Los nubarrones también están sobre las finanzas salvadoreñas. Pese a los pronósticos más optimistas del gobierno sobre el clima económico, en el exterior los expertos ven que en el país aún no se despeja el mal clima.
La agencia calificadora de riesgo Standard and Poor’s (S&P) señala en su reciente informe sobre El Salvador, con fecha del 26 de junio 2024, que si bien los pagos de deuda que ha hecho el gobierno en los últimos meses ha “aliviado” la carga, “el país mantiene una posición fiscal frágil y con alternativas de financiamiento algo limitadas”.
La calificadora indica que el gobierno ha estado en un proceso de reperfilamiento intenso de la deuda pública desde finales de 2022, cuya acción más reciente fue la recompra de deuda externa en abril de 2024.
En esa oportunidad, el gobierno ofreció recomprar parcialmente tres bonos soberanos con vencimiento en 2025, 2027 y 2029.
Para poder hacer esos pagos emitió $1,000 millones en bonos en el mercado externo, de los cuales obtuvo $908 millones con vencimiento en 2030, pagando una elevada tasa del 12% de intereses.
“Como resultado, el acceso de El Salvador a los mercados internacionales se mantiene limitado. Debido a ello y a la falta de reformas estructurales, el país ha agotado en su mayor parte sus opciones de financiamiento con las instituciones multilaterales”, dice en el análisis.
En el documento se argumenta que aunque el país pueda tener menores necesidades de financiamiento, tendrá elevados déficits fiscales y fuentes de fondeo limitadas.
La próxima amortización de bonos internacionales, la cual tiene vencimiento en enero de 2025, es de sólo $99.6 millones, de una deuda inicial de $800 millones. Y el otro pago de bonos internacionales será hasta enero de 2027, cuando vencerán $633 millones, de una deuda original también de $800 millones, detalla S&P.
“El gobierno ha venido repagando íntegramente todas las obligaciones de corto plazo en circulación a su fecha de vencimiento; al día siguiente, ha estado emitiendo una nueva obligación de deuda al mismo tenedor (principalmente bancos locales) a un vencimiento de dos, tres, cinco o siete años (obligación que también ofrece un mayor rendimiento)”, explica la calificadora.
En pocas palabras, el gobierno ha hecho como muchos salvadoreños: prestan, pagan una parte y vuelven a prestar, pero cada vez la deuda se torna más cara por el pago de intereses.
VER: S&P mantiene en firme calificación de riesgo país para El Salvador
La agencia, que en abril de este año, en vez de mejorar la nota de El Salvador, informó que mantenía en firme la calificación de riesgo en “B” debido a los “persistentes riesgos fiscales”, enfatiza en este reciente informe que analizarán “caso por caso” las operaciones que haga el gobierno para pagar sus deudas y en qué condiciones ocurren.
“Las operaciones que percibimos como un canje de deuda en condiciones desventajosas (distressed) equivalen a un incumplimiento”, advirtió.
Crecimiento será menor al que dice el BCR
Además, el análisis de la agencia discrepa con las recientes proyecciones que ha hecho el Banco Central de Reserva (BCR) sobre el crecimiento económico para este año de hasta un 4%.
Según Standard and Poor’s, a pesar de la mejora significativa de las condiciones de seguridad, “el crecimiento económico se mantendrá lento dadas sus instituciones débiles”.
La agencia destaca que la sólida posición política del presidente de El Salvador le da la capacidad de impulsar reformas significativas, pero incluso así, espera que el crecimiento económico del país se desacelere a 2.5% en 2024 y en años posteriores.
Asimismo, el análisis apunta que una desaceleración económica en Estados Unidos, el mayor socio comercial de El Salvador y la principal fuente del alto flujo de remesas (25% del PIB), “probablemente signifique una desaceleración en la tendencia del consumo en el país durante los próximos años”.
Destaca que una débil confianza del sector privado, explicada principalmente por la incertidumbre sobre la política económica futura, se traducirá en niveles consistentemente bajos de inversión. “Estos factores son la razón por la que esperamos una desaceleración del crecimiento económico durante este año y en adelante, y estimamos que El Salvador tenga un PIB per cápita de alrededor de $5,400 en 2024”, indica.
Standard and Poor’s agrega que la mejora significativa de las condiciones de seguridad en El Salvador han propiciado un aumento de la movilidad interna del país, así como de los flujos de turismo y eso también ha impulsado el consumo local que ha impactado en el crecimiento económico del país de 3.5% en 2023.
“No obstante, la débil confianza de los inversionistas, derivada de la falta de pesos y contrapesos, así como una transparencia inadecuada, podría limitar el crecimiento de la inversión”, advierte la agencia.
También S&P apunta en su informe que las debilidades estructurales siguen pesando sobre la calificación soberana del país.
“El Salvador tiene un ingreso per cápita bajo, con modestas expectativas de crecimiento económico; carece de flexibilidad monetaria debido a la dolarización, y tiene un perfil externo relativamente vulnerable”, sintetiza la calificadora.
Otro aspecto que señala el informe de la calificadora de riesgo es que, pese a que el gobierno redujo los municipios de 262 a 44 y los escaños en la Asamblea Legislativa de 84 a 60 “con el objetivo de recortar costos fiscales y agilizar los procesos gubernamentales”, además de impulsar una campaña contra la pobreza y para la mejora de las condiciones socioeconómicas, “el gobierno aún no ha ofrecido muchas directrices sobre la implementación de las políticas”, dice en el documento.
En su discurso de toma de posesión del segundo mandato consecutivo, lo cual va contra la Constitución, Nayib Bukele afirmó que en este quinquenio se enfocará en “curar” la economía, pero advirtió que para ello la población tendrá que tomar “medicina amarga” sin quejarse.
El mandatario no dio detalles de esas medidas, pero en los últimos días varias instituciones estatales han comenzado a hacer despidos masivos de personal. El gobierno también ha hecho recortes de presupuesto en subsidios como el del gas y de energía, lo cual ha sido resentido por la población; y además han reducido más fondos destinados a las alcaldías, entre otros recortes.
En opinión de la calificadora, “muchas de las reformas estructurales necesarias para mejorar el perfil fiscal del país podrían ser más difíciles de conseguir dado el impacto de corto plazo que tendrían sobre la población”.