Por Estimados amigos:
Las palabras cuentan. Hay que llamar las cosas por su nombre correcto. Los que gobiernan con el método de la desinformación sistemática saben de esta importancia y ponen términos y nombres a lo que hacen que tienen por objetivo confundir y distraer a la gente. Los periodistas, los académicos y los analistas no debemos caer en estas trampas.
Pongamos un ejemplo simple y muy común: Cada semana leemos titulares en los periódicos que dicen: “La Asamblea Legislativa aprobó...” Pero, ojo: aunque esto es formalmente correcto, es una distorsión de la realidad. No es “la Asamblea” que en la República Bukeliana aprueba leyes y decretos, ni tampoco son “los diputados” ni “el órgano legislativo”. En la Asamblea ya no existe el debido proceso de aprobar leyes, que consiste en que alguien – una fracción, un grupo de diputados o el gobierno- presenta una propuesta de ley; que esta pase a un proceso de análisis y revisión en la correspondiente comisión legislativa; que esta comisión convoque a expertos, a sectores afectados de la sociedad, a gremios empresariales y sindicales para dar sus opiniones y aportar propuestas de cómo mejorar la propuesta; que se genere un debate público sobre el tema; que un cuerpo de asesores calcule las implicaciones presupuestarias de la ley en cuestión; que en la comisión se lleve a cabo una discusión y posterior concertación entre las distintas fracciones; que al final el dictamen aprobado en la comisión y la opinión disidente de la minoría se presenten al pleno legislativo – que en la plenaria haya un debate sustancial – y que al final se apruebe o rechace la propuesta de ley.
Nada de esto está pasando en nuestra Asamblea, que ya no es nuestra, o sea de todos, sino que se ha convertido en una entidad privada y partidaria. Desde mayo del 2021, cuando se instaló lo que ellos mismos llaman orgullosamente “la planadora cian”, las leyes en El Salvador ya no se hacen en la Asamblea. Ni siquiera Ernesto Castro, como presidente legislativo, y Christian Guevara, como jefe de la bancada de Nuevas Ideas, son partícipes de la generación de leyes. Son los ejecutores al servicio de Casa Presidencial.
Es por eso, que un titular que comienza con: “Asamblea aprueba...” es mentira. Tendría que decir “Diputados de Nuevas Ideas aprobaron...”, o mejor aun “Diputados de NI ratifican proyecto de Ley de Casa Presidencial.”
Me extendí en este ejemplo de la trampa peligrosa que puede ser la terminología que se asume sin cuestionarla, pero hay múltiples otros ejemplos. Muchos de ellos, tal vez los más tóxicos, tienen que ver con la cobertura de procedimientos de la PNC y acusaciones de la fiscalía. Cuando la PNC dice en Twitter “Se detuvieron 4 peligrosos terroristas” o “Miembros de la pandilla fueron sorprendidos...”, es una falacia si asumimos -y así validamos- los términos arbitrarios, como si fueran hechos comprobados. Tendríamos que decir en el titular: “PNC presentó a 4 presuntos pandilleros” y en la nota examinar qué tipo de pruebas existen.
El mismo problema existe con todas las declaraciones públicas de la fiscalía. Si la PNC, según su director Arriaza, se siente “juez de la calle” y, por tanto, facultada de condenar a cualquiera, la fiscalía por mandato constitucional es la instancia que tiene que vigilar que se respete el debido proceso – incluyendo la presunción de inocencia. Pero nuestra fiscalía, que ya no es nuestra, o sea de todos, sino un instrumento más en manos del presidente, hace lo contrario: condena sin juicios. Si los medios no se cuidan a la hora de cubrir estos temas relacionadas con las acusaciones que hace la FGR, se hacen cómplices involuntarios - y en muchos casos cómplices conscientes.
No me lo tomen mal, colegas. Tenemos que ver nuestro trabajo con mucha humildad y autocrítica. Tenemos que desarrollar conciencia de las trampas que nos hacen con terminología confusa que distorsiona los asuntos que nos toca cubrir y explicar.
No se olviden: las palabras cuentan.
Saludos,
Paolo Luers