El Bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador ya cumplió 11 meses desde que la ley con la que fue adoptado entró en vigor, y ese mismo tiempo es el que ha transcurrido desde la primera compra de Bitcoin que anunció el presidente Nayib Bukele en septiembre de 2021.
Esas compras, cuyos procesos y mecanismos para la erogación de fondos públicos se desconocen, ya suman un gasto de poco más de $107 millones, según los mismos tuits de Bukele y según el portal nayibtracker.com, un sitio web que mantiene actualizado el registro de esas monedas, supuestamente, adquiridas por el gobierno.
Sin embargo, a casi un año desde que se comenzó a utilizar dinero público en ese tipo de “inversión”, el precio del Bitcoin y del mercado de las criptomonedas en general en realidad ha causado pérdidas para el país, debido a que el criptoactivo se ha perdido su valor tanto que, a la fecha, el valor real de esas supuestas reservas de bitcoins refleja una depreciación de 48.4% menos de lo que debería valer si esa moneda digital no fuera tan volátil.
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Lo anterior quiere decir que los 2,381 bitcoins comprados por $107.1 millones tienen un valor actual de $58.4 millones, lo que se traduce en una pérdida de hasta $48.7 millones del dinero de los salvadoreños, algo que ha sido impulsado por el desplome global que ha tenido el criptomercado en los últimos meses y del que aún no se recupera.
Pese a que en las últimas semanas el Bitcoin se ha recuperado levemente, llegando a colocarse alrededor de los $23,260 la tarde de ayer, no ha sido suficiente para recuperar las pérdidas que enfrenta el país, pues el valor promedio de cada uno de los bitcoins que el gobierno ha anunciado ronda los $45,000 por cada unidad del criptoactivo.
En este sentido, y con el valor actual del Bitcoin, solo las 80 monedas que anunció Bukele el 1 de julio (lo que sería la última compra conocida a la fecha) estarían generando ganancias al país, pues estas fueron compradas a un precio promedio de $19,000, sin embargo, no compensan las pérdidas pues el mayor volumen de compra de bitcoins fue realizado entre septiembre y octubre de 2021, con costos que oscilaron entre los $47,000 y los $60,000.
Gasto ha sido cuestionado
Más allá de las pérdidas que experimenta el país por haber destinado más de $100 millones en la compra de esa criptomoneda, la implementación de la Ley Bitcoin en general ha sido ampliamente cuestionada desde distintos sectores, tanto dentro como fuera del país.
Hace exactamente un mes, el economista sénior del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), Ricardo Castaneda, señalaba que más que pérdidas, el destinar fondos públicos para la compra de bitcoins e impulsar la ley representa un costo de oportunidad, lo que se traduce en que el gobierno está dejando de invertir fondos en áreas prioritarias para enfocarlos en políticas que no son tan necesarias como la Ley Bitcoin.
En este contexto, el economista agregó que ese gasto debería estar enfocado en la prevención de desastres tales como los estragos ocasionados en las últimas semanas por las lluvias torrenciales en distintos puntos del país.
Asimismo, el medio internacional CNBC afirmó en una publicación de principios de julio que el “experimento” del Bitcoin “no está salvando las finanzas de El Salvador”.
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Lo anterior debido a que el país atraviesa una situación fiscal delicada en la que predomina el alto endeudamiento y el elevado riesgo país, algo que ha sido provocado por algunas acciones antidemocráticas del gobierno de Bukele y, de hecho, por la propia Ley Bitcoin, pues luego de su aprobación en junio de 2021, y tras la advertencia que hizo el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre sus riesgos, las calificadoras crediticias comenzaron a bajar la nota para el país, la cual se encuentra en la categoría de bonos basura en la actualidad.
Además, no solo los economistas han cuestionado el fuerte gasto entorno a la Ley Bitcoin, sino también las voces de la denominada oposición política, pues como lo dijo hace algunas semanas la diputada del partido Vamos, Claudia Ortiz, “el presidente debería rendir cuentas”, a la vez que señaló que es necesario que haya más seriedad de parte del gobierno con respecto a las pérdidas por las compras de Bitcoin.
Lo anterior debido a que el presidente Bukele escribió en Twitter a finales de junio que era mejor “dejar de mirar el gráfico y disfrutar de la vida” cuando sucedió el colapso en el mercado de las criptomonedas.
Por su parte, abogados también han advertido sobre la posibilidad de que esas compras de bitcoins sean inconstitucionales y, además, violen la Ley del Presupuesto General del Estado y la Ley de la Administración Financiera del Estado (AFI).
Esto debido a que no se conoce, a la fecha, alguna propuesta de decreto o ley transitoria que le permita al gobierno tomar fondos públicos del Fondo General del Estado para realizar esas compras, pues en el presupuesto del 2022 no se estipulan ese tipo de gastos.
A esto habría que añadirle que se desconoce a nombre de quién está la billetera que almacena esos bitcoins, pues aunque el presidente sea quien anuncie las compras, se desconoce quién las realiza.
