Por Estimados administradores de la justicia:
Yo sé que hay entre ustedes quienes no han abandonado el intento de actuar con independencia, a pesar de que sus superiores en la Corte Suprema y en el despacho del Fiscal General ya no los están respaldando. A estos jueces y fiscales va esta carta.
Me mandaron un artículo del periódico ‘El Economista’ de México sobre una fuerte controversia en ese país: el presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO, había dicho que a su política de Seguridad Pública la seguirá rigiendo el concepto de “abrazos, no balazos”. Nunca antes AMLO había sintetizado su concepto en esta fórmula tan gráfica, simple, clara y polémica. En la tempestuosa discusión que se armó, el presidente defendió su fórmula contrastándola agresivamente con el baño de sangre que la política de la “guerra al narco” del expresidente Felipe Calderón había causado al país.
Me metí en Google para rastrear la discusión que se armó en la prensa mexicana. Unos en favor, otros en contra de la fórmula “abrazos, no balazos” de AMLO. Pero no encontré a nadie diciendo que este es un falso dilema. Dar abrazos o balas a los criminales no son las únicas opciones entre las cuales hay que escoger, sino que hay otra, que nadie propone: la aplicación de la justicia.
El problema es que para que esta opción funcione se necesita un sistema de justicia que sea independiente, profesional, libre de corrupción y que no permita que la persecución del delito incluya violaciones a los derechos humanos ni alteraciones al orden constitucional. No me compete juzgarlo, porque no tengo suficiente información, pero tengo la impresión de que este es el problema en México y ciertamente en El Salvador. A diferencia de nuestro país, México tiene un órgano judicial que tal vez no es libre de corrupción, pero mantiene su independencia frente al Ejecutivo. Pero esto no es suficiente. Para que la aplicación de justicia sea la alternativa viable frente al falso dilema de “balazos o abrazos”, aparte de jueces independientes y competentes se necesita que funcionen correctamente la fiscalía, las policías, la investigación científica. Ahí parece que reside el problema en México y definitivamente en El Salvador.
Entonces, regresemos a El Salvador. Aquí el falso dilema es infinitamente más absurdo y maligno que el mexicano. Aquí el falso dilema que nos venden es: “Pacto con pandillas versus guerra contra pandillas” con un estado de excepción permanente, redadas arbitrarias, juicios sumarios, tortura y muertes en los penales. Una diferencia marcada con México es que allá la transición de “balazos” a “abrazos”, de entender y tratar la delincuencia como un problema militar a entender y tratarlo como un problema social no fue un cambio impulsivo de un presidente, sino la transición de un gobierno (el de Calderón) que declaró la guerra a otro (de AMLO) que declara que va a atender y resolver las causas de la violencia, pasando por el gobierno de Peña Neto, que no hizo ni lo uno ni lo otro, ni mucho menos apostó por la tercera opción, la aplicación de la justicia. Un proceso de 15 años.
En El Salvador, no fue un proceso histórico, sino un presidente que, siguiendo sus impulsos y los consejos de sus publicistas, primero optó por hacer pactos secretos con las pandillas y cuando se dio cuenta que no las podía controlar del todo, cambió al otro extremo: les declaró la guerra. Con la grave complicación de que lo que desató fue la guerra contra los pobres y contra toda una generación de jóvenes en los barrios. Ni con el pacto, ni mucho menos con la guerra, Bukele pensó en las causas de la delincuencia masiva y mucho menos en cómo atenderlas. Ni en la justicia.
Si en México el dilema es falso, aquí en El Salvador es falso, mentiroso y cínico. En México, la opción mal resumida por el presidente en la palabra “abrazos” no es un sinsentido, porque apuesta a atacar las causas sociales, aunque le falta el complemento indispensable: la aplicación correcta de la justicia.
Aquí, ciertamente la verdadera opción para enfrentar el problema -la justicia- no existe, porque este gobierno está haciendo todo lo posible para cooptar, y con esto debilitar, la policía, la fiscalía y la judicatura. Con el régimen de excepción, la justicia se está convirtiendo en una farsa.
La tarea de todos nosotros, pero sobre todo de ustedes que son parte de la fiscalía y del órgano judicial, es hacer todo lo posible para que esta pérdida de independencia no sea total ni irreversible porque en algún momento, cuando la guerra contra las pandillas fracase, igual que fracasaron los pactos con las pandillas, necesitaremos la justicia.
Cuiden los reductos de independencia que quedan. Mantengan vivo el concepto de la justicia como única fórmula que podrá enfrentar la delincuencia, sin corrupción, sin estados de excepción, sin excesos y arbitrariedades en la persecución del delito y sin supeditarse a estrategias de márquetin político de un gobierno.
Saludos, Paolo Luers