El Gobierno de El Salvador tomó, entre enero y octubre de 2024, más de $871 millones del Fondo de Pensiones, lo que marca un aumento de casi $9 millones respecto al mismo periodo del año pasado, un 1% de alza. Con esto, la deuda de pensiones llegó a un total de $10,365 millones.
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Según el Banco Central de Reserva (BCR), la deuda total del país a octubre era de casi $31,202 millones, por lo que el compromiso con el dinero de todos los trabajadores representa un tercio del monto global.
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Para poder disponer de estos fondos, el Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) emite unos instrumentos llamados Certificados de Obligaciones Previsionales (COP) que son inmediatamente adquiridos por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) con el dinero de las cotizaciones de todos los empleados formales. Entre enero de 2023 y octubre de 2024, se emitieron más de $1,969 millones, un promedio de casi $90 millones al mes.
En 2023, el gobierno tomó del Fondo de Pensiones una cifra récord: casi el doble que la marca más alta previamente registrada en 2017, lo cual obligó al Estado a aprobar una reforma al sistema.
El año pasado se tomaron $1,097.76 en solo 12 meses. ¿Se justifica un monto como este? Expertos han señalado el acelerado ritmo de endeudamiento de pensiones, pues las emisiones posteriores a la reforma de 2017 fueron en promedio de $326 millones por año, es decir, menos de un tercio que las de 2023.
El riesgo del desvío
Debido a que hasta octubre de este año la deuda de pensiones había aumentado $9 millones respecto al período de 2023, en el presente ejercicio se podría marcar un nuevo récord.
Aunque en este año, en octubre la cantidad fue menor a la tomada en el mismo mes del año pasado; ha sido la segunda menor cifra mensual tomada desde la última reforma ($46.72 millones), mientras que en 2023 fue las mayores a la fecha (ver gráfico).
Según expertos locales, como Rommel Rodríguez (de FUNDE) o Patricio Pineda (de la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna), así como entidades internacionales de prestigio (como el banco de inversión Barclays) es posible que el Gobierno esté utilizando lo que toma del Fondo de Pensiones para fines distintos a los que le marca la ley, es decir, pagar las jubilaciones del INPEP y del ISSS.
Barclays incluso señaló en un informe de marzo las estrategias concretas con las que se ha hecho el desvío de fondos, tomando información oficial de la Bolsa de Valores de El Salvador, tal como lo publicó también El Diario de Hoy en febrero de este año.
El banco de inversión inglés apuntó que el gobierno ha financiado gasto corriente con el dinero de todos los trabajadores. A eso se suma otro indicador: El año pasado, el ritmo de emisión de COP se aceleró, precisamente, en los últimos tres meses del año, cuando fue de casi $485 millones, es decir, $161 millones al mes. Entre octubre y diciembre de 2023 se tomó el 44 % del total de fondos.
"Los estudios actuariales deberían darnos indicios sobre qué tan sostenible es este ritmo de endeudamiento, sin embargo, han sido declarados como información reservada, lo que limita nuestra capacidad de análisis técnico para dar seguimiento a la situación de las pensiones en El Salvador", comentó el economista y docente Carlos Argueta.
Para Pineda, de la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna, la situación del sistema de pensiones se volverá más complicada a partir de 2025, debido a que desde el Gobierno se planea el despido de 11,600 personas, de las que, según sus cálculos, el 40% (casi 5,000 personas) está a punto de pensionarse.
Esto ejercerá mayor presión, sobre todo en la Cuenta de Garantía Solidaria (CGS), el fondo común desde el que se le paga a un jubilado cuando se agota su cuenta individual. Pero el gobierno, según Pineda, ya tomó disposiciones para darse oxígeno en menoscabo del trabajador.
Hay un grupo de personas en edad de pensionarse que cotizaron parte de su vida laboral a los anteriores sistemas del ISSS y del INPEP. Sin embargo, fueron obligados u optaron por trasladarse al sistema privado de las AFP; son los denominados "optados B" y "obligados A".
A estas personas, cuando ya se van a retirar, se les solicita un historial de trabajo y les entregan una suma relacionada con sus cotizaciones en los sistemas antiguos. Lo marcado por la ley era que esa suma se les acreditara a sus cuentas individuales. Pero, según Pineda, ha habido modificaciones a las normas técnicas del ISP (que todavía no se han hecho públicas), por lo que ahora van a la Cuenta de Garantía Solidaria (CGS), que se nutrirá con esos fondos.
"Es una violación a los derechos del trabajador, al de la propiedad, al de su cotización. Ese fenómeno se está dando como síntoma visible de que se están agotando los recursos", comenta Pineda, quien ha dicho que el gobierno usa el Fondo de Pensiones como una caja chica.
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