El Salvador cumplió 24 años de penalización absoluta de la interrupción del embarazo, parece que esta prohibición no afecta la vida y la salud de las mujeres y de las niñas salvadoreñas, pero este país carga con muertes de mujeres a falta de garantía de derechos sexuales y reproductivos. Tiene bajo sus celdas a mujeres que han sufrido emergencias obstétricas. En 2013, Beatriz levantó la voz contra estas injusticias y pidió un aborto para salvar su vida, su petición llegó a la máxima corte de justicia nacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El caso de Beatriz nos puso a nivel internacional como el país que torturaba a las mujeres por la penalización absoluta del aborto, en el centro de la discusión entre si salvaguardar un embarazo que no tenía posibilidades de vivir fuera del útero de Beatriz . La violación de derechos sexuales y reproductivos en el 2013 tuvo una voz, la voz de Beatriz, madre de un hijo de 1 año de edad, una mujer que vivía en condición de pobreza en una zona rural y con un diagnóstico de lupus agravado, nefropatía lúpica, anemia, hipertensión y artritis.
Beatriz tuvo un segundo embarazo que fue diagnosticado de alto riesgo debido a su delicada situación de salud, al mismo tiempo médicos determinaron que el feto no tendría posibilidades de sobrevivir fuera del útero por no haber desarrollado cráneo, ni cerebro.
Ante este escenario, el Comité Médico del Hospital Nacional de Maternidad de El Salvador, conformado por 13 jefaturas de especialidades recomendó que era necesario interrumpir el embarazo lo antes posible pues cada día se agravaba el estado de salud de Beatriz y el feto presentaba condiciones incompatibles con la vida extrauterina, por lo que ella accedió y solicitó el procedimiento que el personal médico había recomendado, lo hizo porque ella quería vivir, cumplir sus metas, quería vivir para ser la madre de su hijo de 1 año de vida.
No obstante, el personal le negó el servicio, argumentando que estaba sujeto a las leyes y como profesionales sanitarios las podían infringir: El Salvador prohíbe absolutamente el aborto desde 1998, pese a que esto constituye una grave violación a los derechos humanos, de acuerdo con organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Beatriz solicitó a la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Salud y la Corte Suprema de Justicia, el derecho de salvar su vida, vivir para ver crecer a su hijo, continuar con su proyecto de vida, pero la respuesta fue una negativa.
Tres meses después de haber roto el silencio, a través de la intervención del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), Beatriz pudo acceder a una cesárea programada. Su vida no volvió a ser la misma, el procedimiento, su condición de salud y debido a la falta de atención médica oportuna, le dejaron secuelas difíciles de superar. Cuatro años después, en 2017, falleció por complicaciones de salud a consecuencia de un accidente de tránsito.
En noviembre de 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su Informe de Fondo sobre el caso, recomendó al Estado de El Salvador, entre otras medidas, reparar integralmente las violaciones contra Beatriz y sus familiares; adoptar medidas legislativas para posibilitar la interrupción del embarazo en situaciones de inviabilidad o incompatibilidad del feto con la vida extrauterina, así como de riesgo grave a la vida, la salud y la integridad de la mujer; y adoptar todas las medidas necesarias, incluyendo el diseño de políticas públicas, para asegurar el acceso a la interrupción del embarazo una vez que se legalice bajo ciertas circunstancias.
Debido al incumplimiento de las recomendaciones, el 5 de enero de 2022 el caso fue remitido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Se trata de la segunda vez en que El Salvador hará frente a un juicio internacional relacionado con los derechos reproductivos de las mujeres. En noviembre de 2021 El Salvador fue condenado por el caso Manuela.
Beatriz nos dio la oportunidad, a la generación de mujeres jóvenes que desconocíamos las consecuencias de la penalización absoluta del aborto, de lograr apropiarnos de nuestro derecho a luchar por nuestras vidas y lo que implica para nuestras niñas, continuar un año más con esta discriminación de género. Está restricción nos está quitando la vida y restringiendo nuestra salud, la legislación actual que criminaliza los cuerpos de las mujeres y niñas, es el resultado de una clase política que ha considerado que las mujeres no somos ciudadanas.
En estos momentos en los que estamos luchando y resistiendo frente a los graves retroceso en materia de Derechos Humanos, la prohibición del aborto es una deuda que la democracia tiene con las niñas, mujeres y cuerpos gestantes. En esta coyuntura no dejo de pensar en que son siempre nuestros derechos los que se negocian los retrocesos en los que siempre hemos vivido y enfrentado las mujeres y niñas salvadoreñas. Retrocesos que reflejan las deudas que nos ha dejado la incipiente democracia en la que vivíamos desde 1992. Como sociedad salvadoreña comprometida con la defensa del estado derecho, Beatriz es un llamado a la acción y un compromiso para pasar del discurso a la práctica. No podemos continuar con una legislación que no nos trata como seres humanas libres, autónomas y soberanas.
Activista Social