Por Ciudadano Rodolfo Delgado:
Justo mientras el presidente anunciaba su nueva guerra, esta vez contra la corrupción, usted andaba con helicópteros, carros blindados y fuerzas de asalto de la PNC ocupando y confiscando las propiedades del expresidente Cristiani. Mientras el presidente le echaba flores por estar ejecutando sus órdenes, usted puso en práctica la nueva doctrina legal: Primero confiscar y luego investigar si existe delito. Esta fidelidad al presidente ahora lo va a hacer rico, pero algún día le va a hacer caer. Como dice el song de David Cassidy: “The higher they climb, the harder they fall - cuanto más alto escalan, más fuerte caerán”.
Sin ninguna lógica y sin ninguna razón que no sea congraciarse con su jefe en Casa Presidencial, usted me metió a mí en sus declaraciones en medio del operativo de confiscación de bienes: “Cuando el señor Paolo Lüers se dedique a defender a corruptos es precisamente porque él tiene muchas situaciones que tiene que explicarnos y para eso precisamente están los procesos judiciales”. Vaya pues, se inventó otra nueva doctrina legal: Publicar artículos de opinión, como yo lo hice sobre el caso contra el general Munguía Payés, y argumentar que las acusaciones de la fiscalía son políticas y no tienen fundamento jurídico, es un delito. Usted va a entrar en los manuales de derecho penal como ejemplo de doctrinas insostenibles...
Regresemos a la guerra contra la corrupción, que declaró el presidente. Se entiende que él necesita enemigos a quienes declarar la guerra. Se entiende también que la consigna “Devuelvan lo robado”, que tan bien le funcionó en elecciones anteriores, necesitaba un nuevo empuje, luego de que salieron a la luz tantos casos de corrupción en su propio gobierno. Teóricamente, no hay nada malo en declarar que se va a enfrentar la corrupción, aunque llamarlo guerra evoca temores en el caso de un presidente que ha militarizado y al mismo tiempo partidizado la aplicación de la ley; y quien ha politizado la justicia y judicializado la política.
Lo que hizo el presidente es declararle la guerra a la corrupción de los demás, mientras sigue encubriendo la corrupción en sus propias filas. Ojo, señor fiscal, tome nota, voy a escribir algo a lo cual podrá aplicar su nueva doctrina que es delito defender a quienes usted acusa. El hecho que el presidente haya escogido a Freddy Cristiani para la primera ofensiva en su nueva guerra, tiene poco sentido jurídico, pero mucho sentido político-electoral y sobre todo propagandístico. El arquitecto de los Acuerdos de Paz y de la concertación, que el presidente tanto desprecia, una de las figuras símbolo de la transición de la dictadura a la democracia plural, es el blanco ideal para enfilar la artillería. Si no existiera un adversario como don Freddy, el presidente tendría que inventárselo. Porque enemigos necesita en su camino a consolidar la dictadura. Los dejó pasar revista en varios discursos y completó la lista este 1 de junio: aparte de Cristiani, los medios de comunicación, la comunidad internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el gobierno de Joe Biden, George Soros y sus fundaciones, que financian organizaciones de Derechos Humanos, las pandillas, “los financistas”, los alcaldes y sus colaboradores de confianza, “los falsos Acuerdos de Paz”, las diputadas del FMLN que no le aplauden...
El presidente dijo: “En cuatro años El Salvador es otro país. Eso no lo puede negar nadie”. Nadie lo niega. Luego de 4 años de gobernar Nayib Bukele, El Salvador es un país militarizado, sin Estado de Derecho, sin autonomía de jueces, fiscales o alcaldes; sin vigencia de las garantías constitucionales de nuestros derechos y libertades. Y usted es uno de los ejecutores de este retroceso.
Así que de esta fecha hasta el día de las elecciones en febrero 2024 tendremos la “guerra contra la corrupción”. Ya sabemos cómo termina el combate a la corrupción cuando no hay transparencia de las políticas y finanzas públicas. Ya sabemos en qué termina esta nueva guerra en un país, donde no hay fiscales ni jueces independientes. Ya sabemos en qué terminará en un país donde la gente, los empresarios, los gremios tienen miedo de pronunciarse críticamente.
Y ya sabemos en qué terminaría si el gobierno, con ayuda de usted y su fiscalía, logre erradicar la prensa independiente e investigativa. En una dictadura.
Sin más que agregar, ciudadano fiscal.
Paolo Lüers