El panorama para el sector agropecuario en el país sigue envuelto en incertidumbre por varios problemas que, desde 2021, han venido afectando a los agricultores salvadoreños, los cuales aún no han visto alternativas palpables o propuestas que vengan a solucionar esas problemáticas.
Lo anterior a pesar de que en el seno de la Comisión Agropecuaria de la Asamblea Legislativa se comenzó a estudiar, el pasado lunes 21 de agosto, un proyecto de Ley Integral de Comercialización Agropecuaria que, en teoría, busca abordar las distintas crisis relacionadas con la producción agrícola, incluyendo las alzas en los precios de los granos básicos o el abastecimiento ante una posible escasez de alimentos.
Según el documento de la iniciativa, esta “tiene como finalidad regular las actividades tendientes a mejorar la productividad, la rentabilidad y la competitividad de los agronegocios, así como de sus cadenas agroproductivas, equilibrar los precios de los productos que componen el mercado agrícola en El Salvador, con el propósito de disminuir las distorsiones de precios atendiendo sus causas, reduciendo de tal manera la vulnerabilidad alimentaria del país”.
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Sin embargo, los representantes de asociaciones como la Mesa Agropecuaria Rural e Indígena, o la Asociación Cámara de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios (CAMPO), consideran que este proyecto de ley no ayudará a solucionar los problemas estructurales que ha enfrentado el sector desde mediados de 2021, los cuales incluyen las constantes alzas en los insumos agrícolas, que han derivado en una disminución de la producción nacional y, más recientemente, los eventos climatológicos como el fenómeno de El Niño que también amenaza con mermar aún más los cultivos de granos básicos.
Solo para el ciclo agrícola de 2023-2024 los productores agrícolas pronostican una pérdida de entre 6 y 8 millones de granos (entre maíz, frijol, arroz y sorgo), por lo que atender esta situación tiene un carácter de urgente; no obstante, la propuesta de ley está enfocada en la comercialización y en los centros de abasto.
Puntualmente, el documento que contiene el borrador de esa posible ley indica que “se pretende establecer un Sistema Nacional de Abastecimiento Agropecuario que conecte todas las actividades del sector agropecuario, desde la producción hasta el consumidor final”. Este Sistema Nacional, además, incluirá varios subsistemas que, en el mediano o largo plazo sí podrían beneficiar a los productores, sin embargo, un subsistema como el de las Centrales de Abasto podría, por el contrario, afectarles en el corto plazo.
La razón es debido a que, según los productores, estas centrales de abasto podrían utilizarse como una excusa para promover la importación masiva de alimentos e introducirlos al mercado, algo que iría en detrimento de los productores agrícolas que tendrían que competir con estos productos extranjeros.
En este sentido, Luis Treminio, presidente de CAMPO, señala que “se están haciendo las cosas al revés porque lo primero que tenía que hacer es fortalecer la producción nacional para después tener productos para abastecer los centros de abastos. Al no tener producción local van a justificar las importaciones”, apunta.
Esta situación no es ajena para el sector, el cual en 2020 tuvo que enfrentarse a una realidad similar cuando el Ministerio de Agricultura, en ese entonces presidido por el exministro Pablo Anliker, optó por comprar alimentos (incluidos frijoles y maíz) a productores mexicanos, específicamente del estado de Sinaloa, en lugar de comprarle granos a los agricultores salvadoreños, todo en el marco del Programa de Emergencia Sanitaria, entorno al cual el gobierno entregó miles de paquetes con alimentos.
Similar opinión que la de Luis Treminio tiene el coordinador nacional de la Mesa Agropecuaria, Mateo Rendón, quien considera que, más allá de solucionar las crisis del sector agrícola, a los involucrados en la propuesta de ley “les interesa su negocio que es la importación de granos”.
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Esto, además, se suma al hecho de que, según Rendón, las asociaciones de productores agrícolas no fueron consultadas por el MAG ni por las demás instituciones de gobierno que han participado en la iniciativa de ley, algo que coincide con la situación que, en los últimos años, han experimentado los productores, es decir, la poca apertura de las autoridades de Agricultura de cara a las dificultades que el rubro ha venido arrastrando.
Por ello, Treminio señala que más allá de una ley que regule la comercialización agropecuaria, lo verdaderamente necesario es que se emita una Política Nacional Agropecuaria, una propuesta que forma parte de muchas otras que las distintas asociaciones han venido recomendando desde hace más de un año, entre las cuales están la de crear una reserva estratégica de granos o facilidades crediticias para que los agricultores puedan desarrollar de mejor manera sus cultivos.
Hasta la fecha, los problemas como la inflación, el alza en los precios de los insumos agrícolas y la disminución en la producción han provocado que, por ejemplo, el precio de la Canasta Básica Alimentaria haya aumentado hasta en $47 en solo dos años, algo que ha orillado a las familias más vulnerables a disminuir las cantidades de alimentos que consumen, lo cual es un claro indicador de que el país ya está en una situación de inseguridad alimentaria.
De hecho, según un informe de la Red Mundial Contra las Crisis Alimentarias (GNAF, en inglés) concluyó que solo en 2022, hasta el 66% de las familias del país tuvo problemas para comprar sus alimentos debido a los altos costos, algo que podría empeorar si El Niño y una posible sequía terminan por afectar aún más los cultivos.