El pasado 5 de diciembre, el abogado constitucionalista Enrique Anaya expresó, de forma contundente, en su cuenta de Twitter, que el proyecto que el Ejecutivo, presidido por Nayib Bukele, envió a la Asamblea Legislativa y que consiste en una nueva ley de pensiones, “es una farsa” debido a que supone la pérdida de los ahorros de los trabajadores salvadoreños.
¿Pero qué significa esto? El experto en temas jurídicos, y que también participó en la formulación de la reforma que permitió el aumento de la pensión mínima en 2017, explica a El Diario de Hoy que, además de que el proyecto no es distinto de la ley actual (y aún vigente), el mismo podría darle más libertad al gobierno para tomar los ahorros de los cotizantes.
Una muestra de ello es el tema de los Certificados de Obligaciones Previsionales (COP), los cuales son básicamente, títulos valores que en la actual ley se llaman Certificados de Inversión Previsional (CIP).
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Estos certificados le permiten al gobierno poder tomar dinero prestado de los ahorros que manejan las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), con un interés (a la fecha) bastante bajo, lo que se traduce en una deuda muy alta, actualmente de unos $7,900 millones, y con un rendimiento bastante bajo para los cotizantes.
$7,900 millones
Es lo que el gobierno ha tomado prestado de los ahorros de los trabajadores, algo que no se ha aclarado cómo se pagará con el nuevo sistema.
La nueva propuesta, no obstante, promete que ese interés sería de un 7% anual, aunque esto podría no ser sostenible en el tiempo.
En este nuevo proyecto de ley, el gobierno no pone límite a esas colocaciones, pues el Art. 82 de la propuesta señala que el Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP), entidad que se creará en el marco de la nueva ley, podrá emitir esos COP sin límites, cuando la ley aún vigente, tras una reforma en 2012, establece que el Ejecutivo solo puede tomar prestado hasta un 45% del total de los ahorros de los trabajadores.
Esos fondos el gobierno los utiliza para obtener liquidez y pagar, con los ahorros de los aún cotizantes, las pensiones de las personas que se jubilaron bajo los anteriores sistemas (INPEP e ISSS) a través de la figura del Fideicomiso de Inversiones Previsionales (FOP), el cual según los ministros de Trabajo y Hacienda, Rolando Castro y Alejandro Zelaya, respectivamente, desaparecerá para que “ningún gobierno actual o futuro tome ese dinero”.
Sin embargo, esa colocación de los CIP, que pasarán a llamarse COP si la ley se aprueba según lo planteado, serán administrados por el ISP, es decir, el mismo gobierno, y debido a que la redacción del anteproyecto no pone límites a la colocación de esos certificados, podrán obligar a las AFP a invertir en esos títulos valores por el monto que el gobierno requiera, señala Anaya.
Esta obligación puede observarse en el Art. 7 del proyecto de Ley Especial para Emisión de Certificados y Disolución del FOP, en el cual se establece que “… las AFP deberán adquirir con los recursos de los fondos de pensiones que administran, la totalidad de los COP de cada emisión”, los cuales se colocarían en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, y sin límites como ya se señala en el Art. 82 del proyecto de ley que busca formular un nuevo sistema de pensiones.
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En tanto, Anaya reitera que “a estas obligaciones del FOP, que ahora absorberá el ISP, solo se les cambiará el nombre, y la desventaja es que no habrá limites para su emisión. Creo que el gobierno se llevará los ahorros”, apunta el abogado constitucionalista.
“(Con los Certificados de financiamiento de transición) nos seguirán quitando los intereses (…) Los estragos para los cotizantes que se jubilen en el futuro van a ser terribles”.
Enrique anaya, abogado constitucionalista
Dentro de todo lo relacionado a los CIP y a los nuevos COP, algo que ha sido catalogado por el abogado como algo confuso, cabe preguntarse qué pasará con los certificados emitidos con el sistema actual y que, una vez entre en vigencia la nueva ley pasen a ser administrados por el ISP.
En este punto, el proyecto de ley para las nuevas emisiones señala en el Art.11 que los títulos valores ya emitidos, y que están en poder de las AFP, serán sustituidos por nuevos títulos llamados Certificados de Financiamiento de Transición (CFT) y los anteriores CIP serán transferidos al ISP.
Con respecto a estos cambios, que son los más notorios si se compara el actual sistema con el que se pretende instalar, Anaya cuestiona que dentro del proyecto de ley no se especifica cuál será el plazo o el interés con el que el gobierno asumirá el compromiso de deuda que ya tiene con los cotizantes a través de los CFT.
“Simplemente nos seguirán quitando los intereses”, señala el constitucionalista, a la vez que agrega que “los estragos para los cotizantes que se jubilen en el futuro van a ser terribles”.
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¿Qué son el fop y los certificados de obligación previsional?
FOP significa Fideicomiso de Obligaciones Previsionales y es un mecanismo legal aprobado en 2006, durante el gobierno de Antonio Saca, para que el Gobierno pueda sacar dinero de las cuentas privadas de los cotizantes de las AFP y con eso pagar a los jubilados del ISSS y el INPEP. En ese año el Gobierno decía que ya no tenía dinero para pagar las pensiones de los jubilados y con ese fideicomiso lograba dinero fresco para pagar inmediatamente a los jubilados mientras que a los cotizantes les prometió pagar a plazos de hasta 25 años.
Para obtener el dinero se creó la figura de los Certificados de Inversión Previsional (CIP) que debían emitirse cada tres meses para obtener el dinero de forma rápida. En el nuevo proyecto los CIP pasan a llamarse Certificados de Obligación Previsional (COP) y el gobierno podrá emitirlos de forma ilimitada y podrá seguir tomando dinero prestado de los trabajadores pese a que la nueva ley eliminará el FOP.