Por Estimados amigos:
Cantan victoria en la guerra contra el crimen. Celebran que El Salvador ahora es el país más seguro del continente, si no del mundo. Pero al mismo tiempo dicen que no van a suspender el régimen de excepción, que todavía hay 25 mil pandilleros sueltos y que al levantar el régimen con su suspensión de todas las garantías procesales tomarán de nuevo control de los barrios al fin ‘liberados’.
Esto es mentira. Luego de un año y de 65 mil ciudadanos encarcelados, entre justos y pecadores, el régimen de excepción ya no tiene ningún sentido como política de seguridad pública. Pero sí como instrumento político.
El padre Rodolfo Cardenal lo describe en su reciente editorial de la UCA así: “El criterio no es combatir el crimen organizado, sino la popularidad presidencial... Necesita que el entusiasmo no decaiga y ninguna política ha resultado tan exitosa como el régimen de excepción".
Es lo que la historia ha demostrado: Todos los líderes autoritarios necesitan tener enemigos temibles, contra los cuales el pueblo tiene que apoyar hasta las medidas que le coarten sus libertades y derechos. Esta es la razón política principal de mantener permanente el régimen de excepción y el estado de guerra. Aparte de esto Cardenal enfoca en otra razón: el estado de excepción, acompañado de la eliminación de cualquier tipo de transparencia de la cosa pública, es el terreno ideal para la corrupción. Y la corrupción es el método de garantizarle al líder la lealtad de sus funcionarios, desde los más altos hasta los de a pie.
Pero hay otra razón de mantener el régimen de excepción. Desde el principio ha tenido dos estrategias paralelas: en el campo de la seguridad pública, tomar el control militar en todos los territorios, quebrando el control que tenían las pandillas; y en el campo político-partidario-electoral, garantizar la exclusividad absoluta de Nuevas Ideas a la hora de comenzar a llenar en las comunidades el vacío de liderazgo y control social que deja la ausencia de las pandillas.
Esto no es una cosa teórica, tiene consecuencias prácticas que han pasado casi desapercibidas en todas la narrativas sobre el régimen de excepción y sobre la desarticulación de las pandillas. Desde el principio, cuando los militares y la policía entraron a las barrios, llevaron listas compuestas por Inteligencia Policial. Pero como este brazo de la PNC siempre ha tenido la característica de una policía política, estas listas no sólo llevaban los nombres de los pandilleros identificados. Llevaban a la par los nombres de líderes sociales, comunales y religiosos identificados como “enemigos” de Nuevas Ideas, la mayoría de ellos mujeres y hombres sin afiliación partidaria, pero con sentido de independencia y de servicio a la comunidad.
Ya en las primeras grandes redadas en los barrios, muchos de estos líderes fueron sacados de circulación. La justificación jurídica: como líderes comunales en territorios bajo control de las pandillas, inevitablemente han tenido relación con los criminales. Y no han colaborado con la policía, ni tampoco con el intento de Nuevas Ideas de tomar control político en las barrios. Es lo mismo que pasó en la guerra: la población civil en las zonas conflictivas, por el mero hecho de convivir con los guerrilleros, fue considerada parte de los insurrectos y por tanto sujeto de acciones militares, incluyendo masacres.
Esta tarea de llenar el vacío de poder, de organización y de control social que dejó la desarticulación de las pandillas en las comunidades, obviamente no está concluida. Es una tarea de mantenimiento permanente, que necesita como umbrela el régimen de excepción, ahora usado no sólo contra pandilleros (que prácticamente ya no hay), sino contra cualquiera que se resista a que Nuevas Ideas ejerza el monopolio de liderazgo político-social.
¿Por qué es tan importante esto para Bukele y su gobierno? Los territorios declarados por ellos "liberados" tienen un gran potencial de apoyo al gobierno y su líder, por la paz que su guerra contra las pandillas ha traído a sus comunidades y sus familias. Pero también tienen un gran potencial de oposición y rebeldía, por el impacto masivo que han tenido los 12 meses de régimen de excepción sobre las familias y los entornos sociales afectados. Por una parte están las decenas de miles de familias víctimas de detenciones arbitrarias. Pero también decenas de miles las familias de todos los pandilleros y colaboradores de pandillas detenidos, que también dejan a decenas de miles de hijos en abandono y desprotección. Todo esto crea problemas sociales fuerte que nadie atiende. Y no quieren permitir que los atiendan personas o organizaciones que no controlan ellos. Por el momento este potencial no tiene expresiones políticas – gracias al régimen de excepción y el miedo que causa.
Esta el la razón más importante para el gobierno de no levantar el régimen de excepción.
Hay testimonios de detenciones de líderes comunales y sociales y otros sobre las constantes presiones y amenazas contra quienes tratan de rehacer el tejido social en las comunidades – y contra sus familias. El gobierno, apoyado en el régimen de excepción, trata de aplastar cualquier intento de las comunidades de crear sus propios liderazgos auténticos, y cualquier intento de iglesias y ONG de apoyarlas.
Esta es la otra cara del régimen de excepción.
Saludos...
Paolo Lüers