Cada año el gobierno programa fondos para la compra de bienes y servicios para todo el Estado, es decir para todas las dependencias de los tres órganos: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como para instituciones autónomas.
Ese dinero es aprobado por la Asamblea Legislativa dentro del presupuesto anual y para 2023 serán $356.5 millones y se financiará mediante los aportes de los contribuyentes, según el documento ya publicado en el Diario Oficial.
De acuerdo a las cifras del Ministerio de Hacienda, la partida presupuestaria destinada para el rubro de bienes y servicios de este año será $37.2 millones más que en 2022 cuando los diputados aprobaron $319.3 millones.
Los legisladores, incluso, dieron sus votos para aumentarle $1.6 millones al monto que Hacienda propuso en el proyecto de presupuesto, pues la estimación que el gobierno había hecho era de $354.9 millones.
Sin embargo, una tendencia recurrente en los presupuestos es que la Asamblea aprueba una determinada cantidad para el ejercicio fiscal, pero al final del año ese presupuesto se modifica y culmina con un gasto mucho mayor.
El año pasado, por ejemplo, aunque los legisladores aprobaron un monto, el gobierno elevó en más del doble el gasto tras su modificación a $682.2 millones para compras de bienes y servicios, según los mismos datos a de Hacienda a diciembre en el “Informe de seguimiento y evaluación de los resultados presupuestarios del Gobierno Central 2022”.
Eso también ocurrió en 2021 cuando los diputados le aprobaron al Ejecutivo un presupuesto para ese rubro por $444.4 millones, pero fue modificado a $651.7 millones, es decir lo aumentó en más de $200 millones.
De igual forma, en 2020, el monto votado en el Legislativo fue de $469.3 millones, pero luego fue modificado a $604.4 millones.
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Dado lo anterior, es alta la probabilidad que el gobierno gaste más en compras estales de lo que le han aprobado en el presupuesto de este año y más en un contexto en el que ha sido avalada la cuestionada Ley de Compras Públicas que elimina los controles sobre el uso de fondos públicos para la adquisición de bienes y servicios que establecía la Lacap (Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública).
Abogados, economistas y diputados de oposición han señalado que esa nueva ley fue creada para “legalizar la corrupción” mediante las compras del Estado.
Las instituciones con más fondos para hacer compras
Según el presupuesto aprobado para 2023, hay al menos 6 entidades estales que tendrán más fondos para la compra de bienes y servicios.
A la cabeza de la lista está el Órgano Judicial con $104.4 millones; luego le sigue el Ramo de Salud con $74.6 millones; después sigue el Ramo de Educación con $43.9 millones; el Ramo de Justicia y Seguridad con $33.5 millones; Agricultura y Ganadería con $23 millones; y Fiscalía General de la República con $13.6 millones, de acuerdo a los datos sobre gastos desglosado por institución.
La mayoría de las 28 carteras de Estado tendrán asignado entre $2 millones y $8 millones para sus adquisiciones. Pero hay 7 entidades, cuya partida para ese rubro es menos de un millón de dólares.
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¿En qué usarían los recursos?
En el documento que presentó el Ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, el año pasado donde se plantea cómo estaría estructurado el gasto para 2023, se indica que “estos recursos se orientarán a la atención de las necesidades básicas para el adecuado funcionamiento institucional necesario para la prestación de los servicios públicos a la población…”.
De esos recursos se menciona que se destinarán $86.4 millones para la compra de medicamentos e insumos médicos para la red hospitalaria y regionales de salud, así como $34.1 millones para compra de bienes y servicios para la PNC, Centros Penales, Migración y la Secretaría de Estado.
Además dice que asignarán $44 millones para el ramo de Educación, específicamente para programas como “Crecer juntos”, “Mi nueva escuela” y Proyecto Dalton, entre otros.
Sin embargo, no se detalla qué tipo de adquisiciones se harán o los montos específicos que han programado.
¿Cómo usaron los recursos en 2022?
De acuerdo al “Informe de seguimiento y evaluación de los resultados presupuestarios del Gobierno Central 2022”, en bienes y servicios el gobierno gastó $595.3 millones, lo que significó una ejecución del 87.3% con respecto al presupuesto modificado en el mismo concepto.
Pero en el documento no se pormenoriza cuáles fueron las adquisiciones que se hicieron con esos fondos o en qué instituciones específicamente, solo se plasma un párrafo con información general.
“Recursos con los cuales las distintas instituciones públicas adquirieron los bienes y servicios que sirvieron de soporte a las diferentes actividades de la gestión institucional como también, proporcionar los servicios públicos esenciales a la población en el contexto de la atención de necesidades derivadas de los efectos que continúan por el COVID-19”, se lee en el informe.