A sus 64 años, Gloria Esperanza García Luna vive uno de los capítulos más difíciles que jamás esperó enfrentar: Desalojar su vivienda junto a su nieta de 29 años, quien padece de parálisis cerebral.
"En 2023 por esta fecha vinieron unos abogados con policías, los compradores y él (su ex compañero de vida, Miguel S.), me dijeron que me iban a desalojar porque iban a vender la casa", dijo Gloria, minutos antes del desalojo de su vivienda el 4 de marzo.
La sexagenaria mujer, que se sostiene a ella y a su nieta Ingrid Raymundo con una venta de flores en el mercado San Miguelito, relató que con más de diez años de trabajo logró reunir la base para comprar un terreno y crear un hogar en el pasaje el Nance en San Ramón, de Mejicanos. "Yo he pagado por mi casa", recalcó mientras mostraba los recibos hechos a su nombre.
García tiene todos los recibos de pago del terreno y de la construcción de la casa; pero no tiene las escrituras, y aunque afirma haberlas tenido, asegura que se aprovecharon de ella en un momento de vulnerabilidad, cuando su hijo Juan Antonio Raymundo García murió en 1996.
Para ella, su ex compañero de vida, con quien no convive desde hace muchos años, le robó las escrituras mientras le ayudaba a realizar las diligencias de defunción de su hijo. "Conviví con él 18 años, me maltrató e incluso intentó matarme una vez cuando me llevó a la carretera camino al volcán, nunca lo denuncié por miedo", dijo.
Para Gloria, esta situación es una tortura, pues la visita de las autoridades junto a su ex compañero de vida, que asegura llegó usando un gorro para cubrirse el rosto, le afectó no solo por la noticia, sino porque se encontraba en recuperación por una operación en la vesícula. "Mi salud empeoró después de eso", agregó.
Gloria recalca que Miguel S. no contrajo nupcias con ella y no procreó más hijos con él, por lo que en ningún momento ha tenido la intención de compartir o de cederle la propiedad; pero sin explicaciones, él apareció en los documentos como dueño del inmueble.
No fue posible conocer la posición del señalado, ya que no pudo ser localizado.
Por 26 años no volvió a ver a Miguel S. hasta que llegó acompañado con abogados y con supuestos nuevos dueños del terreno. "Puse medidas de restricción en el Juzgado Especializado de la Mujer", comentó Gloria, quien afirmó que pese a ello no ha podido encontrar solución a este problema, por lo que tuvo que abandonar su casa, fruto de años de ahorros y de trabajos.
Mauricio García, abogado defensor de doña Gloria Esperanza, expresó que es un caso que está en proceso de investigación. "En este caso se han aprovechado de una persona desconocedora de las leyes y que de paso no puede leer y escribir", expuso.
No descarta que se haya cometido falsedad ideológica y varias violaciones a los derechos de la mujer, como violencia económica y patrimonial; por lo que al terminar su investigación y de concatenar los datos, pedirá una contra demanda. "Ella ha vivido 34 años en esa casa, tiene todos los recibos de cancelación de la propiedad al dueño legítimo, no se sabe cómo Miguel S. aparece como dueño legítimo sin haber hablado ni haber aportado monetariamente de la propiedad", enfatizó.
Añadió que en este caso "hay un intento de asesinato en contra de doña Gloria de manos de don Miguel S., algo grave que no debe dejarse pasar". Espera poder sumar un peritaje de firmas y el registro del caso, pues en este proceso de desalojo que se retrasó por dos años, ella no tuvo tiempo ni de decir lo contrario respecto a la situación de su vivienda, ni oportunidad de presentar testigos.
Legalmente, Miguel S. tiene la compraventa con el actual dueño de la propiedad. Esto pese a que la afectada pagó 8,500 colones por el terreno al dueño de la lotificación, según recibos mostrados por Gloria Esperanza, quien desconoce cómo perdió las escrituras y cambió de dueño sin su consentimiento.
Por otra parte, el abogado defensor Ricardo Hernández, apoderado de Ricardo Espinoza y comprador de la casa de doña Gloria, comentó que ella no ha podido justificar ser dueña del inmueble: "Ella en su momento adquirió el local como apoderada, nunca como dueña ".
Mientras que los vecinos de García la apoyan, pues la ven incluso como una de las primeras habitantes del pasaje. "Cuando yo vine hace más de 25 años, ella ya estaba aquí, la hemos visto trabajar, salir adelante y cuidar a su nieta", dijo uno de los vecinos.
Hernández explicó que se le ha pedido constantemente a doña Gloria que desaloje de forma voluntaria. "La última vez fue hace ocho meses y no lo cumplió y que pese a que se le dio una prórroga de 60 días para hacerlo", dijo. El desalojo se ejecutó hasta el 4 de marzo.
Los familiares del actual dueño llegaron junto con el abogado, agentes de la PNC y un fiscal para ejecutar la acción legal de desalojo.
"Hay un Dios que hará justicia", dijo Gloria ya desalojada para mudarse a unos cuantos metros en la casa de su hermana, con quien hace más de 30 años adquirieron un terreno en la lotificación de don Francisco García, ya fallecido.
Un nuevo comienzo a la fuerza
Gloria Esperanza desalojó su casa el 4 4 de marzo para evitar confrontaciones o que el caso empeore.
Su hermana se solidarizó con ella y le ofreció un espacio de unos cuatro por cuatro metros, al cual deben hacerle adecuaciones.
Ingrid - la joven con parálisis - fue producto de una relación que su hijo tuvo antes de morir por razones naturales. Un documento sobre Registro de Estado Familiar, señala que Juan Antonio Raymundo García, de 20 años, murió de infarto agudo del miocardio. Luego de eso, la compañera de vida de él dejó a Ingrid en casa de doña Gloria sin explicaciones, y hasta la fecha se desconoce su paradero.
Ingrid, de 29 años, sufre parálisis cerebral desde que era un bebé, solo puede estar sentada en silla de ruedas o recostada en un espacio adecuado, condiciones que actualmente no posee; además de los cuidados especiales de alimentación y de salud que necesita.
En El Salvador según el informe del Observatorio de Violencia de ORMUSA, la violencia patrimonial es el tercer tipo de violencia más común que se comete en contra de las mujeres después de la violencia sexual y física.
ORMUSA, pese a las complicaciones para poder obtener datos de las instituciones públicas, expone que en 2023 al menos 18,554 mujeres sufrieron violencia patrimonial.
