Aunque todavía no hay fecha para el inicio de la construcción del Aeropuerto del Pacífico, el cual se ubicaría en el Oriente del país, el presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), Federico Anliker, afirmó este miércoles que "pronto se pondrá la primera piedra" del proyecto.
Dicha construcción ha sido ampliamente cuestionada por los daños ecológicos que podría significar para la zona donde se pretende la construcción, así como también ha generado temor entre los pobladores, debido a que el gobierno podría desalojarlos para iniciar las construcciones.
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Un ejemplo de ello son los habitantes de la comunidad Flor de Mangle, ubicada entre La Unión y Conchagua, en la cual viven alrededor de 1,000 familias que se verían fuertemente afectadas si se construye dicho aeropuerto, pues ya han recibido la visita de empleados de CEPA que han tomado medidas del terreno.
“Del estero he llevado el sustento para criar a mis 14 hijos. Mis nietos siguen sobreviviendo gracias a ese trabajo de la extracción de curiles y punches. Yo igual continúo con el trabajo y no es justo que ahora el Gobierno tenga planes de quitarnos y destruir la zona para construir un nuevo aeropuerto”, dijo Salatiel Bautista, uno de los habitantes a El Diario de Hoy a finales de mayo.
Ante esas preocupaciones, Anliker dijo durante una entrevista en el canal estatal que son los periódicos los que "quieren hacer ver que estos proyectos van a afectar a la población, pero no es así".
"Estamos acercándonos a la población para darles opciones sobre dónde pueden reasentarse o ver qué pasará con sus tierras", afirmó el funcionario, quien no hizo referencia al daño ecológico que podría causar la construcción del aeropuerto, mismo que se pretende que esté cerca del otro proyecto denominado Bitcoin City, siempre en La Unión.
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Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil, así como representantes de partidos de la oposición han señalado el riesgo del proyecto y, de hecho, el ambientalista Luis González dijo a El Diario de Hoy, a finales de abril, que debe prevalecer la justicia ambiental, lo que implica realizar una consulta pública para conocer la opinión de los afectados y valorar el costo-beneficio.