LAS COMPRAS DE BITCOIN CON FONDOS PÚBLICOS
Al menos hasta el 16 de diciembre, Nayib Bukele ya había gastado hasta $70,307,740 provenientes de fondos públicos en la compra de 1,370 Bitcoins, mismos que ha venido adquiriendo desde el pasado 6 de septiembre, un día antes de que entrara en vigencia la Ley Bitcoin, en distintas compras en cantidades que van desde los 100 hasta las 200 unidades de una sola vez.
Esta compra de criptomonedas le han significado al país pérdidas monetarias debido a la característica volátil que tiene esa moneda virtual, mismas que podrían traducirse, al menos hasta mediados de diciembre, en pérdidas que rondan los $5.6 millones.
En este sentido, algo que han señalado economistas, como Julia Evelyn Martínez, es que esta compra de criptomonedas es algo preocupante, sobre todo porque el Gobierno no ha transparentado la información de quién tiene las llaves o la posesión de esos Bitcoins.
Además, recalca que tampoco se sabe si existe algún comité que gestione y autorice esas compras que son, ante todo, con dinero de los salvadoreños.
Otro punto que señalan especialistas, como el informático Mario Gómez, es que no es posible que el país “obtenga ganancias” con estos Bitcoins, a menos que los venda, sin embargo, Bukele ha anunciado ya la construcción de un hospital veterinario a partir de las “ganancias” sin explicar ni dejar claro cómo o porqué tener esos Bitcoins podría generarle rentabilidad al país.
FALLAS EN CHIVO WALLET Y USURPACIÓN DE DUIS
Desde el primer momento en que comenzó a “funcionar”, Chivo Wallet, la aplicación desarrollada por el gobierno en un esquema empresarial poco claro, esta ha presentado múltiples fallas.
En un primer escenario, la billetera virtual Chivo, cuyo propósito era proporcionar a los usuarios todo el ecosistema para operar con Bitcoin y dólares, simplemente no podía descargarse ni instalarse en diversos dispositivos, lo que provocó que el proceso de lanzamiento se ralentizara.
No obstante, el problema y las fallas (a nivel de diseño) más graves que ha tenido la aplicación es en el área de la seguridad, algo que expertos informáticos han criticado y han señalado que es el producto de la improvisación del gobierno al desarrollarla en tan solo tres meses.
Esa falla ha provocado que cientos, sino miles, de salvadoreños, vean cómo sus números de DUI han sido usurpados de forma ilegal para ser registrados en la plataforma Chivo, con el único propósito de retirar los $30 que ofreció Bukele a las personas que se registraran.
Por lo anterior, la empresa Chivo S.A. de C.V., que tiene vínculos con Carolina Recinos, la jefa de gabinete de Bukele señalada por corrupción por EE.UU., ha sido denunciada ante la Fiscalía por organizaciones en representación de esas víctimas de hurto de datos personales.
Aún así, la empresa no ha solventado los problemas en su funcionamiento y continúa tratando de impulsar el uso del Bitcoin, pese al rechazo generalizado de la población.
LA “BITCOIN CITY” Y LOS BONOS VOLCÁN
Lo que podría ser hasta hoy el máximo esfuerzo de Nayib Bukele por impulsar la adopción del Bitcoin de una vez por todas ocurrió la noche del 20 de noviembre en un evento que reunió a cientos de entusiastas de la criptomoneda.
La “Bitcoin City”, un proyecto ambicioso y poco viable, es el plan que el gobierno pretende ejecutar entorno a la criptomoneda. Sin embargo, esta idea ha sido ampliamente cuestionada por sectores tanto nacionales como internacionales.
Sumado al proyecto de construir una ciudad adaptada para y por el Bitcoin, Bukele anunció que se emitirán hasta $1,000 millones en bonos “volcán”, pero más allá de financiar el proyecto, los experto señalan que esto sumarán mucho más al porcentaje de deuda externa que el país ya tiene.
Estos bonos se dividirán en $500 millones para la construcción de la ciudad y $500 millones para la compra y el minado de más Bitcoins.
Economistas han señalado que esta es una alternativa que busca Bukele ante un eventual fracaso en las negociaciones de un acuerdo de servicio ampliado con el FMI y que consiste en asistencia financiera por hasta $1,300 millones.
Además, han explicado que la oferta de una ciudad con “cero impuestos”, podría provocar que esa ciudad se convierta en un nuevo paraíso fiscal en Centroamérica, y punto ideal para el lavado de dinero y activos.
LAS ADVERTENCIAS DEL FMI Y OTRAS FINANCIERAS
La postura del Fondo Monetario Internacional (FMI) con respecto al Bitcoin ha sido clara desde el primer momento en que los diputados oficialistas de la Asamblea Legislativa aprobaran la ley el pasado 8 de junio.
En un primer momento, el Fondo advertía sobre los principales riesgos que conlleva implementar como moneda de curso legal un criptoactivo caracterizado por su alta volatilidad.
De hecho, en noviembre el multilateral recomendó al país “evaluar sus políticas económicas”, pues la adopción de esa criptomoneda y otras acciones antidemocráticas realizadas por el gobierno de Bukele han minado la confianza de los inversores a nivel internacional, algo que se suma al alto endeudamiento y al alto perfil de riesgo que el país ya posee.
Por lo anterior, diversas agencias de calificación financiera, como Amherst Pierpont, Fitch Ratings o Moody’s, han venido realizando valoraciones acerca de esta Ley.
Por ejemplo, Fitch ha expresado que la criptomoneda podría impactar negativamente la calificación de riesgo, mientras que Moody’s había señalado los riesgos a la estabilidad monetaria de El Salvador.
Por su parte, Amherst ha subrayado que la Ley Bitcoin, así como los bonos que planea emitir el país son una señal concreta de que las relaciones entre el gobierno de Bukele y el FMI, organismo con el que se negocia un acuerdo financiero, “están rotas”.