Esperanza Romero, de 86 años, vive en el municipio de Santa Clara, San Vicente. Y desde hace más de 10 años es beneficiaria de la pensión básica al igual que otros adultos mayores de esa localidad.
Para ella, recibir la ayuda económica estatal mes a mes le serviría para costear sus medicinas, alimentos y otros insumos de uso personal, ya que depende en gran medida del apoyo que le da una sobrina, con quien vive desde hace años.
Pero el gobierno recortó los fondos en el presupuesto 2023 para pagarles la pensión básica a más de 37,000 adultos mayores en municipios de extrema pobreza en El Salvador, según los datos plasmados en el documento aprobado por la Asamblea Legislativa en diciembre pasado.
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Esperanza relata que no tiene hijos, que varios de sus familiares cercanos han muerto y los que aún viven no residen cerca, por lo que ella, su sobrina y el hijo de su pariente subsisten con los ingresos que les genera una pequeña tienda que tienen en su casa.
A eso se suman las enfermedades que atraviesa Esperanza, pues cuenta que padece de mareos y ha sido operada de los ojos en dos ocasiones; la más reciente fue en mayo del año pasado, tras lo cual la cuidó una hermana que vive en San Bartolomé Perulapía, en Cuscatlán.
Pero sus problemas de salud le impiden movilizarse o hacer actividades como años atrás cuando se dedicaba a vender y generar sus ingresos, pues comenta que pasa más tiempo en casa.
Sin embargo, las necesidades económicas que tiene son múltiples, sobre todo para comprar medicinas, ya que son gastos arriba de $100 cada vez que se le acaba un medicamento que se debe administrar.
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Por ello, recibir a tiempo la pensión es vital para Esperanza, pero asegura que le llega con meses de retraso.
Ella relata que en 2020, en lo más álgido de la pandemia, solo recuerda que le dieron $100 en todo el año. Luego, en 2021, ni siquiera recuerda que les hayan dado alguna de las cuotas. En cambio, en 2022 dice que les dieron dinero en mayo y después en agosto.
“La última vez que me dieron la pensión fue en agosto (2022), no estoy segura qué fecha me la dieron; nos dieron $200 y de allí para acá ya no nos dieron nada”, explica.
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Agrega que cuando les dan el dinero no les detallan de qué meses atrasados les están entregando la cuotas, solo les avisan a través de la alcaldía del municipio qué día llegarán a pagarles la pensión.
“Allí no dicen cuánto nos debían, sino que se lo daban a quien le tocara la suerte. No le explican nada a uno, ni le dan ningún documento a uno”, menciona.
Esperanza, quien nunca cotizó a un sistema de pensiones y por lo tanto no aplica a una jubilación, considera que el subsidio estatal no es suficiente para lo caro que está todo, principalmente los medicamentos, pero opina que “ya es una ayuda”, por lo que su esperanza es que le pueda llegar todos los meses.
Sin embargo, ha escuchado decir en su municipio que “ya no nos van a dar la pensión. Algunas personas pobrecitas andan afligidas que no les van a dar”.
