El pasado domingo se cumplió un año desde que el presidente Nayib Bukele anunció ante un público, que no era el salvadoreño, que enviaría a la Asamblea Legislativa una propuesta para convertir el Bitcoin en moneda de curso legal en el país, algo que ocurrió tres días después, y que fue aprobado sin discusión por parte de los diputados oficialistas.
Dicha ley fue aprobada entre la noche del 8 y la madrugada del 9 de junio de 2021, y 12 meses después desde ese acontecimiento, el criptoactivo es motivo de nerviosismo en los mercados internacionales, debido al colapso de su precio y la caída en la capitalización, algo que ha provocado pérdidas a los inversionistas, incluyendo a El Salvador.
Lo anterior porque, a la fecha, y con los pocos datos que el gobierno ha dado a conocer, podría calcularse que la implementación del Bitcoin le ha costado al país, al menos, unos $375 millones provenientes del dinero de los salvadoreños.
Esa cifra incluye el gasto de hasta $120 millones que, según las cifras del propio Bukele, se le han entregado en bonos de $30 a cerca de 4 millones de salvadoreños que se han registrado en la plataforma Chivo Wallet, así como los $105 millones que ha destinado en la compra de 2,301 unidades de Bitcoin.
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Es precisamente la compra de esos bitcoins lo que ya representa para el país una pérdida de hasta $33 millones, pues esas criptomonedas, que costaron más de $100 millones, actualmente están valoradas en poco más de $72 millones.
Sin embargo, no solo el tema de las pérdidas ha generado ruido desde que se aprobó la Ley Bitcoin en el país, sino también, el mal funcionamiento de la billetera Chivo, la cual generó problemas para los usuarios desde el primer día en que se puso a funcionar, en septiembre de 2021, tres meses después de aprobada la legislación.
En ese sentido, hoy también se cumplen nueve meses desde que entró en vigencia, y ante eso, economistas salvadoreños opinan que su implementación ha generado más desventajas que beneficios para el país.
Para el economista sénior del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), Ricardo Castaneda, lo primero que hay que lamentar entorno a la adopción del Bitcoin es la poca información pública que hay al respecto pues, como ya se dijo antes, son pocos los datos oficiales que se conocen y que pueden servir como un parámetro para calcular más o menos a cuánto asciende el gasto.
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Sin embargo, a esos $375 millones habría que sumarle el pago de salarios de los asesores de la empresa Chivo que se encargaron de promover la aplicación, así como todas las empresas de tecnología que ha contratado el gobierno para desarrollar la plataforma y para tratar de resolver sus errores.
“Las desventajas (de la ley) son muy grandes, la principal es que el costo de la implementación del Bitcoin lo tiene que pagar la población con sus impuestos, pues se han utilizado recursos públicos”, señala el experto en temas económicos.
$375 millones
Es lo que, por lo menos, habría gastado ya el gobierno en implementar el Bitcoin, según los pocos datos que ha hecho públicos.
En este punto también hay que tomar en cuenta que, a pesar del fuerte gasto del gobierno por impulsar su uso, la población continúa rechazado el Bitcoin para las operaciones del día a día, pues ni siquiera en el rubro de las remesas familiares, una de las justificaciones que utilizó Bukele para promoverlo, ha sido suficiente.
Ante esto, el expresidente del Banco Central de Reserva (BCR), Carlos Acevedo, afirma que “el Bitcoin fue una apuesta audaz y riesgosa, que hasta el momento ha resultado fallida”, debido a que menos del 2% del dinero que salvadoreños en el exterior envían a sus familiares ingresa en esa criptomoneda.
Un año de acontecimientos negativos
Desde que se aprobó la Ley Bitcoin, la situación financiera del país ha ido empeorando, pues en ese lapso de tiempo, el riesgo país ha aumentado de manera desmedida y a cifras históricas y las agencias crediticias han rebajado la calificación del país a la categoría de “bonos basura”.
Lo anterior, además, se suma a la falta de un acuerdo que el país necesita sellar con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el cual le ayudaría a mejorar la calificación de la deuda y el perfil de riesgo.
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Dicho acuerdo le otorgaría al gobierno salvadoreño hasta $1,300 millones para aliviar las finanzas públicas, sin embargo, como han señalado economistas anteriormente, no solo se trata de los fondos sino del respaldo que significaría para el país el lograr el acuerdo.
Lo anterior porque con una calificación de riesgo al nivel de bonos basura, y un riesgo país de más de 21 puntos del Índice de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI, en inglés), El Salvador no puede acceder a fuentes de financiamiento baratas que le permitan, en primera instancia, cumplir con el compromiso de pago del Bono 2023, que vence en enero próximo.
Sin embargo, hay que recordar que el FMI fue uno de los primeros organismos que se pronunció luego de que El Salvador aprobara la Ley Bitcoin, y en una de sus observaciones señalaba que su implementación representaba un riesgo para las finanzas públicas.
Por ello, economistas ya han advertido que la adopción del Bitcoin podría ser el principal obstáculo por el cual no se logra cerrar dicho acuerdo, mientras que el gobierno intenta buscar otras alternativas como la emisión de bonos respaldados en ese criptoactivo.
No obstante, esa emisión se encuentra también estancada, presumiblemente por el bache en el que se encuentra el mercado de las criptomonedas, por lo que Acevedo añade que “en este escenario sería imprudente realizar la emisión de los $1,000 millones en esos bonos”.
Con respecto a los beneficios, Acevedo afirma que la poca presencia del Bitcoin entre la población no ha permitido que su caída en el precio afecte del todo a los salvadoreños. “El fracaso del Bitcoin nos ha librado de una catástrofe”, apunta.