El gobierno hizo un “borrasaldo contable” al eliminar de las estadísticas oficiales del Banco Central de Reserva (BCR) el monto de la deuda que tiene con los trabajadores por más de $6,000 millones, señala experto.
Ese es dinero que los cotizantes le han prestado al Órgano Ejecutivo para que pagara las pensiones del sistema público desde 2006 hasta el pasado 28 de abril de este año, cuando tuvo que hacer un “canje” de esa deuda, pero cambió las condiciones originales en las que debía pagar, pues negoció que durante estos cuatro años no pagará capital ni intereses.
Tras esa operación, por la cual calificadoras de riesgo indicaron que el gobierno cayó en impago, la administración de Nayib Bukele ha hecho una especie de “borrón y cuenta nueva” al no incluir en las cifras del BCR, a partir de abril pasado, la deuda por $6,184.64 millones.
“Se está haciendo un borrasaldo contable, porque el efecto inmediato de no registrar la deuda de pensiones en las cuentas públicas reduce la deuda pública en términos contables, pero no fiscal porque la deuda sigue; es más, hicieron hasta un canje”, señaló Patricio Pineda, fundador y representante de la Mesa por una Pensión Digna.
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El experto en el tema previsional apuntó que en este momento lo más importante es saber dónde está contabilizada esa deuda y dónde se puede verificar, ya que el gobierno sigue emitiendo deuda de pensiones, a través de los nuevos COP (Certificados de Obligación Previsional). Eso quiere decir que los trabajadores le siguen prestando dinero para el pago de pensiones mediante un instrumento fiscal que antes se llamaban CIP (Certificados de Inversión Previsional).
“Pero lo que llama la atención es por qué la quitan si al final es deuda, además ya hicieron un canje, pero dónde han colocado esa información, esa es la pregunta”, expresó.
De acuerdo a datos del BCR, entre enero y marzo el gobierno ya emitió $455 millones en COP y el experto señaló que es el mismo período en el que desapareció el FOP (Fideicomiso de Obligaciones Previsionales).
“El gran problema que tenemos es que en tres meses han rascado $455 millones del fondo de pensiones. Si a esta gente no se le para el carro inmediatamente, nos van a dejar sin fondos, esa es una realidad, esta gente es voraz y es lamentable”, subrayó Pineda.
Pineda agregó que tras haber eliminado la cifra de la deuda de pensiones del sitio oficial del BCR “en teoría” los datos ahora deberían estar en manos del nuevo Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP), pero lamentablemente no hay forma de confirmarlo porque esa entidad declaró esa información en reserva, es decir que está bajo secreto.
“Contablemente eso mejora la deuda, a simple vista, porque se reduce, pero fiscalmente no es posible. Primero, por que esos CIP sufrieron un canje en abril y, segundo, por que se sigue emitiendo nueva deuda, entonces ¿dónde están registrados esos movimientos?”, cuestionó.
El expresidente del BCR, Carlos Acevedo, también señaló que haber quitado la deuda de pensiones de las estadísticas oficiales del Banco Central no hace que desaparezca.
¿Considera que es un borrasaldo?, se le consultó al exfuncionario y respondió que a su juicio “tienen que arreglar el reporte, porque la deuda no desaparece”.
¿Debe ser motivo de preocupación que solo borren el saldo del FOP en las estadísticas oficiales del BCR sin dar explicación?, se le repreguntó. “Quizá luego van a arreglar eso cuando tengan el dato, así que de momento no puedo asegurar que lo han borrado”, aseveró Acevedo.
Sin embargo, opinó que aunque el FOP desapareció, tras la aprobación de la reforma de pensiones en diciembre 2022 y el ISP asumió esas responsabilidades, no debieron quitar el monto de las estadísticas del BCR ya que “es parte de la deuda pública. Deberían añadir una línea para reportar la deuda del ISP”.
Acevedo acotó que la publicación de esa información se hace desde 2009 por transparencia con la población.
¿Como ex presidente del BCR, cómo calificaría esa maniobra? “Lo del canje de los CIP podría justificarse técnicamente dependiendo de las condiciones, pero no tenemos la información; esta información no puede declararse bajo reserva. Son los ahorros de la gente. La gente tiene todo el derecho a saber bajo qué condiciones se está invirtiendo su dinero”, señaló Acevedo.
En marzo de este año, la Mesa por una Pensión Digna advirtió que el gobierno podría hacer un “borrasaldo” con los ahorros de los trabajadores, pues el gobierno no ha detallado oficialmente, hasta la fecha, cómo pagará la deuda. De hecho, lo que se sabe del canje de los CIP, tras desaparecer el Fideicomiso, es porque calificadoras de riesgo como Fitch y Standard and Poor’s han revelado las características.
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De acuerdo a un informe de Fitch, el 28 de abril fueron canjeados más de $6,000 millones en CIP que estaban en circulación emitidos por las AFP por los nuevos Certificados de Financiamiento de Transición (CFT), tal como lo establece la reforma de pensiones aprobada el 20 de diciembre de 2022.
La agencia informó el 5 de mayo que el gobierno ofreció tres series (A, B, C) para pagar la deuda de pensiones; en la serie A ofreció los mismos términos de los CIP reestructurados en 2017, los cuales sumaban $6,200 millones, con un vencimiento de 24 años y una tasa de interés del 4.5 %.
En la serie B colocaron los CIP emitidos después de 2017 por $2,200 millones, con un vencimiento de 44 años y una tasa del 6 %.
Y en la serie C el gobierno ofreció un rendimiento mayor del 7% a cambio de una extensión del vencimiento a 50 años y un período de gracia de cuatro años. Y esta fue, finalmente, la opción bajo la cual se canjeó la deuda con los trabajadores.
Pero haber cambiado las condiciones provocó que las calificadoras colocaran al gobierno en la categoría de impago.