En proyecto de ley que podría dar paso a un nuevo sistema de pensiones parece no variar mucho de la ley que aún sigue vigente, de acuerdo con el análisis del abogado Enrique Anaya, quien ha señalado que el mismo es “una farsa” por no contener los cuatro principios básicos sobre los que debe sustentarse un sistema de ese tipo, según apunta.
En primera instancia, afirma, “este proyecto se ha dicho, de forma propagandística, que es un nuevo sistema de pensiones, pero lamenteblemente no lo es”.
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Lo anterior, según Anaya, porque un sistema de pensiones debe enfocarse en atender cuatro dimensiones, las cuales son la sostenibilidad financiera, una cobertura adecuada, suficiencia de los beneficios por prestación y equidad en los beneficios.
No obstante, señala, que el proyecto que la Comisión Ad Hoc, conformada por 11 diputados, comenzó ya a estudiar no posee esos principios, pues la considera como una propuesta “limitada” que solo aborda, aparentemente, el tema de la suficiencia en los beneficios, debido a que el gobierno ha señalado que aumentará la pensión mínima $400, aunque dentro del proyecto establece algo que no coincide con ese aumento, por lo que el abogado añade que, entonces, no se está abordando ninguna de las dimensiones.
Puntualmente, el Art. 114 del proyecto de ley no considera una pensión mínima de $400, sino que deja claro que la misma es de $304.17, algo que, de aprobarse la ley con esa redacción, no estaría en línea con el discurso oficial, apunta el constitucionalista.
Por ello, Anaya considera que, debido a esa redacción, podría ocurrir que siempre hayan pensiones menores a los $400.
“Medida es regresiva”
Pese a que el Art. 98 del mismo proyecto de ley establece que la pensión máxima que recibiría un pensionado es de $3,000, esto abre paso a que la inequidad en el sistema se amplíe, según Anaya, pues el mismo contempla en otro de sus artículos que habría un aumento del 30% a todas las pensiones.
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Al realizar un cálculo, una persona cuya pensión resulte en $300 recibiría solo $90 más con ese aumento, mientras que otra persona con una pensión de $2,000 podría recibir hasta $600 en aumento.
“Es una medida regresiva porque va a beneficiar más a los que tienen pensiones más altas y no a los que tienen pensiones bajas”, señala el abogado.
Dentro de este punto, Anaya también cuestiona que “no hay medidas que garanticen que exista sostenibilidad en el sistema”, pues con el aumento los ahorros de los jubilados se acabarán más rápido y el gobierno tendrá que utilizar más los fondos de los demás cotizantes como subsidio.