Por Una escena que ya casi parece normal en El Salvador: Llegan unos policías fuertemente armados alrededor de la medianoche, acompañados de un fiscal, catean tu casa, enseñan de lejos lo que dicen que es una orden de allanamiento, y decomisan tus celulares, computadoras, discos duros externos, USB y archivos.
Tu preguntas: “¿Por qué me decomisan mis cosas?”
Te contestan: “Esta investigación está bajo reserva.”
Tu preguntas: “De qué investigación se trata, contra quién?”
Te contestan: “Esto es información reservada.”
Tu preguntas: “¿Quien firmó esta orden de allanamiento?”
Te contestan: “Información reservada.”
Tú dices: “Soy periodista. En estos archivos tengo información reservada que puede poner en peligro a mis colegas o fuentes.”
Te contestan: “No importa. Tenemos órdenes.”
Más o menos esto es lo que pasó en la madrugada del jueves 7 de diciembre en la casa que comparte la periodista Mónica Rodríguez con su pareja. Mónica es periodista especializada en temas del medio ambiente – tema caliente, desde que Nayib Bukele anunció que va a abolir la ley que prohíbe la minería de oro.
Más o menos a la misma hora, lo mismo pasó al diseñador gráfico Carlos Najarro, quien bajo el seudónimo Temple of Evil publica en sus redes sociales memes muy críticos con las políticas de Nayib Bukele. Casi todos sus memes se hacen virales por su sarcasmo y su diseño creativo.
Algo parecido pasó, en la siguiente noche, al sindicalista Héctor Rodríguez, dirigente del Movimientos de Trabajadores Despedidos MTD, que organiza la lucha de los trabajadores públicos despedidos por el gobierno. En este caso no entraron a la casa, pero la tenían asediada por horas. Extraña coincidencia que la periodista Mónica Rodríguez, ex empleada del Canal 12 y despedida con la llegada del gobierno de Bukele, es vicepresidenta del MTD.
Sólo que yo no creo en coincidencias...
En estos operativos (igual que el allanamiento de la casa de Rubén Zamora y el intento de su captura en noviembre pasado; igual que en innumerables casos que desconocemos, porque la gente tiene miedo de denunciarlos), los policías involucrados sabían perfectamente que actuaron fuera de la ley. Y los fiscales sabían además que decomisar los archivos de trabajo de periodistas es un atentado a la libertad de prensa.
¿Entonces, por qué lo hicieron, sabiendo que es ilegal? Esta es la gran pregunta que hay que hacer a todos ustedes. Más bien, esta es la pregunta que cada uno de ustedes se tiene que hacer. El hecho de que las órdenes vengan de muy arriba, no es pretexto. Tampoco el hecho que les digan que no se preocupen, que tienen el respaldo de las altas jerarquías.
Un fiscal o un juez puede decretar que una investigación sea “reservada”, pero esto tal vez tendrá validez para que ustedes no puedan hablar con la prensa. Pero negar al ciudadano, al cual están allanado la casa y decomisando objetos, negarle el derecho de saber de qué se trata, es inconstitucional. Ahí no existe ‘información reservada’.
Bajo el pretexto de alguna investigación, por cierto no definida, robar a un periodista información sobre sus fuentes para afectar su trabajo protegido por la Constitución, es un delito.
Ningún funcionario o agente del Estado tiene que cumplir órdenes que violan la ley. Estoy consciente que a pesar de esto, les pueden hacer la vida imposible si no cumplen estas órdenes. Así funciona en una dictadura. Pero tengan claro que cumpliendo órdenes ilegales ustedes se hacen cómplices. Aparte de cargar con la consciencia, podrán enfrentar consecuencias penales cuando, en algún momento, la justicia recupere su independencia.
Piénsenlo bien, señores agentes policiales o fiscales.
Saludos, Paolo Luers