La deuda estatal con los fondos privados de pensiones en El Salvador, que son ahorros de los trabajadores, se elevó en más de $1,009.74 millones entre abril y noviembre de 2023, de acuerdo con datos oficiales consultados por EFE.
La toma de estos fondos se realiza mediante los Certificados de Obligaciones Previsionales (COP), títulos valores emitidos por el Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP), creado con la ley promulgada por la Asamblea Legislativa en diciembre de 2022.
Los COP son un instrumento mediante el cual el Estado presta recursos a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), en las que los salvadoreños con empleo formal están obligados a aportar mensualmente para pagar a los jubilados del sistema público (ISSS y el ex Inpep).
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Esta cifra se suma a la deuda de $8,396.81 millones en Certificados de Financiamiento de Transición (CFT), que sustituyeron a otros instrumentos para extender su plazo y, según informó la agencia de calificación Standard & Poor’s en mayo, por los que no se pagará intereses ni capital durante 4 años.
Entre ambos instrumentos, la deuda estatal con los fondos de pensiones llegó a $9,406.55 hasta noviembre. Pero debido a que quien emite estos títulos valores no es el Ministerio de Hacienda, sino el ISP, el gobierno de El Salvador no incluye esta enorme cifra en el perfil de deuda del país, más allá de un pie de página. Por eso, su discurso oficial es que esta administración ha logrado bajar el nivel de endeudamiento del país respecto al Producto Interno Bruto, cuando lo cierto es que la gestión de Bukele ha mantenido un rápido nivel de endeudamiento.
A mediados de diciembre, el experto Patricio Pineda, de la Mesa del Trabajo por una Pensión Digna, advirtió que El Salvador está entrando en una situación de peligro de la sostenibilidad del sistema de pensiones, debido a esta toma de fondos por parte del Gobierno, lo cual sospecha que no es solo para pagar pensiones.
Pineda señaló que para “hacerle frente a los compromisos previsionales hay un poco más de 4,000 millones de dólares”, pero alertó que “si el ritmo (de emisión) se mantiene, en tres años esto se cae”.
En diciembre de 2022, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Integral del Sistema de Pensiones y, a pesar de las solicitudes de nacionalización de algunos sindicatos, dejó el manejo de los recursos a cargo de las administradoras privadas de pensiones.
En esas fechas el Congreso también aprobó la Ley Especial para la Emisión de Certificados de Obligaciones Previsionales, que indica que la deuda generada con los COP es responsabilidad del autónomo Instituto Salvadoreño de Pensiones. Dicha ley obliga a las AFP a “adquirir con los recursos de los fondos de pensiones que administran, la totalidad de los COP de cada emisión”, es decir con ahorros de cotizantes.