El Centro Nacional de Registros (CNR) todavía no ha puesto a disposición del público la información relacionada con la Unión Portuaria del Pacífico, la sociedad de economía mixta que la empresa turca Yilport y la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) han conformado para el manejo de los puertos de La Unión y Acajutla.
Por lo tanto, todavía no es posible consultar datos cruciales del acuerdo, cómo cuáles son los bienes con los que CEPA entró en la sociedad o cuál será el mecanismo para la entrega de las utilidades generadas por ambas terminales. Tampoco cuál es el capital que ha aportado Yilport para su inicio, información que está reflejada en el acta de constitución de toda empresa.
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No hay constancia de que esos documentos hayan sido presentados ante el CNR. Esto limita la contraloría que pueden ejercer los ciudadanos.
Otro aspecto preocupante del acuerdo por los puertos es que no está claro quien será el contralor. No puede ser CEPA, pues sería juez y parte. Federico Anliker, su presidente, dio algunas luces, mencionando que este papel lo jugará la Fuerza Naval, una de las tres ramas que conforman la Fuerza Armada de El Salvador. Verificar el buen uso del puerto estará en manos de los militares.
"Le vamos a pedir a la Naval, que es el ente regulador marítimo en el país, que conceda, pidiéndolo como la sociedad de economía mixta, que conceda una licencia para que puedan explotar la parte administrativa y operativa del puerto de Acajutla y del puerto de La Unión", dijo.
"La Naval, ¿qué experiencia tiene de supervisar concesiones? Ninguna fuerza naval supervisa ese tipo de operaciones en otra parte del mundo. Una cosa es la operación de puertos y otra es la cuestión marítima", comenta un experto en el tema portuario.