Por El gobierno hace todo en su poder -poder mediático, poder propagandístico, poder sobre el sistema judicial- para deslegitimar las denuncias que ciudadanos y organizaciones salvadoreños de Derechos Humanos hacen sobre el ‘modelo Bukele’, el modelo de Seguridad Pública a costa de los derechos de los ciudadanos. Este esfuerzo de silenciar la crítica ha sido exitoso en cuanto las denuncias no han tenido impacto negativo sobre el apoyo popular que recibe Nayib Bukele – que es lo único que importa en esta Nueva República.
Pero con esto, el problema principal del gobierno no está resuelto. No se resuelve con propaganda. Lo ilegítimo tampoco se vuelve legítimo a través de la aclamación popular.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH ha retomado el tema y publicado su examen llamado “Estado de excepción y derechos humanos en El Salvador.” Es demoledor. Veamos:
El informe constata:
- falta de control judicial efectivo de las detenciones;
- ineficacia del recurso de habeas corpus;
- falta de elementos probatorios para apoyar los cargos imputados;
- realización de audiencias judiciales masivas;
- detenciones ilegales y arbitrarias sistemáticas y generalizadas;
- allanamiento ilegal de moradas;
- abusos en el uso de la fuerza y violaciones a los derechos de niñas, niños y adolescentes;
- extensión de la pena de prisión, propia de adultos, a menores de 18 años;
- tortura denunciada por organizaciones de la sociedad civil y personas entrevistadas;
- detenciones sin orden judicial por 15 días sin ninguna forma de control judicial;
- detención provisional con duración indefinida, supeditada a lo que dure la tramitación del proceso hasta alcanzar una sentencia firme;
- aplicación obligatoria de la prisión preventiva;
- restricción de contacto entre las personas acusadas y sus representantes legales;
- suspensión del derecho de la persona detenida de ser informada sobre sus derechos y razones de su detención;
- obtención y uso de declaraciones obtenidas a partir de coacción;
- insuficiente alimentación y atención médica para privados de libertad;
- altos niveles de hacinamiento en determinados centros penales;
- muertes violentas de personas privadas de libertad, que no son investigados;
- no cumplimiento del Estado de su obligación de investigar los delitos violatorios a los derechos humanos cometidos por sus agentes;
- reserva de identidad de personas operadoras de justicia (“jueces sin rostro”) en procesos penales;
Las conclusión principales:
- Un régimen de excepción, que restringe los derechos y garantías constitucionales de esta forma masiva, sólo es legítimo en situación de extrema emergencia. No puede ser prolongado por años.
- Esta emergencia, si ha existido, ya no existe en El Salvador.
Por tanto, la CIDH exige al Estado salvadoreño:
- Poner fin a la suspensión de derechos y garantías, suspendiendo el régimen de excepción;
- elaborar un registro de vulneraciones a derechos humanos cometidas durante la medida;
- construir una política de seguridad basada en el respeto a los derechos humanos.
Basado en este informe, cualquier ciudadano puede demandar al Estado Salvadoreño o sus funcionarios ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos o incluso ante la Corte Penal Internacional por seguir cometiendo graves y sistemáticas violaciones a sus derechos. El Estado de Excepción no protegerá a los responsables.
Lean bien el examen de la CIDH, señores Nayib Bukele, Rodolfo Delgado, Gustavo Villatoro, Mauricio Arriaza, Osiris Luna, fiscales, jueces y magistrados.
Saludos,
Paolo Lüers