EXTORSIÓN: f. Presión que se ejerce sobre alguien mediante amenazas para obligarlo a actuar de determinada manera y obtener así dinero u otro beneficio. (Real Academia Española RAE)
LEY ESPECIAL CONTRA EL DELITO DE LA EXTORSIÓN, Art. 2.- El que realizare acciones tendientes a obligar o inducir a otro, aun de forma implícita, a hacer, tolerar u omitir un acto o negocio de carácter patrimonial, profesional o económico, independientemente del monto, con el propósito de obtener provecho, utilidad, beneficio o ventaja para sí o para un tercero, será́ sancionado con prisión de diez a quince anos.
Dicen que con la desarticulación de las pandillas el delito de la extorsión ha desaparecido de El Salvador. Qué bueno sería si esto fuera verdad. No lo es: ha desaparecido una forma de la extorsión, la de las maras.
Hay denuncias que agentes policiales y efectivos militares usan su autoridad para exigir favores sexuales a las jóvenes en los barrios o dinero a los comerciantes. Las autoridades, si es que hablan de esto hecho, los llaman “abusos” y “coerción”. Pero es otra forma de extorsión.
No es un fenómeno nacional. Ahora, con la llegada de Trump al poder, es práctica común y (hasta ahora) impune del gobierno de Estados Unidos. El presidente firma una “orden ejecutiva” que sanciona un bufete legal, prohibiéndole a sus abogados acceso a todos los edificios federales. Como esto fuera poco, los amenaza abiertamente a tomar medidas contra sus clientes, muchos de ellos corporaciones grandes que tienen contratos con el gobierno. Y para colmo, cuando el despacho va a la Casa Blanca para negociar el asunto, le exige no sólo que deje de representar a clientes que demandan al gobierno, sino de “regalar” trabajo gratis (pro bono lo llaman, como si fuera voluntario) para promover causas que promueve el presidente. O que lo favorecen. No estamos hablando de favorcitos: un despacho se tuvo que comprometer con trabajo “pro bono” por valor de $40 millones... Es otra forma de extorsión, con el gobierno como el extorsionista, que deja pálidos a los rackets de protección de la Mafia...
Es una doble extorsión: a los abogados y a sus clientes. O sea, los contratos federales con empresas son condicionados a favores políticos, en este caso a dejar de trabajar con el despacho sancionado por la Casa Blanca. En este punto podemos regresar a nuestro bello país. Nayib Bukele no usa órdenes ejecutivas con amenazas legales a los empresarios; él les manda a uno de sus hermanos o a su tío. Tiene el mismo efecto. A veces se trata sólo de mantenerlos callados, a veces hay negocios u otros beneficios de por medio. Nadie se atreve a interpretarlo así, pero es otra forma de extorsión (...acciones tendientes a obligar o inducir a otro, aun de forma implícita, a hacer, tolerar u omitir un acto o negocio de carácter patrimonial, profesional o económico...).
No puedo afirmar, pero tampoco descartar, que este tipo de extorsión explica, por lo menos en parte, el inusual incremento del patrimonio del presidente y su clan. A lo mejor el fin no es monetario, sino político: la consolidación del poder, la eliminación de oposición entre los empresarios...
Esto no lo vamos a saber mientras no se investigue debidamente. Hasta entonces, ambos -Donald Trump y Nayib Bukele- confían en su inmunidad.
Saludos,
Paolo Lüers