Desde el 2019, la cantidad de salvadoreños que viven en condiciones de pobreza extrema prácticamente se duplicó en el país, según la comparativa entre los datos de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2022 (EHPM) con las de ese año.
En términos numéricos, el porcentaje de pobreza extrema pasó de un 4.5% del total de la población a un 8.6% en 2022, un dato que está estrechamente vinculado con el aumento que ha tenido el costo de la vida desde 2021.
Con respecto al porcentaje de pobreza total, la cifra también ha aumentado con respecto a 2019, pues en 2022 el dato llegó a un 26.6% de la población que vive en situación de pobreza, mientras que hace cuatro años el porcentaje se situaba en 22.8%.
La cantidad de hogares pobres aumentó durante el último año en El Salvador
Por otro lado, en lo que se refiere a la pobreza extrema de las familias en el campo, el porcentaje también se incrementó en más del doble, pasando de un 5.2% en 2019 a 10.8% en 2022.
Pese a esto, según los datos que maneja el economista Rafael Lemus, la pobreza total del país sí ha tenido una reducción desde 1991, cuando cerca de un 60% de la población tenía dificultades para subsistir como producto del conflicto armado.
En este sentido, Lemus apunta que un factor clave que ha ayudado a que esa pobreza monetaria haya venido hacia la baja desde esos años es el constante flujo de remesas que los salvadoreños en el exterior envían al país. “Las remesas ayudaron a reducir la pobreza desde los años 90, así como otros factores de crecimiento económico. Las remesas son un apoyo de ingresos mensuales a los hogares que las reciben”, añade el economista.
Solo en 2022, el total de remesas que ingresaron al país ascendió a $7,742 millones, según datos del Banco Central de Reserva, lo que equivale a más de un 23% del Producto Interno Bruto (PIB) que registró el país el año pasado.
Atención a problemas económicos está abandonada
Un factor que también mina la capacidad adquisitiva de las familias es el encarecimiento de los alimentos de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y el nivel de inflación.
Con respecto a esto, Lemus señala que estos problemas que actualmente afectan a la población no están siendo atendidos por el gobierno.
Además, añade que estos temas de interés se encuentran “descuidados y abandonados” debido a que no hay acciones específicas para reducir indicadores importantes como el del nivel de pobreza.
Ante estos escenarios, Lemus cuestiona que el gobierno le ha dado prioridad a otros temas como la implementación del Bitcoin y ha dejado de lado acciones específicas para contener los problemas económicos.
Y, además, apunta que el gobierno “sí ha mejorado el tema de la seguridad pero no le ha puesto atención a lo económico (…) estamos en el tercer año de alzas de precios en los alimentos”.
Actualmente, la CBA para la zona urbana está cerca de los $250 y arriba de los $187 en el sector rural, valores que según el Centro para la Defensa del Consumidor (CDC) no logran cubrirse con el salario mínimo, el cual está fijado en $365 para el sector comercio.
Hasta un 84.6% de los trabajadores salvadoreños gana menos de $391 al mes
Aún así, en marzo del año pasado, el gobierno impulsó una serie de medidas económicas para, precisamente, reducir el impacto de la inflación, como lo fue la suspensión de impuestos a los combustibles, algo que venció en diciembre de 2022, y la exoneración de impuestos arancelarios a algunos productos de la canasta básica que ingresan mediante las importaciones.
No obstante, encuestas como la presentada en marzo por la Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo (Fundaungo) sostienen que en los últimos meses, más del 60% de las familias del país han tenido que reducir la cantidad de alimentos que compran debido a los altos precios, mientras que otra gran parte de la población incluso ha llegado a disminuir las raciones o sus tiempos de comida.
Lo anterior podría indicar que las medidas antiinflación que emitió el gobierno no fueron suficientes para paliar el efecto del encarecimiento en el costo de la vida.
Debido a esto, el economista subraya que “el gobierno tiene la responsabilidad de destinar fondos para los más vulnerables”, y hace referencia al fuerte gasto de fondos públicos que ha significado la adopción del Bitcoin.
Pese a que no hay datos oficiales y transparentes sobre la implementación del criptoactivo, según los tuits que ha ido publicando el presidente Nayib Bukele desde septiembre de 2021, a la fecha se habrían gastado unos $113.3 millones en la compra de hasta 2,672 Bitcoin, sí como unos $120 millones en bonos de bienvenida en la plataforma Chivo Wallet.
A esto habría que sumarle un fideicomiso de hasta $150 millones para respaldar las transacciones y todos los gastos relacionados con la construcción de las casetas de Chivo y el pago de los promotores de dicha plataforma.
Es por esta razón que el economista señala que “parecería que el gobierno desprecia a los pobres, pues no les da soluciones a sus problemas”, y agrega: “La preocupación de la población pobre es que no tiene para el siguiente plato de comida, no se anda preocupando por cómo está el Bitcoin”.