Por Estimados letrados:
Si no me creen a mí, o a Cristosal, o a Amnistía Internacional, o a la Fundación por el Debido Proceso, entonces escuchen a Sandra Luz Chicas, magistrada presidenta de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia de la República de El Salvador. Dijo a los diputados que todos ustedes, los jueces, “quedarán reducidos a pasapapeles”, si aprueban las reformas a la Ley contra el Crimen Organizado. Palabras fuertes para una magistrada en tiempos tan malos para la independencia judicial...
Los diputados, como era de esperar, aprobaron la reforma de todos modos. La magistrada instó a los diputados “que lo piensen con la almohada”, erróneamente asumiendo que los diputados de Nuevas Ideas tienen una conciencia – y que se atreverían a cuestionar lo que ya se decidió en Casa Presencial.
Pero ustedes no son diputados. Ustedes son jueces, y como tales tienen la potestad -y en ciertas situaciones el deber- de declarar inaplicable una ley o un decreto. Inaplicable por inconstitucionalidad. “Control difuso de constitucionalidad” se llama, ¿se acuerdan? En tiempos en que la Sala de lo Constitucional no ejerce el control de constitucionalidad, les toca a ustedes, los jueces.
La reformas aprobadas por Nuevas Ideas no resisten un análisis constitucional. Les quieren obligar a ustedes a realizar juicios, que según Amnistía Internacional, “violan el principio de la presunción de inocencia al presuponer la culpabilidad de los acusados sin que se haya probado su responsabilidad penal”. La presidenta de la Sala de lo Penal dijo prácticamente lo mismo, aunque con un poco de cuidado, como en la República Bukeliana es común hasta para magistrados de la Corte Suprema.
Entonces, a partir de ahora, ustedes, los jueces, ya no podrán cuestionar ni rechazar las transcripciones de declaraciones anticipadas de testigos o exigir que éstos se presenten en la vista pública y se sometan al interrogatorio de la defensa y al juicio del juez.
Pero esto no fue suficiente. En el mismo contexto y la misma plenaria, la bancada cian aprobó lo que el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, llamó “disposiciones transitorias para poder procesar a las personas capturadas bajo el estado de excepción”. Lo que este decreto establece son los juicios en masa, donde hasta 900 acusados pueden ser condenados sin que la fiscalía tenga que presentar pruebas individualizadas contra cada uno.
¿Ustedes tienen claro por qué el gobierno necesita todo este paquete, por inconstitucional que sea? Villatoro lo confesó cuando entregó en la Asamblea estas “disposiciones”: Dijo que son la única forma en que pueden procesar a los 70 mil detenidos. Si tendrían que darles juicios con debido proceso, con respeto a la presunción de inocencia y con pruebas individualizadas, esto sería jurídicamente y logísticamente imposible. Por eso lo tienen que hacer en juicios de masa y sin pruebas individualizadas. En estos juicios masivos van a presentar declaraciones de investigadores encubiertos o criminales convertidos en testigos criteriados que indican que todos los 300, 600 o 900 acusados son miembros o cómplices de tal y tal programa o clica de tal y tal pandilla – y ustedes, como buenos pasapapeles, tendrán que aceptar estas “pruebas” y condenar a todos en una solo sentencia. Caso cerrado.
No hay forma que la fiscalía presente pruebas de delitos concretos contra cada uno del total de 70 mil detenidos en las redadas arbitrarias. No sólo porque en muchos casos no existen, porque agarraron a inocentes, sino simplemente por que no hay manera como la fiscalía y los tribunales enjuicien en debido proceso a 70 mil acusados dentro de los plazos establecidos. Por eso las reformas a la Ley contra el Crimen Organizado, por eso las disposiciones transitorias, que serán igual de permanentes que el estado de excepción. Por eso la extensión de los plazos, para que puedan tener a los acusados en detención “provisional” indefinida, hasta que les toque su juicio.
Es desmontaje del Estado de Derecho, que significa este paquete de reformas penales, no es otra cosa que la consecuencia de las ilegalidades anteriormente cometidas con las detenciones masivas sin previas investigaciones. Ahora quieren subsanar el pecado original con otro pecado, que es convertirlos a ustedes, los jueces, en pasapapeles.
Ustedes no están condenados a ser cómplices de esta ilegalidad. Pueden declarar inaplicables estas leyes y disposiciones. La consecuencia sería que muchos de los detenidos saldrían libres. A ustedes los van a atacar por eso. Pero, ojo: Si esto implica que salgan libres también delincuentes, la culpa no es de los jueces. La culpa es de los que ordenaron capturas masivas sin previa investigación -y de la fiscalía que no presenta pruebas admisibles e individualizadas.
Las consecuencias para ustedes podrían ser severas, lo sé. ¿Pero quieren ustedes cargar con la responsabilidad de mandar a miles de personas a la cárcel sin que hayan podido examinar si cada uno de ellos es culpable?
Como dijo la magistrada: Piénsenlo con la almohada. Porque quiero pensar que muchos de ustedes, los jueces, tienen conciencia, a diferencia de los diputados oficialistas, que son pasapapeles desde el día de su juramentación.
Saludos respetuosos,
Paolo Lüers