Las reformas al marco regulatorio de las actividad de las cooperativas de ahorro y crédito eran necesarias para dotar al sector de confiabilidad y de seguridad jurídica, según la opinión de dos expertos consultados para esta nota.
Para Nelson Mena, consultor internacional en materia de Delincuencia Organizada, que sea la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) la encargada de supervisar a estas entidades es un paso adelante, que se venía visualizando desde hace décadas. También que sea el Banco Central de Reserva (BCR) el encargado de emitir los manuales y lineamientos para el sector, que hasta antes de la reforma era uno autoregulado.
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En primer lugar, Mena ve como algo positivo que se haya sustituido en estas labores al Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo (Insafocoop) porque había un error de diseño. Debido a que algunos miembros de las mismas entidades supervisadas podían formar parte del directorio de la institución pública. Por tanto, era más vulnerable a ser influenciada por los mismos vigilados.
"Había una especie de conflicto de interés. Y ahora quienes integran los directorios de las cooperativas deben cumplir con algunos requisitos, ya no puede cualquiera", comenta un exfuncionario del sector financiero y cooperativo, que pidió resguardar su identidad para opinar en esta nota.
Por otro lado, las asociaciones, federaciones, confederaciones de cooperativas de ahorro y crédito, y de seguros, estarán obligadas a remitir información al BCR y a la SSF "en un plazo no mayor a 15 días hábiles" contados a partir de la vigencia de la ley de disolución de INSAFOCOOP su información financiera, como el balance general y los estados financieros.
Un plazo idéntico establecen las disposiciones finales de la Ley de Bancos Cooperativos para que las cooperativas de ahorro y crédito cuyas aportaciones y depósitos sumen menos de $25 millones (este umbral se ha bajado desde uno superior a los $68 millones) entreguen su información financiera a la SSF.
El riesgo de lavado
Mena también fue jefe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) en sus inicios, allá por la década de los 2,000. Y ha tenido puestos relacionados con la lucha contra el lavado de dinero.
Considera que el hecho de que hayan mejores controles para todos los elementos del sector financiero es positivo, aunque "saque de su zona de confort" a las cooperativas de ahorro y crédito que, según el exfuncionario consultado, verá incrementados sus costos de operación al tener que adicionar departamentos para la gestión del riesgo o el gobierno cooperativo.
Sin embargo, para Mena es un problema que esta reforma se dé solo después de que un escándalo como el de COSAVI, en el que fallaron múltiples mecanismos de control.
"El de los gobiernos es un modelo reactivo. Esperan a que ocurra un fraude para hacer una reforma. Con las malas experiencias, no sé si por presión mediática, el gobierno se vio obligado a actuar", comenta Mena.
Que desde las cooperativas de crédito, con controles más laxos, existían grandes riesgos de lavado de dinero se conoce desde hace años, como lo sostiene un funcionario del actual gobierno, quien también laboró en el sector público en la década del 2,000. Pide que su identidad no sea revelada por evitar represalias en su empleo.
Para ilustrarlo, el exfuncionario pone algunos ejemplos. Uno de ellos es el del exdiputado Roberto Carlos Silva Pereira, que fue acusado de lavado de dinero y otros delitos a mediados de la década pasada. Uno de los elementos de la trama tenía que ver con contratos poco transparentes asignados por varias municipalidades a dos de sus empresas, las que no tenían capacidad para cumplir con las obras asignadas.
Las finanzas de esas alcaldías eran tan malas que casi ninguna entidad financiera se atrevía a darles un crédito. Entonces, era el mismo Silva Pereira quien se encargaba de conseguirles créditos en pequeñas cajas de crédito, el nombre común para referirse a las cooperativas de ahorro y crédito.
El dinero que posteriormente llegaba a los bolsillos de Silva era, entonces, el mismo que salía de las entidades financieras. La UIF, que fue apoyada en la auditoría por la Superintendencia del Sistema Financiero, solo cuestionó el hecho de que para dichos préstamos el dinero que servía como garantía era el perteneciente al Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios de El Salvador (FODES).
Para el funcionario de gobierno, eran las propias cajas de crédito una parte esencial del esquema de lavado de dinero, pues Silva Pereira colocaba en estas el dinero que alguien más le destinaba para lavar. Era una forma de legitimar fondos provenientes de actividades ilícitas.
En El Salvador, más de una tercera parte de las cooperativas que debía regular el INSAFOCOOP son de ahorro y crédito. Ahora, esta jurisdicción pasará a las manos de la SSF, una entidad que deberá destinar más recursos a esta labor. En este caso, sus fondos provienen de las mismas instituciones reguladas. No está claro si, al pasar a ser supervisadas por esta, las cooperativas de ahorro y crédito también sumarán para su funcionamiento.