMLN.

Finalmente, debe recordarse que ha habido un esfuerzo por exhumar e identificar víctimas con el apoyo, por ejemplo, del experimentado Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

Todas estas son medidas de justicia transicional son sumamente importantes, pero claramente insuficientes porque las víctimas y familiares de las víctimas consideran que la justicia es el precio que se pagó por la paz. A nivel de la comunidad internacional, se reconoce la importancia de estas medidas, pero también se considera que no son suficientes.

En todo caso, se ha dicho y repetido que la superación de la situación actual requiere una ley de justicia transicional, y se han hecho esfuerzos que no han visto la luz del día. En todo caso, como el conflicto terminó hace más de treinta años y algunos de los crímenes se cometieron hace más de 40, se trataría inevitablemente de una justicia transicional retroactiva que necesariamente tendría que afrontar, inter alia, el problema de elementos probatorios que se han presentado en otros casos, por ejemplo, en Europa oriental después del cambio de sistema de esos países a principios de los años 1990.

Así las cosas, la justicia internacional es importante y posiblemente la única opción, pero dada la experiencia en otras partes del mundo no debe verse como una suerte de poción mágica que cura los males del pasado y evita los del futuro, y siempre se debe tener presente que su resultado depende del espíritu con que se redacta la ley y con la voluntad con se aplican sus disposiciones.

Sea como fuere, se puede decir, de una manera resumida al extremo, que la justicia transicional busca:

  1. Superar la impunidad.
  2. Promover un proceso que haga posible el duelo, ayude a sanar las heridas y contribuya al cierre que buscan las víctimas y los familiares de las víctimas.
  3. Lograr una catarsis nacional para superar el trauma y se acepte un pasado doloroso.
  4. Asegurar que el proceso y su resultado gocen de la mayor legitimidad posible.
  5. Proporcionar la mayor satisfacción posible a las víctimas y familiares de la víctimas.
  6. Alcanzar un amplio conceso nacional.
  7. Obtener el reconocimiento y apoyo de la comunidad internacional.
  8. Reforzar la gobernabilidad y la independencia de las instituciones nacionales.
  9. Robustecer el Estado de Derecho.
  10. Evitar otro enfrentamiento.
  11. Sellar el fin del conflicto.

Exembajador de El Salvador y exrepresentante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).  También fue jurado del premio literario Le Prix des Ambassadeurs en París, Francia.

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