La economía salvadoreña se sostiene en un 78% del ritmo de tres actividades: remesas (26%), gasto público (20%) y exportaciones (31%). El resto está en manos de la economía informal y un sector empresarial con mucha inseguridad de invertir, señala un reciente análisis de Diálogo Interamericano elaborado por Manuel Orozco, director del Programa de Migración, Remesas y Desarrollo de dicha entidad.
El autor también es miembro principal del Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard y asesor principal del Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola.
“Este segundo período se empieza entonces con un endeudamiento que pesa sobre la carga pública y que refleja una situación más delicada, toda vez que las dos fuentes de crecimiento económico más importantes: las remesas y las exportaciones, no están creciendo”, apunta en su análisis.
El autor se basa en datos del Banco Central de Reserva (BCR) que indican que durante los primeros cinco meses de 2024 las exportaciones cayeron 5.3% y las importaciones crecieron 1.5%.
Entre enero y mayo de este año han ingresado $2,699.08 millones en exportaciones y las importaciones han implicado $6,571.88 millones, es decir un déficit en la balanza comercial de $3,872.8 millones.
VER: BID: Exportaciones salvadoreñas caen por baja demanda
Mientras que las remesas crecieron menos del 2%, apunta el autor. Asimismo, añade que las transferencias de Bitcoin y Chivo Wallet también han bajado de $39 a $29 millones.
Entre enero y mayo de este año, los ingresos en remesas fueron de $3,390.35 millones, según datos del BCR.
“El rol de las remesas es vital para este país , porque éstas son responsables del consumo nacional privado, y ante el bajo rendimiento económico del sector público y privado, fueron las remesas las que crecieron de 20 a 30 por ciento del consumo nacional privado entre 2017 y 2023. Es decir, si el gasto público creció y el consumo privado dentro de remesas también a 30 por ciento, la economía se desaceleró aún más”, explica Orozco.
Para el especialista de Diálogo Interamericano, el tema de las remesas es crítico por dos razones: primero por que éstas crecen principalmente en función de la migración, y segundo, por que su impacto en el crecimiento económico depende de su apalancamiento.
El experto considera que “la migración salvadoreña estará desacelerándose, no porque el país es más seguro, sino porque mucha gente se ha ido, y la capacidad de salir del país va disminuyendo ya que la carga económica y social de la fuerza laboral aumenta en la medida que ésta es menor que los de la tercera edad y los menores de edad”.
Ante ello, añade que la disminución migratoria significará que el volumen de remesas no crecerá en más de 30,000 nuevos hogares que reciben dinero.
Pero además Orozco destaca que El Salvador no cuenta con una estrategia de inclusión financiera que se base en formalizar el ahorro e inversión de los hogares receptores de remesas, lo cual reduce la capitalización de la capacidad de ahorro y su colocación en el mercado financiero.
En cuanto a las exportaciones, el análisis plantea que “El Salvador carece de complejidad económica”, ya que la venta de sus productos bajo el régimen del TLC con EE.UU. (CAFTA, por sus siglas en inglés) y el acuerdo de Asociatividad Comercial con la Unión Europea (UE) en un 90% se concentran en diez rubros, de los que la exportación de textiles captura más del 70% de lo exportado, y el café y azúcar abarcan el 15%.
“Un cambio en la competencia global, en el clima de inversión hacia este país, reduce el rendimiento exportador”, considera.
Y en cuanto al tercer rubro que sostiene la economía: el gasto público, el especialista advierte que “está en riesgo de crecer menos debido al endeudamiento que ya ha adquirido el gobierno, y sus obligaciones de pago externas e internas”.
En casi cinco años del actual gobierno, la deuda pública total de El Salvador sobrepasó los $30,000 millones, una cifra histórica para el país.
En la administración de Nayib Bukele, el país pasó de deber $19,280.9 millones a deber $30,069.28 millones, pues en el primer período presidencial acumuló una deuda de $10,788.38 millones, según datos del Banco Central de Reserva (BCR) hasta abril de 2024.
El impacto de la deuda de pensiones
Orozco considera que “para estabilizar la economía con mejores ingresos que reflejen mejorías en los indicadores macroeconómicos y bienestar social, es importante que el país aproveche los próximos años en invertir en capital humano, inclusión financiera, y un pacto fiscal transparente que resuelva su deuda con las pensiones de trabajadores”.
El experto apunta que no se puede ignorar el impacto del endeudamiento sobre el fondo de pensiones y consigna que hasta abril de 2024 el gobierno se había endeudado con el fondo de pensiones en más de $1,600 millones.
“El mecanismo utilizado para este endeudamiento no es transparente, pero más importante: se ha usado para financiar el gasto del gobierno, sin saber cómo logrará pagar esa deuda en el futuro. Frente a los retos económicos del momento, la imposibilidad de pagar ese fondo tendrá consecuencias sobre los jubilados en el futuro. No solo no podrá sostenerse el gasto, tampoco se evitará una saludable recuperación de la deuda con el fondo de pensiones”, analiza Orozco.
