En El Salvador están pasando cosas extrañas, que necesitan explicación por parte del gobierno. Urgentemente. El gobierno puede imponer leyes, decretos, estado de excepción, pero si no explica las decisiones, sus razones y sus impactos, carece de legitimidad.
Formulo hoy sólo tres de las muchas dudas que provoca el actuar del gobierno:
1. En un mes de régimen de excepción, las autoridades han efectuado, según cifras difundidas por el mismo presidente, más de 17 mil capturas de presuntos miembros de pandillas. Sólo hay dos maneras de explicar estas cifras: o las autoridades tenían de antemano identificados a estas 16 mil personas, su identidad, sus delitos y sus direcciones o fueron redadas arbitrarias, sólo para cumplir la cuota mínima de 500 detenciones diarias que el presidente dio. En el primer caso, el gobierno tiene que explicar por qué, teniendo identificados a 16 mil presuntos terroristas, no los mandó a capturar en los meses anteriores. Para esto no necesitaban ningún estado de excepción.
Para el segundo caso (si no tenían identificados a los presuntos pandilleros y actuaron bajo la consigna “primero capturamos, luego investigamos”), sí necesitaban un régimen de excepción con suspensión de los derechos procesales, para mantener a los miles de detenidos sin acceso a sus defensores y sin acusaciones individualizadas.
En ambos casos, el gobierno tendría mucho que explicar...
2. Según el mismo presidente, las 17 mil capturas han sido hechas por la PNC y la Fuerza Armada “sin un solo tiro”. Ojo: Según el gobierno, se trata de 17 mil terroristas armados, bien organizados, todos culpables de múltiples delitos, y cada uno enfrentando condenas de 20 o 30 años, ¿y todos se dejan capturar sin la más mínima resistencia? No hubo enfrentamientos. No hubo policías o militares muertos o heridos. ¿Qué tipo de terroristas son estos que se dejan capturar, sabiendo que los esperan 20 años en cárceles donde, según el mismo presidente, “no van a ver la luz del sol” ni tener comida?
El presidente declaró una “guerra contra pandillas”. Qué raro una guerra sin enfrentamientos...
Cualquiera que ha estudiado el comportamiento de las pandillas en las últimas décadas sabe que esto es imposible: 17 mil pandilleros activos y armados no se rinden sin resistencia.
El gobierno nos tiene que explicar qué tipo de entendimientos tiene con las pandillas para que miles de sus miembros activos se rindan así no más. Porque si no hay una explicación de este milagro, es cierto lo que muchos hemos sospechado: que han agarrado a cualquier cristiano que estuvo en el lugar equivocado en el momento equivocado, y que tiene la mala suerte de ser pobre y joven.
3. ¿Y qué tiene que ver todo este problema con las compras del gobierno? ¿Por qué la Asamblea tuvo que aprobar, por supuesto con dispensa de trámites y sin discusión ni explicaciones, que durante el Estado de Excepción (recién prorrogado) el gobierno podrá hacer sus compras y contratos de manera libre, sin las limitaciones y obligaciones que define la ley LACAP?
¿Será este el meollo del asunto del régimen de excepción, su verdadera razón de ser?
La ‘Nueva Asamblea’ ha erradicado el debate. Todo es aprobado sin el debido análisis en las comisiones legislativas, sin discusión en el pleno, sin consultas con la oposición y con los grupos sociales o gremios afectados, sin participación ciudadana, sin información ni transparencia. Ni siquiera los diputados del bloque oficialista conocen los decretos que van a aprobar con entusiasmo, vía exprés la misma noche. Mientras es así, todo lo que el gobierno hace, basado en estos decretos, carece de legitimidad.
Tampoco quiere este gobierno que fuera de la Asamblea, en la opinión pública, en la ciudadanía, circule información y exista debate. Por esto, las presiones cada día más fuertes y agresivas contra los medios de comunicación independientes y sus periodistas. Por esto, ministros y diputados tildan de defensores o incluso colaboradores de las pandillas a todos que cuestionan el régimen de excepción y las arbitrariedades en su aplicación. Y por esto, no les fue suficiente decretar un régimen de excepción, sino tuvieron que reformar el código penal para amenazar con cárcel a los periodistas que investigan los tratos que el gobierno hizo con las pandillas y su presunto rompimiento.
El hecho de que la mayoría les aplauda no cambia ni justifica nada, porque este aplauso no está basado en información, no es resultado de un proceso de debate público. Es producto de la capacidad del gobierno de activar y canalizar las frustraciones de la gente. La aprobación, por más fuerte que sea, es efímera y no da legitimidad a las acciones impuestas por el gobierno.
Ustedes nos dicen que “el que nada debe, nada tiene que temer”. Yo les digo: “Gobierno que nada debe, no tiene por qué temer la transparencia, el debate público y una prensa investigativa”.
Sin más por el momento, Paolo Luers