El gobierno de El Salvador a través de la subdirección de Inteligencia de la Policía Nacional Civil (PNC) ha creado expedientes de personas señaladas como “críticos” por pronunciarse contra la corrupción, mostrar su desacuerdo con las políticas gubernamentales, denunciar arbitrariedades o defender derechos humanos, reveló en los últimos días una serie de publicaciones en redes sociales del grupo de hacktivistas denominado CiberinteligenciaSV.
Las publicaciones realizadas en la red social X (antes Twitter) y en canales públicos de Telegram muestran los documentos, en las que se ha perfilado a defensores ambientales y del territorio, entre ellos algunos integrantes del Foro del Agua, la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua y ciudadanos que han participado en las protestas contras los proyectos urbanísticos en el Valle del Ángel.
Por otra parte, estarían fichadas las integrantes de organizaciones feministas, activistas que han promovido las cuatro causales de aborto seguro e integrantes de movimientos y organizaciones defensoras de derechos humanos.
Asimismo han sido perfiladas aquellas personas que han emitido opiniones y han participado en protestas de la Ley del Bitcoin, la corrupción estatal, representantes de asociaciones de lisiados de guerra, militantes movimientos populares, representantes sindicales y sindicalistas.
Cada ficha de las personas señaladas como críticas al gobierno, contiene elementos similares a la de las personas vinculadas con estructuras criminales. Contiene nombre, edad, fecha de nacimiento, características físicas, señales especiales, lugar de residencia, DUI, licencia, número del ISSS, nivel académico, lugar de trabajo, ocupación, civil, datos de familiares e información de interés, según lo divulgado.
Otros sectores poblacionales estarían clasificados por las autoridades policiales como de “interés” son abogados y profesionales que emiten opiniones en redes sociales o medios de comunicación, criticando la corrupción estatal y las violaciones a derechos humanos, empresarios. Y abogados que, en representación de organizaciones sociales, han presentado piezas de correspondencia sobre algunas propuestas de reformas ante la Asamblea Legislativa.
Los hackers hicieron públicos más de 50 documentos que datan de 2021 y 2022, pero según los informes las autoridades cuentan con un registro que es actualizado constantemente de personas que participan en diferentes actividades de denuncia social.
Algunos perfilados
Entre los perfiles que destacan está el exembajador salvadoreño y promotor de los Acuerdos de Paz, Ruben Zamora, para quien el 22 de diciembre del año pasado, la jueza Mirtala Portillo, de San Francisco Gotera, emitió una orden de captura en contra Zamora por el presunto encubrimiento de los autores de la masacre El Mozote.
La Policía señala que Zamora ha participado junto a opositores de ARENA y el FMLN en organizar marchas entre 2021 y 2022.
Esta semana el exembajador denunció que el pasado miércoles 20 de noviembre, agentes de la Policía Nacional Civil se presentaron a su residencia del exdiplomático, donde intentaron arrestarlo, pese a la orden de un tribunal de Morazán que dejó sin efecto la orden de captura en marzo pasado.
Dos de las personas que aparecen en los documentos de la inteligencia policial ya fueron capturados: el empresario del transporte colectivo Catalino Miranda y el ex firmante de los Acuerdos de Paz, Atilio Montalvo.
El primero fue señalado de mostrar su desacuerdo con un decreto transitorio que obligaba a los transportistas a mantener tarifas fijas en el transporte público, y posteriormente enfrentó acusaciones fiscales por los delitos de resistencia, desórdenes públicos, venta a precio superior y uso de documentación falsa.
Por su parte, Atilio Montalvo ha sido acusado de presuntos actos de terrorismo, acciones que se cometerían durante la toma de posesión del segundo mandato del presidente Nayib Bukele.
"Acciones ilegales"
La jefa anticorrupción de Cristosal, Ana Ruth López, es otra de las personas que está identificada por participar en protestas, brindar declaraciones a medios etiquetados como “opositores” y presentar peticiones de amparo por los afectados de Chivo Wallet.
Al respecto, López manifestó que “no existe ley que autorice a la PNC a recopilar información sobre ciudadanos, salvo en el caso de una investigación penal y bajo la dirección funcional de la Fiscalía General de la República. Los seguimientos y las intervenciones en la vida privada de las personas deben ser autorizadas por orden administrativa o judicial”.
La abogada explicó que la calificación de “miembro de la oposición” o “pseudo periodistas” – términos utilizados en documentos internos de la PNC – es, a todas luces, una posición política y un sesgo que no debería existir en una policía profesional y civil.
“Estos calificativos muestran una sumisión indebida a las posturas políticas del Órgano Ejecutivo. La vigilancia sin fundamentos busca un efecto inhibidor sobre mi libertad de expresión” declaró.
La abogada expuso que no tiene miedo y no va a renunciar a sus derechos solo por la presión ejercida desde el Estado.
“Este seguimiento personal del Estado es resultado del ejercicio de mis derechos ciudadanos de denuncia, petición y respuesta, derechos absolutamente legítimos; particularmente no les tengo miedo y no estoy dispuesta a renunciar a estos por presión estatal”, manifestó.
Por otro lado, la jurista recordó que la Corte Interamericana estableció en la sentencia del 18 de octubre de 2023 (Caso Cajar vs. Colombia) que "la obtención y gestión de datos personales sólo se autoriza, en el marco de la Convención Americana, para la consecución de fines legítimos y por mecanismos legales", lo que claramente no se configura.
"La Corte consideró que el ejercicio de las actividades de inteligencia a cargo de los organismos del Estado, dados los medios empleados y su incidencia en la obtención y utilización de información, incluidos datos personales, supone una injerencia en la esfera de derechos de la persona, en particular del derecho a la vida privada" detalló López
Una fuente gubernamental consultada por este periódico, dijo de manera anónima, que siempre se ha tenido bajo vigilancia a grupos que pueden crear una desestabilización política, desde los gobiernos de ARENA y del FMLN, es decir, que no es nada nuevo.