Presupuesto 2025 no incluye pago de nueva deuda de pensiones

El gobierno ha tomado cada mes millonarias sumas de dinero del fondo de pensiones de los trabajadores. Sin embargo, no ha programado pagos de esa nueva deuda para el próximo año, o al menos no está plasmado en el presupuesto 2025.

Tras la reforma de pensiones, aprobada en 2022 y que está vigente desde enero 2023, se creó una nueva figura para que el gobierno pudiera seguir tomando fondos de los cotizantes: los Certificados de Obligaciones Previsionales (COP), los cuales son emitidos por el nuevo Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP).

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Los COP son en realidad la nueva deuda de pensiones que el Estado está acumulando, pero que se desconoce cómo está siendo administrada porque no hay información pública vigente disponible.

El último presupuesto que publicó el ISP es el que comprende la ejecución de fondos entre enero y julio de 2023, el cual ascendía a $898.5 millones y de los que $570.5 millones eran para pago de pensiones y otros $314.3 millones estaban destinados a endeudamiento público.

Fuera de esa información, el ISP como encargado de programar los pagos de la deuda previsional y de emitir los COP para financiar las pensiones del sistema antiguo, no ha divulgado nada más sobre el presupuesto. Lo que sí se conoce, por medio del Banco Central de Reserva (BCR), es cómo crece la deuda con el fondo de pensiones, mes a mes. El último dato oficial es que hasta agosto de 2024 el saldo acumulado en los COP asciende a $1,835.65 millones.

Entre enero y agosto de este año la cuenta se elevó en $588.15 millones, mientras que de enero de 2023 a agosto de este año, es decir en 20 meses, aumentó en $1,788.85 millones.

Hasta 2023, los presupuestos generales de la Nación incluían en sus estimaciones de gastos los pagos de la deuda de pensiones. Era el Ministerio de Hacienda el que contemplaba entre sus compromisos el financiamiento para el Sistema Integral de Pensiones; de hecho, el último monto que reportó fue por $570.5 millones, la misma suma que luego el ISP contabilizó en su presupuesto.

Pero ya para 2024 ni Hacienda ni el ISP han dado cuenta del presupuesto para el pago de la deuda de pensiones. Es más, en el documento del Presupuesto para este año, Hacienda solo incluyó el siguiente párrafo: "Con la creación del Instituto Salvadoreño de Pensiones, el pago de las mismas pasa a su jurisdicción. Siendo el ISP una institución del sector público financiero, por tanto, no forma parte del Gobierno central y por ende no figura dentro del Presupuesto General del Estado 2024".

Eso ha dejado en el limbo la información al respecto, pues Hacienda no lo incluye y tampoco el ISP lo publica. Por ello, en el presupuesto 2025 ya ni siquiera se menciona una línea respecto a la deuda de pensiones. Parecería que es una deuda "fantasma".

En el sistema anterior estaba claro lo que se tenía que pagar a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) por el dinero que prestaba al gobierno de las cuentas de los cotizantes, pero ahora no está claro cómo se está haciendo.

Y ese saldo en los COP por $1,835.65 millones, hasta agosto, se suma a los $8,396.28 millones que el Estado ya le debía a los trabajadores hasta antes de la reforma de pensiones, aprobada en diciembre de 2022. Ese último monto es el que se acumuló mediante los Certificados de Inversión Previsional (CIP) que adquirieron las AFP, a través del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP), el cual fue eliminado en 2022 y esos CIP pasaron a llamarse Certificados de Financiamiento de Transición (CFT) bajo la nueva ley.

En total, entre la antigua y la nueva deuda de pensiones el saldo ya llegó a los $10,231.93 millones, hasta agosto 2024.

El economista Rommel Rodríguez explica que, debido a que los CFT están en período de gracia por cuatro años, no pagan capital ni intereses y, por lo tanto, son pasivos que no se incluyen en el presupuesto general; pero en cambio los COP sí pagan intereses porque es nueva deuda. Por eso considera que debería estar claro el pago de ese compromiso, pero agrega que en el caso del ISP, al ser una entidad del Sector Público Financiero, sus gastos no están explícitos en el Presupuesto General de la Nación.

Patricio Pineda, dirigente en la Mesa de trabajo por una Pensión Digna, considera que no se ha incluido la deuda de pensiones en el presupuesto para 2025, al igual que ocurrió en el de este año, debido al canje de la deuda en abril de 2023.

Sin embargo, señala que "eso implica la ausencia de responsabilidad del Estado que debe existir en materia de seguridad social, específicamente en pensiones".

Y añade que "no se toma en cuenta la opinión de los trabajadores. Esto denota la pérdida de valor que ha tenido el fondo de pensiones por el canje de la deuda y se agrava cuando lo traducimos a la pérdida de valor de cada cuenta individual. Es una muestra contundente de que el Estado ha sido irresponsable".

El economista y expresidente del BCR, Carlos Acevedo, explicó, durante una reciente entrevista radial en La Tribu, que el gobierno necesita cubrir cuatro tipos de gastos dentro del presupuesto anual: corrientes, de capital, amortización de deuda pública y de pensiones.

"Los ingresos propios alcanzan para cubrir gasto corriente y parte del gasto de capital, pero ya para cubrir otra parte de la inversión pública ya no alcanza y tampoco para las amortizaciones de deuda ni para pensiones", dijo, y agregó que para esos gastos que no alcanza a pagar requiere adquirir deuda.

Por lo que opinó que el presidente Nayib Bukele, cuando dijo que el presupuesto 2025 no iba a requerir deuda, omitió decir que se necesitará emitir deuda para pago de pensiones por alrededor de $600 millones.

Por otro lado, el monto que sí incluye el presupuesto del otro año en el rubro de pensiones es el del financiamiento al régimen del IPSFA (Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada) por $92.2 millones para dar cobertura a las prestaciones de personal militar, ya sea funcionario, tropa o empleado de la Fuerza Armada y sus beneficiarios. Esa suma es menor a la de este año de $93.7 millones, es decir $1.5 millones de recorte.

Y para las pensiones que paga el Seguro Social y Bienestar Magisterial ha programado $324.3 millones.

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