Acuerdos de Paz: Comisión de la Verdad -recomendaciones

En relación con sus recomendaciones, la Comisión dice que se trata de “metas que se complementan recíprocamente: la democracia pierde vigencia en un contexto donde los derechos humanos no sean irrestrictamente respetados; los derechos humanos no pueden encontrar garantía contra la arbitrariedad, fuera del Estado de Derecho que es la expresión del régimen democrático de gobierno; y fuera de un contexto en que sean respetados y garantizados los derechos y libertades de todos difícilmente podría hablarse de una sociedad reunificada”.

A lo largo de los Acuerdos de Paz y del informe de la Comisión de la Verdad se establecen y se repiten los grandes objetivos del proceso de paz: terminar el conflicto; conocer la verdad de lo sucedido; evitar su repetición; superar la impunidad; impulsar la democracia; unificar la sociedad salvadoreña. Treinta y un años después de que la Comisión presentó su informe vale la pena repasar sus recomendaciones, con sus propias palabras, para evitar el riesgo de que algo se pierda o se malentienda por un esfuerzo de resumen.

Así las cosas, la Comisión ancló sus recomendaciones en el marco de cuatro principios:

“Primero: la democracia, que deja las decisiones fundamentales sobre el destino de la sociedad en manos del pueblo y privilegia el diálogo y la negociación como instrumentos básicos del quehacer político”.

“Segundo: la participación, que integra a las minorías con la mayoría y realza la democracia como modelo respetuoso de las dimensiones individual y colectiva de la convivencia humana. Se trata asimismo, de una participación que alienta la solidaridad y el respeto entre personas”.

“Tercero: el Estado de Derecho, donde la supremacía y el respeto de las leyes es la base de una cultura que garantiza la igualdad y la proscripción de toda arbitrariedad”.

“Cuarto: el respeto de los derechos humanos, que son la razón de ser de los principios anteriores y el fundamento de una sociedad organizada al servicio de las personas, consideradas todas ellas igualmente libres y dignas”

En relación con los destinatarios de las recomendaciones, la Comisión dice que su “mandato…no identifica, ni fija límites a los destinatarios de sus recomendaciones. Sí establece, en cambio, una modalidad respecto del compromiso asumido por las Partes frente a estas recomendaciones, es decir, al Gobierno y al FMLN, quienes fueron, con la firma de los Acuerdos de México, los creadores del mecanismo…[y] ellas se han comprometido a cumplir con las recomendaciones de la Comisión de la Verdad…por lo cual deben poner en práctica, sin demora, las que estén directamente señaladas a ellos”.

También en relación con los destinatarios, la Comisión dice: “…cabe observar que, finalizado el conflicto armado, es natural que la mayor parte de las recomendaciones, por tener carácter institucional, vayan dirigidas al sector oficial. La recomendación más importante que hubiera cabido hacer al FMLN, habría sido la de abandonar el uso de las armas como medio de lucha política y renunciar, en todo caso, a actos y prácticas como los que se han consignado en este informe. Este objetivo se ha conseguido gracias a los acuerdos de paz y a su ejecución, lo cual no obsta para que la Comisión dirija al FMLN un vivo llamado para que su actuación como fuerza política, esté siempre acompañada por una militante renuncia a toda forma de lucha violenta y una permanente adhesión a los medios legales y civilizados propios del quehacer democrático, con renuncia para siempre, de los métodos que significaron la ejecución de graves hechos de violencia aquí señalados, cometidos bajo su responsabilidad”.

En su informe, la Comisión presenta cuatro tipos de recomendaciones: (1) Recomendaciones que se coligen directamente del resultado de la investigación; (2) Erradicación de causas estructurales directamente vinculadas con los hechos examinados; (3) Reformas institucionales para prevenir la repetición de hechos semejantes; y (4) Medidas tendientes a la reconciliación.

Recomendaciones que se coligen directamente del resultado de la investigación:

