“Si el país destina gran parte de sus recursos a pagar la deuda, como tiene que hacerlo, eso quiere decir que quedan menos recursos en la bolsa para poder satisfacer las necesidades de la población en infraestructura, educación, salud, vivienda, seguridad. Lo ideal sería seguir pagando la deuda y que también queden recursos para poder satisfacer el resto de necesidades de la población”, afirmó el economista e investigador de la UCA, René Hernández, sobre el alto nivel de deuda pública que tiene El Salvador y cómo eso golpea a la ciudadanía.
Ejemplificó que en 2022 el país terminó con el 75% de deuda con respecto al PIB (Producto Interno Bruto), es decir que de cada $100 que el país produce $75 los debe y hay que pagarlos.
“Eso es un problema porque quedan $25 para todo lo demás. La deuda es de las líneas prioritarias de pago en el presupuesto del país, entonces es algo que hay que pagar”, recalcó.
Hernández es parte de los 12 economistas de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) que participaron en una reciente investigación titulada “El Salvador ante la incertidumbre y los estándares de límites máximos de deuda pública sostenible”, la cual realizaron durante 18 meses y cuyos hallazgos plasmarán en un libro que publicarán próximamente.
Pero según los datos que han adelantado, la deuda lleva una ruta insostenible y han proyectado tres escenarios, en los que predomina una tendencia en la que es muy poco probable que el endeudamiento baje a niveles saludables para la economía salvadoreña.
En el presupuesto 2023 estaba proyectado el pago de deuda pública por $2,134.9 millones, es decir el 24% de los fondos; pero en lo que va del año se ha acumulado más deuda. Sin embargo, en las estadísticas oficiales se ve una disminución, porque desde abril el gobierno eliminó el dato de los más de $6,000 millones que debe a los trabajadores para el pago de pensiones.
Asimismo, en el presupuesto de 2024 que presentó el mes pasado el ministro de Hacienda se proyecta el pago de deuda pública por $2,144.6 millones, lo que significa casi el 24% de los gastos del otro año.
Y la investigación plantea un primer escenario en el que el nivel de la deuda respecto a lo que se produce en el país podría oscilar entre el 75% y 80% en los próximos años, aunque con una muy baja probabilidad de que ese porcentaje llegue por debajo del 70% para 2031.
“La distribución de probabilidades de la trayectoria de la deuda del SPNF que arroja la simulación de Monte Carlo indica que, ejemplo, para los años 2022, 2023 y 2024, la probabilidad de que el saldo se ubique por debajo de 70% del PIB es de menos del 5%; siendo más probable que se mantenga arriba del 80%”, dice en el resumen del estudio.
En un segundo escenario se plantea que, tomando en cuenta riesgos fiscales que puedan acarrear desastres naturales, hay más probabilidades de que la deuda llegue a superar el límite del 100% del PIB.
“Sin embargo, el modelo arroja que la trayectoria más probable es la que indica que al final del período, el saldo de la deuda puede ubicarse en torno al 86% del PIB”, añaden en el documento.
En ese sentido, los investigadores consideran que la probabilidad de que la deuda se sitúe por debajo del 70% es de menos del 10%.
De hecho, proyectan que de 2026 a 2031 existe una probabilidad mayor al 50% que el saldo de la deuda superará el 90% del PIB.
Y por último, en el tercer escenario, tomando en cuenta riesgos fiscales contingenciales posibles, indican que la trayectoria más probable de la deuda al finalizar el periodo en estudio será en torno al 98% del PIB.
“Con una considerable probabilidad de situarse sobre 100% del PIB y llegar a niveles superiores a 120% del PIB, especialmente de 2025 en adelante”, advierten los expertos.
Hernández señaló que lo malo no es endeudarse, pues todas las economías lo hacen, sino que lo grave es cuando no se puede pagar lo que se debe.
“El problema es cuando la deuda no se puede pagar, cuando la deuda sobrepasa ciertos límites que empiezan a poner en peligro la capacidad de pago del país o cuando la deuda afecta el riesgo país, cuando ya ciertos niveles de deuda comienzan a elevarse y tienen efecto en otras variables, allí es cuando empieza el problema”, afirmó el economista.
Explicó que, tal como lo han establecido algunos organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco Mundial (BM), el límite de la deuda para una economía como la de El Salvador debe ser el 50% con respecto al PIB.
Pero en los últimos años se ha sobrepasado ese umbral, pues en 2022 fue del 75%, en 2021 del 79% y en 2020, año de pandemia, subió al 87%.
¿En qué afecta la elevada deuda?
El estudio de la UCA analiza qué factores han influido para que la deuda de El Salvador se haya elevado a los niveles actuales, así como las consecuencias para la población.
Por ejemplo, variables como el crecimiento económico, así como ingresos y gastos, inversión, pero también la corrupción que impide el buen uso de los recursos.
“Si una economía crece a tasas bajas pero no tiene un exceso de gasto por encima de sus ingresos, no generará deuda. Con el mismo razonamiento, una economía que crece a tasas bajas, no genera suficientes ingresos fiscales y los gastos serán superiores a los ingresos, y la brecha fiscal generada deberá cerrarse mediante endeudamiento”, apuntan en el estudio.
Además indican que la deuda incide en otros factores como la disminución de la calificación crediticia, lo cual aumenta las tasas de interés que se pagan a los inversionistas que le prestan al país. “Lo cual ha obligado al erario público a destinar cada vez más recursos al servicio de la deuda, hasta llegar a convertirse en la principal partida de gasto en el presupuesto general del Estado 2023”, dice en el resumen.
Los investigadores plantean que El Salvador está en “la posición más crítica” de los parámetros de deuda máxima, debido al sobreendeudamiento o crisis de deuda que tiene, lo cual se ha evidenciado en los constantes problemas de liquidez, es decir falta de fondos, que el gobierno ha enfrentado en los últimos 10 años. Esto ha llevado al país a depender en extremo de deuda de corto plazo, la cual es adquirida casi exclusivamente por la banca local, señalan.
De hecho, de la deuda interna que tiene el gobierno en Letes y Cetes que asciende a $2,800 millones, a los bancos locales les debe $1,500 millones, según explicó el ministro de Hacienda, Jerson Posada, en septiembre.
La investigación de la UCA señala que si el gobierno no tiene la capacidad de reducir el gasto primario, mantener una deuda del 81% del PIB o mayor “no es tolerable para las finanzas públicas del país”.
“Si el gobierno se compromete y es capaz de lograr un ajuste del gasto primario de 19.7%, como mínimo, y logra reducir la volatilidad de los ingresos corrientes de 2.2% a 1.75%, puede alcanzar la meta de deuda con pensiones a 2030, es decir, 60% del PIB”, plantean los economistas.
Ante este panorama, los expertos afirman que en el corto plazo la solución a la problemática de la deuda pasa por adoptar medidas como incrementar los ingresos a través de una modernización de la recaudación tributaria, pues un recorte de gastos parece poco probable, dada la rigidez actual del gasto.