Por Letrados:
Observen bien el caso del Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador. En enero del año 2022, removieron a la titular, una jueza reconocida por su profesionalidad, pero que resultó demasiado independiente para manejar satisfactoriamente casos de carácter político y de gran interés para el señor fiscal general y los poderes detrás de él. La sustituyeron por otra jueza, que prometía tener menos escrúpulos par avanzar con los juicios, pero resultó que estaba muy insegura en sus decisiones. Decretaba dos veces orden de detención para una semana después revocarla y exigir a la fiscalía continuar investigando. Tuvieron que sustituirla. Encontraron a un profesional joven con ansiedad de avanzar su carrera, a quien consideraban material moldeable, un tal Haroldo Iván Córdova Solís. Una vez instalado en el Juzgado, se encontró con dos papas calientes en sus manos: el caso Jesuitas, donde su misión era mandar a juicio a dos prominentes políticos que el presidente tenía en su mira: el expresidente Alfredo Cristiani y el exdiputado Dr. Rodolfo Parker; y el caso que se trata de presuntas negociaciones tanto del FMLN como de ARENA con las pandillas para manipular la elección presidencial del 2014. Aquí su misión era llevar a juicio a dos exministros del FMLN, pero sobre todo a Neto Muyshondt, el exalcalde arenero de San Salvador y preso político principal de Bukele -y a este servidor, uno de los críticos más incómodos al gobierno.
Estas eran las dos papas calientes que heredó el juez. Los dos casos no habían avanzado, porque no había forma de mandar a todos los acusados a juicio sin violar leyes y reglas del debido proceso. El nuevo juez, sabiendo para qué lo habían puesto en este Juzgado y además con su ambición de convertirse en el próximo presidente de la Corte de Cuentas, sabía perfectamente qué se esperaba de él: mandar a todos a juicio, sobre todo a las figuras políticamente relevantes, admitiendo incluso las pruebas y los testimonios menos admisibles. Así procedió, primero en el caso Jesuitas, mandando a juicio a Cristiani y Parker, aunque no hubo base legal para hacerlo por reglas de prescripción y por ser acusados ausentes. Lo mismo hizo, días después, en el otro caso, consciente de que tenía que archivar el caso contra mi persona, porque la ley penal vigente en el 2014, aplicable en este caso, no permite enjuiciar a acusados ausentes.
De esta manera el juez salvó su carrera. Por ahora. No tomó en cuenta que con sus decisiones violatorias a la ley en algún momento iba a enfrentar la acusación de prevaricato. Es el delito que comete un juez cuando toma decisiones que violan la ley. No puede alegar que no lo hizo a sabiendas de que cometió un delito contra la administración de justicia, porque fue advertido en varias ocasiones. Tal vez no tomó en cuenta que su actuación iba ser registrada, documentada y, en su debido momento, denunciada y perseguida.
Nuestro joven y ambicioso juez pensaba que podrá salir del dilema simplemente pasando las papas calientes a la siguiente instancia. Que vean otros cómo lidiar con el dilema entre el oportunismo sumiso y la ética profesional. Pero esto no le exime de la responsabilidad de haber violado leyes para pasar las papas caliente a otros colegas. Era su responsabilidad como juez de instrucción determinar cuáles de las acusaciones, pruebas y testimonios admitir y mandar a la vista pública. No lo hizo, lo que constituye prevaricato.
De ahí, estimados letrados, se desprende una conclusión que todos ustedes deberían reflexionar con mucha seriedad. ¿Vale la pena caer en la trampa del prevaricato, sólo para salvar sus carreras a corto plazo, pero desempeñar su buen nombre como juzgadores apegados a la ley y arriesgar futuras consecuencia penales?
Tengan claro que hay instituciones independientes que se dedican a observar, registrar y documentar cada paso ilegal, que los jueces y fiscales dan en estos tiempos difíciles para la justicia del país. Esto abarca delitos tanto por acción como por omisión. Se hacen cómplices de las serias violaciones, incluyendo torturas y hasta muertes cometidos en el sistema penitenciario, incluso los jueces que firman cartas de libertad pero no ejercen su deber y no hacen valer su autoridad para garantizar que sean cumplidas por las autoridades carcelarias.
Todo lo mal actuado por cualquier juez quedará registrado. Y en su momento, será revisado por una justicia en proceso de recuperar su independencia y sus bases éticas.
Saludos, estimados letrados. Me encantaría poder decir: “En El Salvador todavía hay jueces”, en alusión a un juez de Berlín, quien protegió a un humilde molinero en contra de los abusos del rey Federico el Grande.
Paolo Lüers
Posdata:
Como ya anuncié, cuando el caso llegue a vista pública, no voy a defenderme
ante una justicia despojada de independencia, sino de cara a la opinión pública,
así como corresponde en un caso de carácter político y mediático.
Siempre daré la cara por mis actuaciones.