Unas 261,034 personas que cotizan en las AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones) tendrían un ajuste de sus pensiones mínimas a $400 con la nueva reforma de pensiones, afirmó Patricio Pineda, dirigente de la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna.
Pineda citó esos datos de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) durante un conversatorio que realizó la UCA la noche del miércoles en el que participaron otros expertos para analizar la reforma de pensiones aprobada en diciembre 2022 por la Asamblea Legislativa oficialista.
Según la exposición del dirigente, quien ha estudiado el tema de pensiones por años, esas más de 260,000 personas recibirían una pensión de $304. 17 con la ley anterior, pero con la vigente se les debería ajustar a $400. Sin embargo, Pineda señaló que la tasa de reemplazo, es decir el porcentaje de su último salario con el cual le calculan la pensión a una persona, no cumple con lo que establece el convenio de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) ratificado por El Salvador, pues aunque la tasa quedaría del 31.64% está por debajo de lo establecido.
También indicó que, de acuerdo a las estadísticas de la SSF, hay 117,770 personas que recibirían pensiones entre $304.17 y $399.99 que con la nueva ley se las tendrían que ajustar a $400, pero representa una tasa de reemplazo de 24.52%.
Asimismo, agregó que hay 378,804 personas que no se han pensionado y que con la nueva ley recibirán una tasa de reemplazo entre 24.52% y 31.64%.
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Ante eso y otros aspectos que destacó Pineda en su participación consideró que lo que aprobado por la Asamblea no es una reforma integral de pensiones, sino una reforma más a la ley anterior, pues opinó que el 95% del texto vigente desde el 30 de diciembre es lo mismo que ya estaba.
Para él, el discurso oficialista de que se mejoran las pensiones, que el aumento del 30% se aplicará para todos, que el actual gobierno "nunca" ha tocado ni tocará los ahorros de los trabajadores y que les han quitado ganancias a las AFP
"es una vil mentira la que nos están contando… se están burlando de nosotros en nuestra cara", expresó.
Otra de las expertas que participó en el conversatorio fue Saira Barrera, docente e investigadora del Departamento de Economía de la UCA, quien expuso que la reforma de pensiones no puede verse de forma aislada de cómo funciona el mercado laboral salvadoreño, pues allí radican problemas de fondo.
Según los datos que citó, en el país el 59% de las personas tiene un empleo de subsistencia y más del 86% de la Población Económicamente Activa (PEA) se encuentra en exclusión laboral alta, no tienen acceso a seguridad social, ganan menos del mínimo y tiene jornadas de trabajo atípico.
Asimismo, indicó que casi el 50% de los cotizantes del ISSS ganan alrededor de $380 mensual.
Pero además señaló que la cobertura de pensiones sigue siendo baja, pues es del 28%, por lo que estimó que faltarían 57 años para que la cobertura abarque a la mitad de la población salvadoreña. De acuerdo a las estadísticas que planteó, El Salvador tiene una brecha de 120,000 personas que cotizan al sistema de salud, pero no al de pensiones.
Por todo ello, la investigadora apuntó que "los problemas de inestabilidad laboral no se van a solucionar con reformas de pensiones".
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Además plantea que es un sistema "regresivo" que no responde a las necesidades de bienestar de todos y que al final es pagado por todos. "Afecta estemos o no cotizando en el sistema de pensiones…", expresó.
La especialista tampoco ve que haya un cambio en quienes administran las pensiones, ni en el esquema individual de ahorro y tampoco en la desigualdad del sistema de pensiones. Y criticó el hecho que se haya puesto una reserva a la información relacionada a los estudios actuariales que el gobierno afirma haber hecho para dar soporte técnico a la reforma.
De igual forma, el economista Ricardo Castaneda remarcó varios aspectos que plantearon Pineda y Barrera.
Y uno de los datos que expuso es que 8 de cada 10 personas adultas mayores no tienen acceso a una pensión. "Estamos hablando no de un derecho, sino de un privilegio", expresó.
También consideró que una reforma de pensiones para que sea integral debe estar acompañada de una reforma al mercado laboral y fiscal.
"La deuda de pensiones representa casi el 20% del PIB", señaló el experto, quien agregó que cada vez se necesitan más recursos para pagar las pensiones.
Castaneda planteó que el nuevo Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP), creado a partir de la nueva ley, la única forma que tendrá de financiar las pensiones será a través de deuda; "es decir que el mecanismo seguirá siendo el mismo", expresó.
Añadió que cuando la Cuenta de Garantía Solidaria ya no alcance para pagar las pensiones vitalicias la misma ley establece que se tomará del presupuesto, "es decir siempre está vinculado a las finanzas", acotó.
Por todo lo anterior, el economista concluyó que la reforma de pensiones no da respuesta integral a la cobertura, a ala suficiencia, equidad ni a la sostenibilidad del sistema.