Por Estimada letrada:
La demanda del jefe de la bancada de Nuevas Ideas, Christian Guevara, contra Héctor Silva es un ataque a la libertad de expresión. La justicia no debe colaborar con el interés oscuro de callar a un político opositor.
Desde el principio, el juicio ha sido plagado de irregularidades. Decretarle reserva a este caso, a petición de Guevara, tuvo un solo propósito: proteger al demandante Guevara, quien no quería que la verdad sobre su vinculación a negocios oscuros saliera a la luz pública. El diputado Cristian Guevara presentó la demanda por difamación y calumnia, porque se sintió afectado en su honor, cuando Héctor Silva lo acusó en una entrevista televisiva de estar vinculado con empresas que recibieron contratos de la alcaldía de San Salvador.
Cuando se acercó la hora que Silva tenía que presentar las respectivas pruebas al tribunal, Guevara solicitó que se decretara estricta reserva sobre el caso. Un bozal para el acusado, un salvavidas para el demandante. Mucho después, cuando Guevara se dio cuenta de que había cometido un error, ya que su insistencia de que nadie conociera las pruebas contra él fue interpretada por la opinión pública como una confesión de culpa, el diputado mismo solicitó que la reserva se quitara.
Usted recibió las pruebas presentadas por Silva y las admitió. Hasta ahí, todo más o menos bien. Teóricamente era el momento de declarar que Silva había comprobado lo que había dicho en su entrevista y que, por lo tanto, no existía ni calumnia ni difamación. Siendo así las cosas, ya no tenía caso de llevar el caso a vista pública.
Pero en vez de dar este paso, usted solicitó a Silva que presentara pruebas de que Christian Guevara se había enriquecido personalmente con los negocios en cuestión. O sea, usted obliga al acusado a presentar pruebas sobre algo que él nunca había afirmado. Prácticamente usted como jueza amplió la acusación presentada por Guevara. Con todo derecho, Silva y su defensor denunciaron esto como grave irregularidad.
Cuando la defensa se vio en la situación absurda de tener que entrar a la vista pública sin que se les haya entregado el acta de la audiencia probatoria, o sea sin conocimiento de los razonamientos del tribunal sobre las pruebas ofertadas, con todo derecho denunciaron que hubo “graves faltas al debido proceso”. El acusado y su defensa iban a aterrizar en la vista pública a ciegas.
En este momento se complicó la cosa con la renuncia el abogado defensor, que declaró que ya no había posibilidades de garantizar a su representado una defensa efectiva. Es un paso muy inusual. Es difícil entender cómo un defensor, para protestar contra la manera como el tribunal afecta al acusado con “graves faltas al debido proceso”, toma la decisión de abandonar a su cliente días antes de entrar en la vista pública. Tuvo usted razón de recalcar al abogado que el único afectado por su actitud era su propio cliente y que por lo tanto no aceptaba su renuncia y le hizo saber que al abandonar el caso enfrentaría consecuencias jurídicas.
Usted decidió que, a pesar de esta situación complicada para el acusado, se mantendrá la fecha de la vista pública, el 19 de diciembre. Tiene el derecho de no dar prórroga, pero esto la obliga aun más a proceder en la vista pública con estricto apego al debido proceso. Héctor Silva ya ha probado ante su tribunal que eran verídicas las afirmaciones que Guevara interpretó como difamatorias. Por tanto, no existe difamación ni calumnia. Si el diputado Guevara se siente afectado en su honor por el hecho que se conozca públicamente la verdad sobre sus negocios, es exclusivamente culpa de él mismo, no de Héctor Silva.
Desechar la demanda contra Silva es la única manera decente de terminar este juicio, que nunca hubiera tenido que llegar tan lejos. La justicia no puede servir para lavarle la cara a funcionarios oscuros.
Con un pequeño remanente de confianza en la justicia, le saludo,
Paolo Lüers