La propuesta de reforma al Sistema de Ahorro para Pensiones, que recientemente presentó el Ejecutivo a la Asamblea Legislativa y que ya está siendo estudiada por una comisión Ad Hoc, podría no incluir, entre los supuestos beneficios, a cerca de un millón de personas, cuyas cuentas individuales son consideradas como pasivas dentro del sistema de ahorros previsionales.
Esto según lo detalla el fundador y representante de la Mesa de Trabajo para una Pensión Digna, Patricio Pineda quien, desde que se anunció la propuesta, ha cuestionado muchas de las medidas que incluiría, entre las que destaca el tema de la falta sostenibilidad, algo que ha sido señalado por economistas y abogados.
En términos más puntuales, esas denominadas cuentas pasivas son, básicamente, personas que alguna vez cotizaron en el sistema de pensiones y que, por distintos motivos, dejaron de laborar y, por ende, de seguir acumulando fondos en sus cuentas individuales.
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Según Pineda, el gobierno debería tomar en cuenta a esas personas para que también puedan ser beneficiadas en el marco de la propuesta para cambiar la ley, pues, pese a que la ley aún vigente establece que estas personas tienen derechos específicos en el Art. 126, no hay cambios significativos en la nueva propuesta, apunta el experto.
Lo anterior, por ejemplo, se refiere a que una persona tiene derecho a obtener ese saldo, que logró cotizar, siempre que alcance la edad de jubilación (55 años para las mujeres y 60 para los hombres), y de hecho, la ley actual permite que el trabajador decida si recibe un solo pago o distintas cuotas hasta agotar sus fondos, lo cual se mantiene en la propuesta de cambios que realiza el gobierno.
Sin embargo, el hecho de que estas personas tengan que esperar a alcanzar esa edad para obtener sus fondos cotizados es algo que debería modificarse, según Pineda “son personas que por problemas estructurales del país han entrado en lo que se conoce como una de las categorías de alta vulnerabilidad social, las cuales son: desempleo, enfermedades graves o secuelas por algún accidente laboral o producto de la violencia”.
198,000 jubilados
Es el número actual de personas que reciben una pensión. Esta cifra podría aumentar en el futuro.
Por lo anterior, el especialista considera que estos factores deben ser tomados en cuenta para que una persona, que está en uno de esas categorías de vulnerabilidad, pueda acceder a sus fondos, pues muchos de ellos se encuentran en rangos de edad entre los 40 y los 60 años que, pese a que es una edad laboralmente activa para muchos salvadoreños, para aquellos que perdieron sus empleos por distintas circunstancias es una edad muy difícil para volver a colocarse en el mercado laboral.
Aún así, Pineda recalca que desde 2020 el Art. 126, de la actual ley, contempla la posibilidad de devolver sus ahorros a una persona que adolezca de una enfermedad grave, dictaminada por un médico, algo que debe ser tramitado por la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP), en la que esté afiliada la persona enferma.
No obstante, y pese a que ese decreto indica que debe resolverse a favor, Pineda considera que las AFP ponen candado a la liberación de esos fondos a partir de las normativas técnicas con las que funcionan, algo que el especialista cuestiona, pues una normativa técnica no puede estar por encima de un decreto de ley. “Le están trabando los procesos a la gente”, apunta Pineda.
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Diputados deben considerar a estas personas en estudio
Debido a que la propuesta de reforma está siendo estudiada por hasta 11 diputados de la Comisión Ad Hoc, el representante de la Mesa por una Pensión Digna reitera que los diputados deberían tomar en cuenta a estas personas cuyos fondos se han convertido en cuentas pasivas, sobre todo, a aquellas que adquirieron enfermedades en momentos posteriores a haber dejado de cotizar en el sistema.
“(Las cuentas pasivas) son personas que por problemas estructurales del país entraron en vulnerabilidades como desempleo, enfermedades, o secuelas por accidentes”.
Patricio Pineda, FUNDADOR DE MESA DE TRABAJO POR UNA PENSIÓN DIGNA
Para el experto en el tema, algo que puede solucionar esta situación es un decreto transitorio que le permita a las AFP asignar escalas a los casos de las personas y, con respecto a eso, determinar el porcentaje que se les podría devolver aunque no tengan edad de jubilación, algo que afirma que se ha implementado en otros países como Perú.
Sin embargo, señala que en El Salvador, el panorama aún no está listo pues, para ello, el gobierno necesita, primero, tener el dato preciso de cuántas personas se encuentran en ese tipo de situación.
Hace falta un censo
Algo que señala el representante de la Mesa de Trabajo para una Pensión Digna es que también es necesario que el gobierno realice un censo para establecer de manera precisa estos grupos poblacionales, pues el dato más reciente sobre la cantidad de personas que forman parte de estas cuentas pasivas es de 2019, por lo que el número de esas cuentas, en la actualidad, podría ser incluso superior a las que reporta la Mesa.
$17,824 millones
Es el monto correspondiente a la deuda que tendría el gobierno con respecto al pago de pensiones.
“El gobierno debe honrar a estos sectores y que haga censo porque no hay cómo conocer el dato de cuántas personas están en esta situación (cuentas pasivas)”, señala Patricio Pineda.
Además, y más allá del tema de las cuentas pasivas, el representante de la Mesa también añade que un censo sería muy útil para determinar la viabilidad de la propuesta de reforma, pues considera que en 2030 habrá un “estrés financiero” porque el número de pensionados será mucho más alto que los 198,000 que hay actualmente, y porque muchos tendrán pensiones mínimas de $400 que podrían no ser sostenibles en el tiempo.
A la fecha, según economistas, el gobierno tiene una deuda de pensiones de unos $17,824 millones, una cifra que podría aumentar más.