Uno de los cinco convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) presentados el 1 de mayo por el ministro de Trabajo, Rolando Castro, y que se discutiría este martes en Sesión Plenaria de la Asamblea Legislativa, abre la puerta para que sea el Estado el que administre el sistema de pensiones, tal como lo han venido solicitando estas organizaciones.
"Estos convenios ya están vigentes en el país, y ahora solo faltaría ratificarlos. Estos no son vinculantes, pero ellos van a argumentar que teniendo este convenio ratificado pueden tomar el control de las pensiones", dijo Stanley Quinteros, secretario del Sindicato de Empleados del Órgano Judicial.
Se trata del convenio 102 de la OIT, que junto a cuatro convenios más ingresarían este martes a la agenda de la Asamblea Legislativa para ser ratificados por el pleno. Al ratificarlo, el país se compromete a cumplir esta disposición.
Según detalla este documento, al ratificar este convenio, el país debe garantizar prestaciones de asistencia médica, desempleo, enfermedad, así como de vejez, invalidez y sobrevivientes.
"Todo Miembro para el cual esté en vigor esta parte del Convenio deberá garantizar a las personas protegidas la concesión de prestaciones de vejez, de conformidad con los artículos siguientes de esta parte", indica el artículo 25 de dicho convenio.
El convenio, incluso, estipula una tabla que le ofrece beneficios de entre el 40 y 50% a los trabajadores dependiendo de las contigencias (enfermedad, desempleo, vejez, invalidez, maternidad, entre otros).
Sin embargo Patricio Pineda, fundador de La Mesa de Trabajo por una Pensión Digna dijo que no necesariamente al ratificar este convenio el gobierno ya está obligado a estatizar las pensiones. "No quiere decir que el modelo sea reestatizado". Más bien, Pineda señaló que este es un compromiso que el Gobierno adquiere para tener una administración ya sea mixta, privada, pública o también un sistema paralelo a una administración pública o a una administración privada.
Gobierno ha convertido la reforma de pensiones en un tema electoral, según trabajadores
La estatización de las pensiones ha sido un tema recurrente durante la administración de Nayib Bukele. Por ejemplo, es parte de las reformas a la Constitución que preparó el equipo Ad-hoc dirigido por el vicepresidente Félix Ulloa y que aún sigue en discusión. Según la redacción del artículo 50 de una nueva Constitución, “la seguridad social constituye un servicio de carácter público... y dicho servicio será prestado por una o varias instituciones del Estado...”.
Además ha sido el tema principal de las conversaciones de Bukele con un representantes de sindicatos afines al Gobierno, que han insistido en que se eliminen las AFP y se instaure nuevamente un sistema de reparto manejado por el Gobierno.
Hasta ahora la reforma, que según Bukele, eliminaría las "pensiones de hambre", sigue sin presentarse a la opinión pública y se ha retrasado en más de tres ocasiones.
Convenio sin recursos
Pineda dijo, sin embargo, que pese a que este convenio se pueda aprobar este martes 3 de abril en la Asamblea, no tendrá recursos pues todos los beneficios que plantea requieren de dinero. "Lo que sí hay que garantizar es que, para hacer eficaz esta ratificación del convenio, debe haber recursos para pagar esas prestaciones. Y sin temor a equivocarme, ese convenio se va a ratificar con reservas, porque cumple 9 ramas de la seguridad social. ¿Y por qué te digo que será con reservas? Solo mirá las finanzas actuales", dijo Pineda.
Por su parte, en la entrevista de este día en Diálogo con Ernesto López, Luis Amaya, coordinador del Movimiento Pedagógico Andes 21, dijo que el convenio se fundamenta, sobre todo, en la seguridad social, que ha significado una “bandera de lucha para la clase trabajadora”. Por lo que su posible ratificación este día podría significar una victoria para este sector, a su criterio.
VER: ¿Qué contienen los convenios con la OIT que el gobierno planea ratificar?
Mientras tanto, Israel Montano, secretario general de Andes 21, expresó en el mismo programa que los gobiernos anteriores no aprobaron este convenio porque abarcaba obligaciones de los patronos no solo en el ámbito público sino también en el privado.
“Todos los gobiernos tienen compromisos con la empresa privada, con el poder económico del país; y siempre se había tenido el cuidado de no aprobar estos convenios porque se le da plena responsabilidad al patrono”, explicó.