"Pueden salir en un mes. Si no, pasarán seis meses acá" fueron las palabras de una empleada del Centro Penitenciario de Izalco a Claudia Romero, madre de los dos hermanos que fueron capturados sin explicaciones en la Terminal del Sur de San Marcos mientras trabajaban como bordoneros de taxis.
El pasado martes, los padres de los hermanos visitaron el Centro Penal de Izalco para obtener información de sus hijos recluidos en dicha cárcel y también para llevarles los paquetes con alimentos y otros enseres para la vida dentro de la prisión. La última vez que supieron algo de los jóvenes fue de casualidad en un video en la cuenta TV Oriente en Tik Tok donde sale una foto de Paolo y Gerardo en su audiencia de imposición de medidas donde el juez del Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado les brindó la carta de libertad.
A su llegada a la calle principal hacia el penal de Izalco, Claudia caminó 700 metros hasta un punto de control y de recogida de paquetes para reclusos que llegan a dejar familiares. Cuando consultó por la liberación de sus hijos, la guardia a cargo de solicitar datos de los presos le pidió la carta de libertad emitida por el tribunal. La madre mostró un documento donde especifica que Paolo y Gerardo Ruano tienen "sobreseimiento definitivo" de su acusación por agrupaciones ilícitas por no tener ninguna relación con grupos de pandillas.
La custodia alegó que para que Centros Penales pueda efectuar el proceso de liberación de reos, tanto el juzgado como la fiscalía y la PNC deben enviar a Centros Penales los respectivos documentos de la institución con la resolución de la audiencia. Dependiendo del tiempo que los padres o la abogada se tarden en juntar estos documentos, será el tiempo de liberación, el cual puede ser entre un mes y seis meses.
Sin embargo, miembros del Tribunal Quinto Contra El Crimen Organizado les explicaron a los padres que la carta de libertad ya había sido enviada por el juzgado a Centros Penales y, a partir de entonces, las autoridades del Centro Penitenciario de Izalco deben iniciar el proceso de liberación.
"No importa que la fiscalía o policía envíe un escrito, la sentencia ya la dictó el juez. Nos dijeron que tengamos paciencia a que el penal los quiera liberar" fue la respuesta que obtuvieron los padres el en juzgado.
La incertidumbre por no conocer cuándo volverán a ver a sus hijos les llevó a comprar los paquetes para reos que venden en los alrededores del único acceso al penal de Izalco. Cada paquete costó noventa dólares que no tenían presupuestado en el momento.
Esta difícil situación ha incurrido en gastos excesivos para la familia. Los padres estiman que, desde la captura de sus hijos, la contratación de abogados, los viajes hechos han gastado dos mil dólares aproximadamente. Esto se ha agravado luego de que Claudia fuera despedida de su antiguo trabajo como promotora de productos comerciales en supermercados.
"No podemos tener a una persona que pase pidiendo permiso a cada rato" fue la respuesta que recibió la madre cuando se presentó la última vez a su trabajo. Los permisos que gestionaba eran para hacer diligencias relacionadas al proceso judicial que enfrentan sus hijos.
Este 29 de noviembre se cumple un mes desde la captura de los hermanos en su lugar de trabajo. La familia guarda esperanzas que sean liberados antes de finalizar el año, para pasar las festividades de diciembre juntos como familia.
"No quiero que lleguen a Navidad aquí (penal de Izalco), los quiero conmigo antes de eso" expresó la madre.
Paolo Romero Ruano es futbolista profesional de la tercera división de El Salvador, en el equipo Atlas F.C. En sus tiempos libres, se dedicaba a ser bordonero de taxis en la terminal del sur junto a su hermano, Gerardo Romero, un oficio al que tenían años de dedicarse para generar más ingresos en su hogar.
El carcelero con más poder que un juez
Durante meses, organizaciones han denunciado que a pesar que personas capturadas durante el Régimen de Excepción cuenten con órdenes de libertad emitidas por el órgano judicial, estas no son ejecutadas por Centros Penales.
El Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR) contabiliza al menos 20 mil cartas de libertad que no han sido acatadas y ejecutadas por los diferentes Centros Penitenciarios.
Ingrid Escobar, del Socorro Jurídico Humanitario, explicó a El Diario de Hoy que no acatar estas sentencias judiciales incluye tanto a los directores de los centros penales como al Director General de Centros Penales, Osiris Luna Meza.
"Es un caso muy reiterado en régimen de excepción. Las razones que dan los directores de centros penales, por medio de los habeas corpus que metemos en cámara de lo penal, es que ellos se lavan las manos diciendo que Osiris Luna no los autoriza. Sin embargo, hay dos jurisprudencias que se aplicarían en contra de Osiris Luna por ser de alto rango y los directores están en mandos bajos porque también tienen responsabilidad, no pueden obedecer órdenes ilegales" explica la abogada.
Dina Hernández es uno de esos ejemplos de poseer carta de libertad y no ser liberada por Centros Penales. La mujer fue capturada el 17 de marzo del presente año cuando tenía 38 semanas de gestación y en condición de embarazo de riesgo.
Además, ella era voluntaria y activista de Alerta Raquel, un colectivo que promueve y visibiliza la búsqueda de mujeres desaparecidas, y de la organización de base comunitaria Colectiva de Mujeres Guardianas de Ayutuxtepeque.
A Hernández se le impidió su control prenatal del 19 de marzo, dos días después de su captura. La detenida enfrentó una audiencia el 22 de marzo donde el Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado le decretó medidas sustitutivas a la detención. La carta de libertad fue enviada el 2 de abril a Centros Penales, pero esta no se ha ejecutado hasta el momento.
La familia fue informada por personal de la Granja Penitenciaria que el 7 de abril la detenida había sido trasladada al Hospital Dr. Jorge Mazzini Villacorta y que la bebé en etapa de gestación había muerto. Hasta la fecha, ninguna autoridad se ha pronunciado al respecto de este caso.
Ivannia Cruz, abogada de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios, explica que una de las tesis por las cuáles no se efectúan las órdenes de libertad son por las precarias condiciones que poseen los capturados dentro de los centros penitenciarios. Resalta la degradación en la salud y el hacinamiento por la masiva cantidad de presos.
"Mientras el tiempo siga prolongándose, la cantidad de muertes puede incrementar. Hay muchas órdenes de libertad, pero no se quieren cumplir porque las condiciones en las que se encuentran son inhumanas".
Otro fenómeno que se genera es que una vez efectuada la orden de libertad para un detenido es recapturado en las afueras del penal por una nueva acusación que es "dictada por investigaciones".
"El hecho que alguien tenga carta (de libertad) no significa que se va a ir luego. En base a un documento que nosotros pedimos, si aparece como "homeboy" no se va. Esa es la orden de arriba" dijo un oficial de la zona del penal de Izalco a este medio.