Por Estimados amigos:
Algunos de mis amigos y lectores me pidieron una aclaración. Cito lo que una lectora me escribió: “No tengo dudas que usted, cuando critica el estado de excepción y la guerra contra pandillas que declaró el presidente, no lo hace porque defiende a los pandilleros que tanto daño han hecho a todos nosotros. Yo entiendo que usted condena la forma arbitraria que las autoridades proceden, pero mucha gente tal vez se confunde. Por eso le pido que en una de sus cartas explique su posición”.
Con gusto, y gracias por pedírmelo.
El Estado está obligado a proteger a los ciudadanos. A todos. Para hacerlo, está obligado a combatir la violencia y el crimen. A los pandilleros que cometen delitos hay que someterlos a la justicia y si resultan culpables, hay que condenarlos a las penas que la ley prescribe. La población en los barrios y comunidades, donde operan y ejercen control las pandillas, han sufrido mucho y merecen protección por parte del Estado, el cual ha estado ausente durante demasiados años. Pero no sólo merecen presencia de los órganos de seguridad, sino del Estado en el sentido integral: programas de educación y salud, inversiones, creación de empleos. Sólo así se puede erradicar la violencia.
Lo que hay que criticar es la ausencia de una política de invertir de manera integral y permanente en la transformación de los barrios.
Lo que hay que criticar es cuando los gobiernos, siempre que la situación de inseguridad hace crisis, dan respuestas solamente militares a un problema de carácter social. Lo hicieron los gobiernos de Francisco Flores, luego de Tony Saca, lo repitió el gobierno del FMLN con Sánchez Cerén y ahora pasa lo mismo con la “guerra contra pandillas” de Nayib Bukele. Esta ausencia de políticas integrales voy a seguir criticando, hasta que exista una política nacional de combatir las causas de la violencia.
Lo que también hay que criticar es la forma en que el gobierno actual procede con su régimen de excepción y sus redadas masivas, en las cuales agarran parejo a culpables e inocentes y someten a todos a juicios sumarios sin derecho de defenderse. Este exceso de fuerza por parte de las autoridades, además de no ser necesario, es contraproducente. No va a producir paz y seguridad sino más resentimientos y más violencia, como correctamente señaló el pastor Mario Vega. Pero además produce una mayor erosión del estado de derecho. La injusticia de la violencia de las pandillas no se debe combatir con nuevas injusticias, detenciones arbitrarias y maltratos. Los habitantes de los barrios solicitan al Estado llevar a la justicia a los pandilleros que cometen delitos violentos, pero no piden que maltraten a todos los jóvenes de sus comunidades.
Para regresar a la pregunta que me hizo la lectora: Conozco, entiendo y lamento los sufrimientos de la población que ha vivido durante años la violencia y las amenazas de las pandillas. Estoy en favor de todas las medidas del Estado -pero necesariamente también de la sociedad civil y las iglesias- para combatir el flagelo de la violencia. Pero no le creo a este gobierno que realmente esté dispuesto a enfrentar el problema como se debe: con estricta aplicación de justicia, combinada con programas e inversiones sociales para atacar las causas.
No creo que el problema se pueda resolver encarcelando a todos los pandilleros y sus colaboradores. Mucho menos cuando la mitad de los detenidos son jóvenes que nada tienen que ver con los delitos de las pandillas. El intento de resolver el problema de esta manera va a profundizar la crisis que se llama exclusión social, y a la larga la violencia.
Esta es mi posición. Hay que combatir la violencia, pero de manera integral y sobre todo, sin continuar pervirtiendo la policía, la Fuerza Armada y la justicia. ¿Esto me convierte en “defensor de las pandillas”? No.
Saludos, Paolo Luers