Por Las deportaciones tienen reglas. Tienen que ser autorizadas por un juez del país que quiere deportar. El país receptor tiene que recibir información confirmable sobre los deportados, incluyendo su estatus migratorio, antecedentes criminales, condenas, etc.
Con la reciente deportación de 238 venezolanos directamente al CECOT se han roto todas las reglas. Ningún juez autorizó las deportaciones. Por lo contrario: un juez federal de Washington DC las prohibió e incluso ordenó que los aviones ya en camino regresaran a Estados Unidos. La Casa Blanca no le hizo caso.
Esta deportación fue coordinada de manera clandestina y directamente por el poderoso subjefe de gabinete de Casa Blanca, Stephen Miller, y la Secretaria de Seguridad, Kristi L. Noem, usando una oscura orden ejecutiva emitida (pero no publicada) por Trump, que invoca la histórica Ley de Enemigos Extranjeros del año 1798. Esta ley permite tomar medidas de detención en campos de concentración, expropiación y deportación contra ciudadanos de naciones en guerra contra Estados Unidos. Bajo esta ley salieron deportados 238 venezolanos y 23 salvadoreños, aunque ni Venezuela ni El Salvador están en guerra con Estados Unidos. Para la administración Trump es el único instrumento que hallaron para poder hacer deportaciones sin control judicial. Esconderse detrás de esta ley era la única manera como Washington podía hacer uso de la oferta de Bukele de recibir en El Salvador y encerrar en el CECOT a quienes Trump le mande...
El acuerdo de Bukele con Trump no es un convenio internacional con reglas y condiciones establecidas. No existe tal convenio que tuviera validez en el derecho internacional. Existe solamente un pacto de complicidad entre Bukele y el secretario Marco Rubio.
Es un pacto ilegal, de facto, como el gobierno de Bukele, y como las medidas que toma Trump. Jurídicamente este pacto es una aberración. No están definidas las obligaciones de los países involucrados – y mucho menos los derechos de los deportados. Simplemente no tienen ni tendrán derechos. No tuvieron derecho de apelar a un juez estadounidense para evitar su deportación a un tercer país. Los 238 venezolanos de repente están recluidos en un país que no tiene jurisdicción sobre ellos. No tendrán dónde apelar, dónde denunciar abusos, dónde demandar sus derechos. No tendrán abogados. Serán absolutamente incomunicados de sus familias.
Esta situación es una monstruosidad jurídica y humana.
Los funcionarios estadounidenses aseguraron que todos los venezolanos deportados a El Salvador son “serios criminales”, miembros de la pandilla Tren de Aragua. La prensa y organizaciones de Derechos Humanos de Estados Unidos reclaman que nadie les ha dado los nombres y los antecedentes de los deportados, así que resulta imposible verificar si son criminales. Cuando ya la deportación era un acto consumado, fuentes del gobierno Trump dijeron que 101 de los 238 venezolanos no tenían en su record ningún otro delito que la “estadía ilegal” en territorio de Estados Unidos. Son unos pobres “mojados” como millones de latinos. Pero a esta altura, estos 101 inmigrantes sin ningún antecedente criminal ya los habían arrodillado, golpeado y rapado en el CECOT.
Es obvio que al gobierno salvadoreño y sus carceleros les importa un comino si estos nuevos reos son o no son criminales. Tampoco les ha importado en el caso de los 90 mil detenidos bajo el régimen de excepción. Saben que la mayoría no son criminales, pero que su permanencia en las cárceles es necesaria para mantener el régimen de miedo en las comunidades, los barrios y la sociedad en general.
Nuestro país no presta servicios carcelarios, como lo hacen los cientos de penales privados en Estados Unidos. Se presta a encarcelar sin ninguna base jurídica a quienes Trump les mande. No question asked... Se presta a mantenerlos encerrados sin derechos, sin ninguna supervisión o garantía jurídica – en un limbo legal sin ninguna transparencia.
Sean criminales o sean unos pobres diablos “indocumentados”, estarán sujetos a las prácticas de un sistema penitenciario que sistemáticamente viola los derechos de los internos, llegando incluso a actos de tortura y asesinato.
Con esto, el gobierno Bukele se convierte en un paria más de la comunidad internacional, al margen del derecho internacional. ¿Y esto, para qué? ¿Por unos pinches 20 millones de dólares que los gringos van a pagarles por hacer su trabajo sucio? ¿Por quedar bien con Donald Trump, quien está mostrando al mundo con qué desprecio trata a sus aliados?
Envuelta y escondida en toda esta historia hay otra: dentro del paquete de deportados nos mandaron de regreso a César Humberto López Lario alias "Greñas", uno de los jefes de la MS-13 procesados en una corte federal de Nueva York. En una carta del Departamento de Justicia se lee que la operación de deportar a Greñas “involucra no solo al Departamento de Justicia, sino también a múltiples componentes del Departamento de Seguridad Nacional y otras agencias…”.
Greñas y otros dos cabecillas de la MS son acusados en Nueva York en un juicio, en el cual uno de los temas centrales es el pacto que hizo Nayib Bukele con las pandillas para ganar las elecciones presidenciales y para bajar los homicidios desde su toma de poder. ¿Qué significa que ahora “por consideraciones de importancia geopolítica”, uno de los acusados que podían testificar contra Bukele sea entregado al gobierno de Bukele? ¿Mandarán en el próximo vuelo de deportación al Crook y al Lucky, los otros dos jefes de la MS presos en Nueva York?
Esta es la incógnita. Puede ser el elemento que podría explicar por qué Bukele aceptó servir de carcelero ilegal a Donald Trump.
Pronto lo veremos. Por el momento está confirmado que el Crook sigue en el penal federal Philadelphia FDC y Lucky en el penal Brooklyn MDC – “Release Date: UNKNOWN”, sin fecha de salida...
Saludos,
Paolo Lüers