La Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensiones (ASAFONDOS) publicó esta semana en su cuenta oficial de X, así como en esquelas en diferentes medios de comunicación escritos, información que desde el Estado salvadoreño había sido declarada, previamente, como reservada.
La entidad, que aglutina a las AFP, hizo pública, por primera vez, información que el pueblo salvadoreño solo había conocido a través de una fuente extranjera (la calificadora S&P Global Ratings), ajena a las dos partes de la negociación: que se le concedería al Gobierno un periodo de gracia para no pagar capital ni intereses a la deuda de pensiones por cuatro años.
ASAFONDOS debió publicar esta información como respuesta a una nota de El Diario de Hoy, en la que se reveló que cada trabajador perderá un promedio de $3,088 en su cuenta individual debido a este acuerdo. La institución dijo que no se perderá la ganancia porque esos intereses que ahora no se están pagando se cancelarán el futuro, aunque sin explicar con qué mecanismo opera este esquema.
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Por ello, es necesario hacerse la pregunta, si pudieron liberar información a la que anteriormente le habían puesto un candado, ¿qué les impide entregar el resto de información relacionada con la reforma de pensiones que han decidido poner en reserva por siete años?
Diferentes entidades de la sociedad civil han hecho solicitudes de acceso a la información pública, que han sido denegadas. Una de las organizaciones que pidió acceso a esos datos fue la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna, que entregó sus peticiones a las dos AFP, al Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) y a la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), esta última por ser la institución reguladora.
“Las hicimos en febrero (del año pasado). Las dos AFP no nos han respondido todavía, el ISP dijo que la información está reservada y la SSF se declaró incompetente para entregar esa información”, explicó Patricio Pineda, fundador de la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna.
La entidad solicitó una copia íntegra y certificada del acta de traspaso de los activos del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP) al Instituto Salvadoreño de Pensiones, así como el acta certificada en donde se designan a las AFP como representantes de los afiliados en el proceso de traspaso.
También pidió una copia íntegra y certificada del acta o constancia en donde se autoriza la emisión de los Certificados de Obligaciones Previsionales (COP) por parte del Consejo Directivo del ISP para el periodo del 1 al 31 de enero de 2023 y una copia íntegra y certificada en donde se refleje el monto de lo entregado por parte del Instituto a la Unidad de Pensiones del ISSS y a las AFP, para cubrir el pago de los beneficios durante el periodo del 1 al 31 de enero de 2023. Esto, ni más ni menos, es lo que se negaron a entregar desde todas las entidades. Pero no es la única información que mantienen con candado.
El ISP, por ejemplo, declaró reservada la información sobre las condiciones en las que el Estado pagará la deuda de pensiones, la misma que ASAFONDOS publicó sin restricciones esta semana. Para justificar la reserva, el oficial del ISP citó los artículos 19 y 20 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) referidos a asuntos aún en deliberación, información que compromete estrategias o que podría generar ventajas indebidas en perjuicio de terceros.
Las respuestas que aún deben las AFP, el ISP y la Superintendencia.
“Ya que las AFP abrieron la boca para este tema, sería bueno que ahora lo hagan para un montón de preguntas que todavía no tienen respuesta”, dice Patricio Pineda, fundador de la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna.
Una de esta interrogantes es: ¿cómo nos aseguran que las cuentas individuales no van a perder dinero como consecuencia de este periodo de gracia, en qué parte del acta bajo la cual se pusieron de acuerdo en el canje las AFP y el Gobierno aparecen las condiciones en las que se explica que, pese al impago, la ganancia se mantendrá íntegra?
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“La transparencia es urgente en este asunto. Las AFP se tomaron atribuciones que no les corresponden, recordemos que ellas son solo administradoras… el de las AFP y el Gobierno fue un acuerdo ilegal, avalado por la Asamblea Legislativa de Nuevas Ideas. Esto es meterle mano al dinero de los cotizantes”, comenta la diputada Silvia Ostorga, jefa de fracción de ARENA.
Por otro lado, debido a que el centro de un sistema de pensiones son sus cotizantes, es indispensable que esa información esté disponible en los estados de cuenta personales de cada trabajador, algo en lo que Ostorga hace hincapié.
De aquí que surja la segunda pregunta: ¿de qué forma van a reflejar, mensualmente, esos presuntos intereses diferidos que, actualmente, la cuenta no está percibiendo, habrá un apartado o pie de página que lo plasme?
Para Patricio Pineda, otra pregunta que deben responder, tanto las AFP como el Gobierno, es cómo van a garantizar esa rentabilidad prometida del 7 %, en específico, qué instrumento es el utilizado para lograrlo.
“Eso es algo que deben explicar, porque las instituciones públicas, donde está invertido el 80 % del fondo de pensiones, nunca superan ni el 5 %. Incluso han llegado a registrar rendimientos negativos, de menos 0”, comenta Pineda.
La última pregunta que se debe responder desde todas las partes involucradas es cuál es la suma que le fue trasladada al Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP), entre enero y abril de 2023, en concepto de activos y pasivos.
“Ya que hablaron, que respondan todo”, finaliza Pineda.