El primer mandatario Nayib Bukele anunció que la empresa turca Yilport conformará una empresa de economía mixta junto a la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) para operar los puertos de Acajutla y La Unión durante los próximos 50 años.
"Este tipo de operaciones no son, esencialmente, algo malo. Lo importante es poder sopesar el costo beneficio para el país, cuánto recibe respecto a lo que entrega. Y, por tanto, que se haga un análisis técnico", comenta el economista Rafael Lemus.
LEA MÁS: Medidas de Gobierno para economía son "amargas, pero no medicina", según expertos
Sin embargo, en el breve video que usó para socializar el acuerdo, no incluyó detalles cruciales para saber cuán conveniente es para el país la operación. En primer lugar, ¿por qué se le adjudicó la oportunidad de forma directa a la empresa turca y no se optó por hacer un proceso de licitación pública?
El Gobierno entregará un negocio de manera directa a una empresa, sin que esta se tenga que someter a un proceso de elección como el que enfrentaría en un concurso público internacional, en el que varias sociedades pueden brindar sus ofertas, por lo que el Estado tendría la oportunidad de escoger la mejor. Yilport, por ejemplo, solo cuenta con dos de sus terminales (Gemlik en Turquía y Marsaxlokk en Malta) entre los 100 primeros puestos del Índice de Desempeño de los Puertos de Contenedores (CPPI), del Banco Mundial.
Para el costarricense Guillermo Matamoros, exsecretario técnico del Consejo Nacional de Concesiones de Costa Rica, lo habitual es que este tipo de cesiones se hagan a través de un concurso. Sobre todo porque la empresa que empezará a manejar el puerto no solo se encargará de eso, sino que hará las alianzas estratégicas con las navieras y demás actores de la industria.
"En Costa Rica somos reacios a este tipo de contrataciones, porque hay desconfianza. Por eso, allá pensamos que entre más transparente sea, mejor se maneja, no solo de cara a la ciudadanía, sino para el sector empresarial, que es el que usa el proyecto", comentó Matamoros en una entrevista dada a El Diario de Hoy en marzo de este año.
¿Qué fue lo ofrecido por la empresa como para que no se pensara en una competencia? Se trata de la entrega por medio siglo de bienes del Estado a una entidad privada, que compartirá la propiedad con CEPA, pero no se ha respondido en qué porcentaje. Lo habitual, como lo menciona el costarricense Matamoros, es que esto se haga vía concurso público porque, así, es posible conocer todos estos detalles. ¿CEPA será dueña del 50 % de la compañía de economía mixta o de un porcentaje menor? ¿Cómo se entregarán las utilidades al Estado y a Yilport?
En El Salvador, han existido malos precedentes con compañías de economía mixta, donde la parte pública es la última en recibir su parte de las ganancias o nunca las percibe. El ejemplo más claro es el de Alba Petróleos de El Salvador, en la que las alcaldías que poseían el 40 % de sus acciones nunca tuvieron voz ni voto en las decisiones tomadas con los millones de dólares provenientes de Venezuela. Los balances financieros muestran que los gobiernos municipales nunca recibieron utilidades por su participación accionaria.
Las empresas de economía mixta tampoco han tenido los mejores resultados en el campo de la recolección de desechos sólidos. Así lo sostiene Cayetano Cruz, concejal de San Salvador Este, quien propuso (durante su campaña electoral) su eliminación como una de las maneras para que los municipios hicieran un uso más eficiente de los recursos.
Hasta el momento, desde el oficialismo se ha dicho que la turca Yilport invertirá $1,615 millones y que este monto se erogará por etapas. ¿Cuáles son esas etapas? ¿Qué infraestructura estará obligada a construir? ¿Qué tipo de equipos deberá adquirir? ¿Cuál será la entidad contralora de que se cumpla el acuerdo de la inversión? ¿Cuántos años le tomará a la empresa recuperarla?
El papel de la Asamblea Legislativa
Ruth López, jefa jurídica de Anticorrupción y Justicia de Cristosal, lanzó a través de su cuenta en X otra pregunta pertinente: ¿Concesionaron los puertos sin la autorización de la Asamblea Legislativa? Según el economista Rafael Lemus, toda concesión de un bien público por parte del Estado a un privado requiere de dos autorizaciones del primer órgano del Estado. La primera, en la que se da el visto bueno al inicio del proyecto y pasa, entonces, a un proceso de revisión.
En un mundo ideal, el equipo jurídico de la Asamblea Legislativa revisaría con lupa cada aspecto de la concesión de este bien público, con el único objetivo de asegurar que se trata de un trato justo para el Estado. En el pliego se incluirían, por ejemplo, aspectos tan específicos como las tarifas a cobrar o cuál es la previsión de las utilidades por año en todo lo que durará el acuerdo.
Esto, por tanto, es un proceso destinado a durar meses, en los que también tienen que haber discusiones. Pero la realidad de El Salvador es que la Asamblea Legislativa se ha convertido en una entidad subalterna del Ejecutivo. Es esperable, por tanto, que ambas aprobaciones se hagan con dispensa de trámite.
A pesar de que se ha dicho que esta concesión forma parte de un plan integral para impulsar la economía, lo cierto es que ha dejado claro, para expertos, que el gobierno no ha tenido claro cuál será su estrategia respecto a los puertos del país. Hay un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por $84 millones para "aumentar la eficiencia portuaria", que El Salvador ya adquirió y que, por tanto, deberá pagar. Y existieron gestiones para obtener un crédito por $350 millones con el Eximbank de Corea.
"Estos préstamos no tienen sentido si el plan es el de concesionar el puerto, pues se da el control de ese bien, precisamente, para atraer la inversión para mejorarlo. No hay una estrategia", dice el economista Rafael Lemus.