Los ministros de Economía de la Unión Europea aprobaron el martes nuevas normas de transparencia fiscal para las empresas que participan en transacciones de criptoactivos, un paso más en la lucha contra el fraude facilitado por estas monedas digitales.
Las nuevas obligaciones "mejorarán la capacidad de los Estados miembros para detectar y combatir el fraude, la evasión y la elusión fiscales", declaró la Comisión Europea, que redactó el texto.
Puede interesarle: Hackers norcoreanos se robaron hasta $2,300 millones en criptomonedas
Entrarán en vigor el 1 de enero de 2026, previo dictamen consultivo del Parlamento Europeo.
La directiva obligará a todos los proveedores de servicios de criptoactivos con sede en la UE, independientemente de su tamaño, a informar sobre las transacciones de sus clientes residentes en la UE.
El ámbito de aplicación también incluirá obligaciones de información para las entidades financieras en relación con el dinero electrónico y las monedas digitales de los bancos centrales, así como el intercambio automático de información sobre resoluciones fiscales anticipadas, mecanismos utilizados por las personas adineradas para reducir su tributación aprovechando normativas acomodaticias en el extranjero.
Actualmente, las autoridades fiscales no disponen de la información necesaria para controlar los ingresos obtenidos mediante el uso de criptoactivos, lo que limita su capacidad para controlar el pago real de impuestos y priva a los Estados de importantes ingresos fiscales.
Las nuevas normas aprobadas este martes complementan el Reglamento sobre Mercados de Criptoactivos (MiCA) y el Reglamento sobre Transferencias de Fondos (TFR) aprobados el 20 de abril por el Parlamento Europeo.
Estos dos reglamentos también fueron adoptados definitivamente el martes por los ministros de Finanzas de los 27 Estados miembros de la UE reunidos en Bruselas, completando así su proceso legislativo.
Además: El país importó $620 millones en combustibles durante los primeros tres meses del año
Facilitarán la lucha contra actividades ilegales como el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, pero también protegerán mejor a los consumidores.
Los proveedores de servicios de criptoactivos (CASP) tendrán que registrarse y facilitar datos de identidad exactos si desean operar en la UE.
También los obligará a transmitir determinada información sobre los clientes y las transacciones a la entidad financiera receptora de las operaciones.