Retiro de oficiales en activo en la Fuerza Armada que hubieran cometido o encubierto graves hechos de violencia; y para aquellos en situación de retiro o de baja “quedar inhabilitados para el ejercicio de cualquier cargo o función pública por un lapso no menor de diez años y para siempre de toda actividad vinculada con la seguridad pública y la defensa nacional”.
Destitución de funcionarios de los cargos en la administración pública o judicial que actualmente ejerzan”, y para los que ya no estaban en funciones, “quedar inhabilitados para el ejercicio de cualquier cargo o función pública por un lapso no menor de diez años y para siempre de toda actividad vinculada con la seguridad pública y la defensa nacional”.
Reforma judicial:
Reforma de la Corte para aplicar de inmediato la Reforma Constitucional relativa a la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y la salida inmediata de “personas elegidas de conformidad con las reglas anteriores a la Reforma Constitucional y a los Acuerdos de Paz”; y
Reforma del Consejo de la Judicatura para que la remoción de sus miembros no quede “a la libre apreciación de la Corte Suprema de Justicia” y “que los miembros sólo puedan ser destituidos por causales legales precisas, apreciadas por la Asamblea Legislativa que es el órgano constitucionalmente competente para designar a dichos miembros, de modo que, lógicamente, debe ser también el que conozca sobre su destitución”;
Reforma de la Ley de Carrera Judicial, pues “debería establecer que sólo podrán permanecer en la carrera aquellos jueces que, según una rigurosa evaluación realizada por el Consejo Nacional de la Judicatura, haya demostrado vocación judicial, eficiencia, preocupación por los derechos humanos y estén rodeados de las garantías de la independencia, criterio judicial, honestidad e imparcialidad en sus actuaciones”.

Erradicación de causas estructurales directamente vinculadas con los hechos examinados:

Reformas de la Fuerza Armada:

Cumplir de “manera rápida y transparente, bajo el estrecho seguimiento de las autoridades civiles”, el “tránsito hacia el nuevo modelo de Fuerza Armada diseñado en los acuerdos de paz y en la Reforma Constitucional”.
Concluir “sin demora la revisión integral de la normativa militar vigente, para adaptarla de manera plena a la nueva Constitución Política, a la nueva doctrina de la Fuerza Armada y a los requerimientos que impone el respeto de los derechos humanos”.
Incluir en la reforma de la normativa militar, “un mecanismo sencillo y práctico para resolver la situación en que se encuentra un subalterno que recibe una orden ilegal, de modo que éste sea protegido cuando se niegue a cumplirla”, por lo que “Debe derogarse la disposición del artículo 173 de la Ordenanza del Ejército que obliga al subalterno a obedecer en todas las ocasiones y riesgos, las órdenes que recibe de un superior y eliminarse el compromiso de así hacerlo de la fórmula que se emplea en la ocasión que se presta el solemne juramento de fidelidad a la bandera dentro del ceremonial militar. Debe quedar explícito, en todo caso, que la llamada ‘obediencia debida’ no exonera a quien cumple una orden cuando la misma es manifiestamente ilegal”.
Las reformas deben “contemplar que son faltas graves contra la institución militar todas aquellas en las cuales sus miembros se prevalecen de su condición para incurrir en abuso de poder o en ofensas contra los derechos humanos, especificando las sanciones administrativas y legales a los responsables, incluida su baja, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones penales aplicables a los responsables, si hubiere lugar a ello”, y el “sistema de bajas riguroso, no debe permitir el reingreso a la institución de personas dadas de baja por el tipo de conducta descrito o por motivos que comprometan el servicio o la institución”.
“En los planes militares de estudio, desde la Escuela Militar hasta los Cursos de Estado Mayor, se debe incluir la investigación profunda de los derechos humanos. Para esos fines se deberá contar con la concurrencia de un profesorado civil de altas calificaciones”.
“Para la selección de los cursos de perfeccionamiento que sigan en el exterior los oficiales de la Fuerza Armada, deberá cuidarse que los mismos se inspiren en una doctrina democrática y de respeto a los derechos humanos”.
La Comisión de Honor de la Fuerza Armada, creada en los Acuerdos de Paz, debe dar prioridad a la erradicación de cualquier vestigio de relación entre sus cuadros activos y retirados con los extintos aparatos paramilitares o con cualquier grupo armado ilegal”.
Reformas en materia de seguridad:

“La Comisión recomienda con todo énfasis que los lineamientos del nuevo cuerpo [Policía Nacional Civil] sean rigurosamente respetados. La desmilitarización de la policía es un gran paso de avance en El Salvador, de modo que debe asegurarse que se cumpla la desvinculación de la PNC y los antiguos CUSEP [Cuerpos de Seguridad Pública] o cualquier otra rama de la Fuerza Armada”.

Investigación de grupos ilegales:

“Entre los instrumentos más atroces de la violencia que conmovió al país durante los últimos años, estuvo la acción de grupos armados particulares que actuaron con toda impunidad. Es necesario adoptar todas las medidas que sean precisas para asegurarse el desmantelamiento de los mismos. A la luz de la historia del país, en este campo la prevención es imperativa…La Comisión recomienda que se emprenda de inmediato una investigación a fondo a este respecto…”

Exembajador de El Salvador y exrepresentante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). También fue jurado del premio literario Le Prix des Ambassadeurs en París, Francia.

[1] Exembajador de El Salvador y exrepresentante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). También fue jurado del premio literario Le Prix des Ambassadeurs en París, Francia.