Que un país se endeude no es, por sí mismo, un problema, cuando el aumento de los compromisos se traduce, por ejemplo, en una mejora sustancial de la infraestructura nacional o en las condiciones de vida de la población, según comenta el economista salvadoreño Otto Rodríguez. Es decir, el endeudamiento tiene sentido si es capaz de sacar de la pobreza a más personas.
En El Salvador, los registros de la deuda pública total se han disparado en los últimos años de la administración de Nayib Bukele, marcando su mayor incremento porcentual en 2023 (último año cerrado) en toda su gestión y el último de su predecesor, Salvador Sánchez Cerén, el 2018.
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La deuda pública total de El Salvador alcanzó los $29,592 millones al cierre del año recién pasado, lo que representa un aumento del 16.73 % con respecto a 2022. Esta alza fue más importante incluso que la del 2020, el año de la pandemia, cuando la economía cerró y el gobierno debió salir al rescate de millones de personas. En un año tan atípico como ese, el incremento fue del 14.21 %.
Y, obviamente, también se escapa de la norma con respecto a los aumentos de los otros ejercicios, como se puede comprobar en la gráfica. El del 2018, por ejemplo, fue apenas del 3.28 %, casi una quinta parte de lo registrado en 2023.
"Sencillamente, es insostenible. No puede seguir creciendo la deuda a ese ritmo. El problema que agrava la situación es que no hay claridad para dónde va ese dinero", dice el economista Otto Rodríguez, quien fue vicepresidente del Banco Central de Reserva (BCR) en los primeros meses de la administración de Nayib Bukele, hasta abril de 2021. Otro escenario se presentaría si hubiera certeza de que ha ido a infraestructura. Entonces, dicho endeudamiento sería recuperable a través del crecimiento de la economía.
A esto se suma, dice el experto, el ruido de impagos no declarados, como la deuda mantenida por el Gobierno central con proveedores, la Universidad de El Salvador o las indemnizaciones a despedidos.
También se encienden más alarmas cuando se estudian las cifras de la pobreza en El Salvador: al cierre de 2023, el porcentaje de la población en pobreza monetaria (cuando una familia no puede adquirir dos canastas básicas) era del 27.2 %, el mayor en el periodo estudiado (2018-2023), según datos de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM), que ahora está a cargo de la Oficina Nacional de Estadísticas y Censos (ONEC), adscrita al Banco Central de Reserva (BCR).
La población en pobreza monetaria en 2023 fue dos puntos porcentuales mayor que la del 2020, el año de la pandemia, cuando cientos de miles perdieron sus empleos y, por tanto, no obtuvieron ingresos. Curiosamente, en 2021, hubo un importante descenso en esta cifra, al llegar al 24.6 %. El año con el menor porcentaje de población pobre según el limitado parámetro establecido por CEPAL, fue 2019, el año en el que Nayib Bukele tomó posesión, con el 22.8%.
Lo mismo ocurre con el registro de la pobreza extrema, cuando un hogar no es capaz de adquirir ni una sola canasta básica. En 2023, el porcentaje de personas en esta condición fue del 8.8 %, el mayor en el periodo estudiado y 0.2 puntos porcentuales más alto que el año de la pandemia.
Algo interesante es que, a diferencia de los registros de pobreza monetaria y extrema, que empeoraron en 2023, los de pobreza multidimensional han mejorado. Esta es "una medida de la pobreza que considera la observación de diversos factores presentes en los hogares, desde su nivel de vida básico hasta el acceso a escolaridad, agua limpia y atención de salud", tal como lo señala la CEPAL.
Por lo tanto, se puede deducir que todo es un asunto de disminución del poder adquisitivo de la población debido a una escalada inflacionaria sin control, que es más marcada en la comida.
Los precios de los alimentos en El Salvador aumentaron con mucha mayor velocidad que en el resto de las economías dolarizadas del continente en los últimos dos años, según la revisión de los datos oficiales de nuestro país, Estados Unidos, Ecuador y Panamá realizada por El Diario de Hoy.
Entre junio de 2022 y el mismo mes de 2024, la inflación acumulada de los precios de los alimentos en El Salvador fue del 10.82 %, casi tres puntos porcentuales más que en el país que ocupa el segundo lugar en este listado: Estados Unidos, que registró el 8.09 %. Por último están Ecuador (6.14 %) y Panamá (4.47 %).
El acuerdo con el FMI
"La población, cuando uno dice que ha aumentado la deuda pública, reacciona como que no le importara y sintiera que no le afecta en nada. El aumento de la deuda, en los próximos meses y años, sacrificará el gasto de programas sociales o de inversión para atender los intereses de la deuda. O provocará que suban los impuestos", dice el economista Rafael Lemus.
En efecto, entre mayor sea la deuda y más cara se adquiera, más porcentaje del Presupuesto General de la Nación exigirá año a año. Y la Administración Bukele ha tenido que recurrir a una con intereses altísimos, pues tuvo que aceptar una tasa del 12 % para obtener un poco más de $900 millones en abril de este año.
De allí que esté buscando lograr un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), una multilateral caracterizada por la exigencia de estándares rigurosos para entregar fondos, para obtener unos $1,300 millones. Entre esos requisitos está un ajuste fiscal del 3.5 % del PIB.