Los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron el pasado 20 de junio una serie de reformas a la ley que dio paso a la creación del Ente Nacional de Transmisión Eléctrica (ENTE), una institución que vino a sustituir, desde febrero pasado, las funciones de la Empresa Transmisora de El Salvador (ETESAL).
En este sentido, una de las reformas que aplicaron los legisladores es la de permitir que ese ente pueda saltarse aún más los controles y la rendición de cuentas, y de esa manera no tenga como requisito lo regulado en la Ley de Compras Públicas cuando se trate de contrataciones o adquisiciones con fondos públicos.
“Se excluye de aplicación de la Ley de Compras Públicas, única y exclusivamente cuando sean procesos de adquisición y contratación (…), se utilicen fondos públicos y siempre que estos sean ejecutados por las empresas del ENTE”, señala la modificación al Art. 14 de esa ley que aprobaron los diputados.
VER: Gobierno pide a la Asamblea crear Ente Nacional de Transmisión Eléctrica
Desde el momento en el que se aprobó la creación de la entidad, distintos analistas, tanto económicos como abogados, cuestionaron el papel de la nueva institución, la cual tiene facultades como crear sociedades con fondos del Estado sin rendir cuentas.
Sin embargo, ya con la nueva modificación, sus facultades van más allá y, según explica el economista Rafael Lemus, ENTE podrá ahora emitir deuda, colocar títulos valores o tomar contratos a más largo plazo, esto sin ser supervisado por instituciones como la Corte de Cuentas.
Lo anterior debido a que ENTE ha sido constituida como una sociedad anónima (S.A.), algo que la convierte en una empresa que, pese a que ha sido fundada a partir de fondos públicos y podrá recibir estos fondos para realizar proyectos, no puede ser auditada o no necesita rendir cuentas, algo que va de la mano con prácticas de opacidad ya consolidadas en este gobierno.
Esta empresa, apunta Lemus, es similar al caso de LaGeo, es decir, que “son sociedades anónimas constituidas con fondos públicos que quedan fuera del control del gasto, algo que va en contra de la transparencia, de la rendición de cuentas y es proclive a facilitar la corrupción”.
Similar opinión tiene el también economista Ricardo Castaneda, quien apunta que esta decisión de dejar al ente fuera de los controles de la Ley de Compras Públicas, “viene a confirmar que prácticamente en este gobierno insisten en practicar una política de opacidad”, debido a que la institución se suma a otras que ya cuentan con este tipo de mecanismos.
Un ejemplo de ello es la Dirección de Obras Municipales (DOM), la cual también tiene la facultad de realizar compras y contrataciones sin las debidas licitaciones, algo que puede prestarse a la adquisición de bienes y servicios a sobreprecio o a la facilitación de contratos a personas cercanas al gobierno y con conflictos de intereses.
Por ello, Castaneda subraya que estas prácticas se han convertido en “en la norma y no en la excepción”, pues ya son muchas las ocasiones en las que los diputados han dado aval a este tipo de acciones para que el gobierno, o empresas dependientes, se salten los mecanismos de transparencia en los procesos de compras públicas.
“En la medida en que no se respeta el marco legal institucional todo esto genera menos transparencia y más opacidad, y usualmente esta fórmula suele dar como resultado posibles casos de corrupción”, sostiene Castaneda.
Esta opacidad es denominada por Lemus como una “caja negra”, pues debido a que la entidad ha sido constituida como una empresa privada, “no hay forma de saber qué compra, qué vende, cuánto es el ingreso, etc. (…) Pueden hacer lo que quieran y no se darán cuenta los dueños de esos fondos públicos que son todos los contribuyentes”, señala.
El mecanismo de creación de ENTE es similar al origen de la empresa Chivo, S.A. de C.V., la cual fue creada luego de que se aprobó la Ley Bitcoin en el país en 2021, y bajo la cual se creó la plataforma Chivo Wallet, destinada funcionar como medio para transacciones con ese criptoactivo en el país.
De hecho, ETESAL es una de las empresas del Grupo CEL que, junto con la Compañía de Luz Eléctrica de Ahuachapán (CLEA, S.A. de C.V.), están tras la formación de la empresa Chivo, la cual a su vez no rinde cuentas acerca de sus gastos de funcionamiento.
Según los pocos datos que ha publicado el presidente Nayib Bukele, Chivo entregó hasta $120 millones en bonos a los usuarios que se registraron en la aplicación, sin embargo, esa cifra y los demás gastos de fondos públicos no pueden verificarse debido a que está fuera de los mecanismos de control y auditoría.
Algunos de los cambios en la ley
Además de la exoneración de los procesos de licitación enmarcados en la Ley de Compras Públicas, la modificación también le otorga a ENTE la totalidad de las acciones a título gratuito de la Compañía Eléctrica Cucumacayán, por lo que esta empresa no necesitará concesiones para la explotación del recurso hídrico. De esta manera, el ENTE no solo se centrará en la transmisión de energía sino que también participará en la generación eléctrica a través de esa empresa que opera en occidente.