La esperada reforma de pensiones que Nayib Bukele prometió desde el 15 de septiembre de 2021, llegó por fin en noviembre de 2022, pero su contenido distó mucho de lo que diversos sectores esperaban.
La promesa de que esta vez sí se presentaría una reforma integral, que resolviera los problemas “históricos” del sistema, terminaron resumidos en la promesa de un aumento del 30% en la pensión, del que aún se desconoce cómo se financiará.
El gobierno promulgó esta ley como una reforma que ningún gobierno había hecho antes pues con el aumento del 30%, la pensión mínima subirá a $400, un incremento que dijeron que ningún otro gobierno había hecho.
Pero a medida que se conocían los detalles de esta nueva ley, se iban identificando varios aspectos que causaron resquemor entre la población.
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El primero de ellos es que el aumento del 30% no es para todos. Solo los pensionados por vejez tendrían este incremento mientras que los pensionados por invalidez o sobrevivencia no están incluidos en este beneficio.
Además, la reforma eliminó la posibilidad de que los cotizantes obtuvieran un adelanto de hasta el 25% de su ahorro de pensión, un beneficio que tenían desde 2017 y que había ayudado a más de 108,000 salvadoreños a sufragar gastos médicos, pagar deudas o financiar los estudios de sus hijos.
Y por si fuera poco, eliminó la Ley del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP) con la que el expresidente Antonio Saca metió mano en las cuentas individuales de los trabajadores, pero en su lugar creó una nueva ley con la que el gobierno actual podrá sacar cuanto dinero quiera de las cuentas de los salvadoreños, sin tener ningún límite.
Los sindicatos, que habían pedido por años que se eliminaran las AFP quedaron burlados al saber que el gobierno, contrario a desplazarlas del sistema, les dio más ingresos través de una reformulación del cobro de comisiones.
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Creó también un nuevo instituto de pensiones que sustituirá al histórico INPEP, pero sus funciones seguirán siendo las mismas y sus decisiones serán de mayoría gubernamental.
Líderes sindicales como Patricio Pineda, fundador de la Mesa para una Pensión Digna, afirmó que esta reforma no tiene nada de integral y por el contrario, su objetivo solo es obtener votos de cara a las elecciones de 2024, en la que el presidente Nayib Bukele ya adelantó que correrá nuevamente como candidato, pese a que la Constitución lo prohibe.
La preocupación por esta reforma se centra, sobre todo, en el futuro de las finanzas públicas pues economistas señalan que el gobierno seguirá metiendo mano a los ahorros de los trabajadores y recurrirá a más deuda para pagar el aumento de la pensión.
Algunos economistas como Tatiana Marroquín se preguntan si el gobierno querrá borrar de un plumazo la deuda que el gobierno tiene actualmente con los cotizantes y que suma casi $10,000 millones, actualmente convertidos en papeles de inversión, o si se apropiará de los últimos $2,000 millones que aún quedan.
Ni más cobertura, ni más rentabilidad
Lo que no trajo la reforma de pensiones fue una solución, o al menos, alguna alternativa que le permita al país ampliar su cobertura de pensiones, es decir, que más personas puedan jubilarse al llegar a los 55 o 60 años.
Aunque el gobierno prometió un aumento de pensiones, lo cierto es que de toda la población que trabaja actualmente, solo 1 de cada 4 de ellos se podrá jubila pues el resto son personas que tienen un trabajo informal en el que ni siquiera cotizan.
Tampoco hubo medidas para incrementar la rentabilidad del ahorro actual de los cotizantes, es decir, que el dinero en sus cuentas se multiplique a través de una mejor inversión.