Por En su más reciente ‘Acción Urgente’, la organización humanitaria ‘Amnistía Internacional’ le dirigió una carta pública para pedirle que cese las violaciones a los Derechos Humanos. La puede leer en este link.
Apoyo 100% el contenido de esta carta. Pero no soy una organización humanitaria que necesita mantener las formas de cortesía diplomática. No hago peticiones a dictadores. No es mi oficio, no es mi lenguaje. A mí me gusta polemizar y, cuando sea necesario, retar y confrontar al poder. Así que le mando mi versión de la carta sobre la violación de los Derechos Humanos en El Salvador:
Ciudadano presidente Nayib Bukele:
Usted ha creado -conscientemente y con dolo- en El Salvador una situación de irrespeto a los derechos humanos. El régimen de excepción y la forma arbitraria y abusiva en que se está aplicando, por órdenes directas suyas, han traído consigo violaciones sistemáticas de derechos humanos. Sus fuerzas de seguridad -repito: por instrucciones explícitas suyas- están cometiendo abusos de poder contra miles de detenidos, incluyendo tortura, tengan que ver o no con las pandillas. La historia lo hará personalmente responsable por todo esto. El estado de derecho y el respeto a los Derechos Humanos y civiles tienen que restablecerse. No se los pido, porque sé que usted se ríe de las peticiones. Se lo digo. Y acuérdense: Quien ríe por último, ríe mejor...
1. Las reformas legales, aprobadas desde el inicio del estado de excepción, amenazan los derechos humanos y no cumplen las normas internacionales. Condenamos que el régimen de excepción suspenda libertades fundamentales, como el derecho a la defensa jurídica. Condenamos la eliminación de los periodos máximos de prisión preventiva y las acusaciones sin individualizar los cargos. Exigimos a los organismos internacionales, como Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, a decretar sanciones contra su gobierno -y contra usted, su familia y sus cómplices en el gabinete y la Asamblea Legislativa- hasta que cesen estas prácticas contrarias al derecho internacional.
2. Condenamos las detenciones masivas y arbitrarias y los malos tratos, que incluso han causado numerosas muertes de personas en custodia. Los afectados son justos y pecadores por igual. Sus propias declaraciones públicas, dando órdenes de privar a los reos de alimentos, lo vuelven a usted personalmente responsable de prácticas de tortura.
3. Se han documentado cientos de casos de detención arbitraria debido a sus órdenes a la policía y la Fuerza Armada de cumplir cuotas diarias de detenciones. También han sido detenidos sistemáticamente ex miembros de las pandillas en programas de rehabilitación.
4. Sus discursos de intolerancia y las legislaciones aprobadas por su iniciativa han creado un clima en el país, en el cual se ataca a periodistas, personas defensoras de los derechos humanos y funcionarios judiciales. Las recientes reformas legales amenazan la capacidad de los periodistas de informar sobre la actividad de las pandillas sin sufrir persecución. Los jueces están sometidos a presiones y traslados arbitrarios cuando no resuelven como el gobierno y la fiscalía les exigen. Los abogados están inhabilitados a garantizar a sus representados una defensa técnica profesional.
Como dice ‘Amnistía Internacional’, la situación de derechos humanos que su gobierno ha creado en El Salvador es aterradora. Si no cambia esta situación, usted se hará acreedor de sanciones de los organismos internacionales competentes.
Las estrategias de seguridad pública y la persecución del crimen son importantes, pero deben garantizar los derechos humanos fundamentales y no aprovecharse para detenciones arbitrarias y persecución política.
Por tanto, hay que generar un cambio en El Salvador,
1. que derogue todas las reformas legales que no cumplen con el derecho y las normas internacionales;
2. que garantice los derechos de todas las personas presas al debido proceso, una defensa técnica y a un trato justo;
3. que respete la independencia de los jueces y su capacidad de actuar libre de presiones y amenazas;
4. que ponga fin a las amenazas y la persecución contra la prensa independiente, los funcionarios judiciales independientes, y las organizaciones cívicas. Tiene el deber de garantizar que estas personas y organizaciones pueden realizar su trabajo sin represalias;
5. que haga imposible que un presidente de la República dé órdenes que inducen a los miembros de sus fuerzas de seguridad (PNC, Fuerza Armada, Centros Penales) a cometer violaciones a los derechos humanos.
Atentamente, Paolo Luers